El sector energético vive con normalidad recurrir a los tribunales si una ley, una reforma o un cambio regulatorio no le resulta favorable. Y la Administración cuenta con ello. “Hay cierta deportividad”, comentan desde un despacho con grandes clientes del sector. Esta batalla dialéctica y jurídica entre empresas y legisladores vive su momento más intensos. Un escenario incómodo a pocas semanas de asumir la Presidencia del Consejo de la Unión Europea con la energía en el foco.
España ejercerá por quinta vez este liderazgo temporal durante el segundo semestre de 2023, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Un mandato que le convierte en el anfitrión de las reuniones más relevantes de la Unión. La energía será, sin duda, uno de los asuntos más importantes del semestre con un nuevo invierno donde hay que asegurar el suministro, sin Rusia, y contener los precios, con China volviendo a la actividad. Sin olvidar los retos de la descarbonización en el medio y largo plazo.
“Pedro Sánchez y Teresa Ribera cuentan con reconocimiento en Europa sobre esta materia”, apuntan desde uno de los bufetes que participan en recursos contra sus políticas energéticas. “El problema es que da mala imagen tener colas y varios frentes abiertos en los tribunales con eléctricas, gasistas y petroleras que tienen mucha presencia en el tablero europeo”, añade.
El asunto que más tensión genera es el gravamen temporal por los beneficios extraordinarios, el famoso ‘impuestazo’. Empresas como Iberdrola, Endesa, Repsol, Naturgy o Cepsa iniciaron actividades legales en febrero con el primer pago de este gravamen. Según explican sus asesores legales a Vozpópuli, es indiscutible que el impuestazo es, sobre todo, discriminatorio. Sin ir más lejos, recuerdan que en 2022 se tumbó la financiación del bono social por ser "discriminatoria".
Existe cierta sensación por parte de las empresas de ‘traición’ en este último tramo de legislatura
Y esa es la vía que van a atacar desde las empresas para poder recuperar los 3.400 millones que van a entregar en estos dos años a las arcas públicas. Las empresas dan por hecho que van a ganar en su recurso y van a hacer todo el ruido posible para que se sepa en España y Europa.
“Existe cierta sensación por parte de las empresas de ‘traición’ en este último tramo de legislatura”, comentan desde el sector. “Se arrancó en 2018 con una gran relación y un consenso en la senda de descarbonizar la economía con el PNIEC. Pero, conforme se ha ido regulando en plena crisis de precios y suministro, se ha abierto una brecha que sólo se puede zanjar en los tribunales”, apuntan.
Renovables a los tribunales
Precisamente, la senda verde y las renovables está provocando un choque entre el Gobierno y las empresas, tanto grandes como pequeñas. El 25 de enero se anunció ‘una guillotina’ regulatoria para aquellos proyectos que sólo tenían autorización administrativa, el primer paso para instalar una planta renovable, y no habían obtenido el segundo hito, la conocida Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
El Gobierno quería evitar la especulación en el sector retirando la autorización a aquellos que no tuvieran la DIA. Un total de 154 expedientes lograron este segundo paso, 36 fueron rechazados y 12 archivados. El Gobierno, ahora, da hasta el 25 de junio a aquellos proyectos que van por buen camino logren el tercer y cuarto paso, la autorización administrativa previa y de construcción.
“El atasco y los problemas burocráticos están provocando un daño patrimonial que la única forma que encontramos las empresas del sector para recuperarlo es a través de los tribunales”, explican. Las pequeñas empresas o promotores tienen más miedo a esta actividad litigiosa, porque es cara y necesita un tiempo que no tienen sus equipos. “La derrota en el Tribunal Supremo cuando se recurrió la modificación del régimen económico de 2013 de las energías renovables no se olvida”, explican estos abogados.
El atasco y los problemas burocráticos están provocando un daño patrimonial que la única forma que encontramos las empresas del sector para recuperarlo es a través de los tribunales
El otro frente de los productores de energía solar y eólica junto con la nuclear y la hidroeléctrica, los llamados inframarginales, se puede abrir en los próximos meses. El Gobierno limitó a 67 euros el megavatio hora el 16 de septiembre, como medida excepcional por los altos precios del gas, para los contratos bilaterales a largo plazo entre productores y consumidores de electricidad, los llamados PPA (Power Purchase Agreement).
Una decisión que extendió desde marzo de 2022 hasta diciembre de 2023. Bruselas ‘copió’ esta medida pero con un límite de 180 euros y que durara hasta este mes de marzo. Las eléctricas que operan este tipo de plantas consideran que este límite de precio no se adapta a la normativa europea, por sus claras diferencias, y que vuelve a ser discriminatorio porque castiga a un tipo de tecnología frente a otras. Por lo tanto, la vía judicial vuelve a abrirse para ellos para defenderse de lo que, según estas empresas, es una “injusticia”.
Enfado en la industria
Los grandes consumidores de energía también sienten la necesidad de defenderse de las medidas del Gobierno. Las compañías industriales con cogeneración preparan con sus asesores reclamar daños y perjuicios en el Tribunal Supremo porque consideran que han sufrido un trato discriminatorio.
Patronales como Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha reclamado a la Comisión Europea la discriminación que sufren por la “excepción ibérica” frente a las grandes eléctricas. Por otro lado, este tipo de consumidores consideran que la retribución que han recibido ante la subida de los precios de la energía ha sido insuficiente para mantener su negocio. La única solución para recuperar lo perdido es, y será, los tribunales.
Hachazo a las redes
Uno de los temas más sensibles para los grandes grupos eléctricos es la revisión que tiene abierta de lo que han ingresado entre 2017 y 2021 por su negocio de distribución. Y, como no, tendrá su capítulo jurídico. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que asume esta tarea desde que el Ministerio para la Transición Ecológica le cediese el título de regulador en la materia, revisa euro a euro los ingresos de las compañías por esta vía. Y, como esperan desde el sector, se cerrará la investigación reclamando que se devuelvan grandes cantidades y con una nueva batalla en los tribunales como respuesta.
La CNMC revisa que las empresas hayan cobrado por distribuir electricidad lo indispensable para que no les salga a pérdidas y no eleve la factura de los consumidores. El regulador comprueba si todos los costes asociados a esta actividad han sido indispensables en estos cinco ejercicios.
Una investigación sobre unos ingresos estables y ya cobrados que abre un escenario de riesgo para las empresas. “Las energéticas y sus servicios jurídicos consiguen victorias puntuales que les permite compensar todas las que pierden por el camino”, explican desde otro despacho que prefiere no ser mencionado. “No diría que existe más litigiosidad este año que otros, son diferentes pleitos que tal vez son más mediáticos”, apuntan.
Los expertos en la materia considera que, mientras siga habiendo una producción normativa tan elevada, los recursos serán constantes. "La idea de que las empresas ganan más de los que les corresponde y que se busque frenar con la regulación es trabajo asegurado para todos los abogados que nos dedicamos a este sector", concluyen desde uno de los principales bufetes de Madrid.
