España recibe otro golpe en el Banco Mundial en su batalla legal con la energética Renergy

Renergy es otra de las afectadas que llevó a España ante los tribunales internacionales. La energética, con sede en Luxemburgo, reclamó 152 millones al país después de que el Gobierno de Mariano Rajoy retirara las primas a las renovables del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Una denuncia que se reconoció, pero se limitó a 32,9 millones. España intentó anularlo pero esta semana han desestimado su petición. 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de arbitraje del Banco Mundial, considera que en esta sentencia no se extralimitó en su exigencia de indemnización de 32,9 millones. El CIADI aclara que España era un país firmante del Tratado de la Carta de la Energía cuando aprobó las primas renovables y seguía dentro del acuerdo en el momento en que las retiró. 

Un argumento que defiende que las empresas afectadas tienen pleno derecho para acudir al CIADI, en virtud de dichos compromisos de derecho internacional asumidos por España. El laudo del caso, dictado por el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, se publicó en mayo de 2022 y reconoció a Renergy el derecho a ser indemnizada. 

Sin embargo, España se negó a aceptar este dictamen, pese a haber participado de todo el proceso y al evidente quebranto sufrido por la empresa. El siguiente paso del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez fue poner en marcha un pedido de anulación que ha extendido el proceso hasta agosto de 2024. Aunque la Abogacía del Estado hizo todo lo posible para reivindicar la nulidad del laudo y defender que el CIADI no puede juzgar un asunto como este. 

10 años de batalla legal

Renergy inició la denuncia en 2014. La empresa acumula diez años de denuncia de lo que considera “inseguridad jurídica” en España. La empresa con sede en Luxemburgo considera se han alterado “las reglas de juego en mitad del partido” y las primas renovables eran retiradas con efectos retroactivos. 

Su causa es idéntica al resto de 50 procedimientos. De todos ellos, 26 cuentan con un laudo final a favor de los inversores, por un monto acumulado de 1.562 millones al que se deben sumar 318 millones en concepto de condenas en costas, intereses de demora, honorarios de abogados y consultores contratados por la Abogacía del Estado.

En total, la factura supera los 1.878 millones de euros y se incrementa a un ritmo cercano a los 100.000 euros diarios. Ante la estrategia del Gobierno español de no pagar ‘ni un euro’, las empresas afectadas han iniciado el registro de los laudos en terceros países, donde han pedido a la justicia que intervenga y tome medidas a su favor. 

Pago o embargo

Los movimientos de los afectados se centran en países anglosajones. Los tribunales de Reino Unido han autorizado cautelarmente la intervención de la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio que ocupa el organismo económico del gobierno catalán ACCIÓ y el inmueble y la propiedad donde se ubica la Escuela Internacional Vicente Cañadas. 

Además, desde Reino Unido se ha notificado el embargo del usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton, donde controla el 51% de la operativa. También se han incautado cuatro cuentas de banco y el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, un pago de más de 900 millones de euros. En Australia, la Corte Suprema ha respaldado también a los denunciantes y ha reconocido plenamente las deudas acumuladas por España, lo que puede precipitar embargos de bienes y activos como la filial de Navantia en el país oceánico.  

Otro golpe para España es que la Justicia de Estados Unidos acaba reafirmar su capacidad de juzgar los impagos de España y tomar medidas de embargo en caso de que sigan produciéndose. Un golpe para el principal ‘clavo ardiendo’ al que se ha agarrado España para no pagar sus deudas con estos fondos y empresas. 

"Situación heredada"

Fuentes del Gobierno insisten a Vozpópuli que está situación se generó debido al cambio de normativa impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Como recuerda, el entonces ministro José Manuel Soria defendió que era una medida en la “buena dirección” aunque asumía que iba a dejar a muchos promotores “colgados”.

"Ante esta situación heredada, el Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado medidas adecuadas para compensar las políticas del anterior Ejecutivo y está defendiendo los intereses del país", explican fuentes gubernamentales. Sus datos apuntan a que España ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores internacionales, sobre reclamaciones de 10.635 millones, las indemnizaciones reconocidas ascienden apenas a 1.500 millones.

Esto es "gracias a la aprobación de medidas compensatorias, entre las que figura la norma aprobada por el actual Gobierno en 2019 para garantizar a las plantas afectadas una rentabilidad del 7,4% hasta 2031, se han frenado radicalmente las reclamaciones y las indemnizaciones siguen una tendencia descendente", concluyen desde el Gobierno. Mantendrán su estrategia y las empresas no censarán en su intento de cobrar.