El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) considera que la normativa nacional en materia de despido (con una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 meses) no cumple con la Carta Social Europea, e insta al Gobierno a reformarla.
Da así la razón al sindicato UGT, que denunció en 2022 que el actual sistema de despido en España (con una indemnización que se redujo de 45 a 33 días por año trabajado en la reforma de 2012) no cumplía con el texto, pese a que PSOE y Sumar prometieron hacerlo en su programa. El CEDS admitió a trámite la reclamación el 3 de octubre de 2022.
La resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa fue remitida al Consejo de Ministros y se hará pública el próximo lunes 29 de julio. Según ha avanzado este lunes UGT en rueda de prensa, abre la puerta a eliminar el tope de dos años o a "elevarlo significativamente".
El sindicato también pide que establezca un mínimo de indemnización de 6 mensualidades para que "el precio de la indemnización impida que al empresario le merezca la pena despedir". Según ha trasladado el sindicato, las indemnizaciones medias en el país por un despido injusto está alrededor de 9.000 euros.
"Esto no tiene ningún carácter ni disuasivo, extinguir un contrato de trabajo sale demasiado fácil", ha denunciado el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján. "Estamos ante una resolución histórica que va a cambiar el concepto que se ha mantenido en la legislación española", ha sentenciado Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
UGT pide adaptar la indemnización por despido al trabajador
Además, UGT cree que las empresas no deben conocer de antemano el coste del despido y reclama que las indemnizaciones se formulen en función de características de los trabajadores, como la situación económica, las posibilidades de empleabilidad en función de su localización, la formación, la edad, los hijos, la vivienda, o los riesgos de vulnerabilidad por discapacidad o violencia machista.
Sobre la forma en que el Gobierno puede trasladar esto a la legislación española, desde el sindicato aseguran "los tratados internacionales, en función de la Constitución, forman parte del ordenamiento jurídico interno desde el momento en el que se suscriben, por lo que no entra dentro de lo opinable respetar a lo que nos hemos obligado jurídicamente".
Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT, ha recordado que "la decisión no es una recomendación, dice que España viola el artículo 24 de la Carta Social Europea" y "ya hay sentencias que están aplicando la Carta Social Europea para adaptar las indemnizaciones por despido".
"Tenemos previsto que a corto plazo no haya un cambio legislativo y, por tanto, aquellas personas que sean despedidas en los próximos días y que lo estimen oportuno y se pasen por nuestros servicios jurídicos, vamos a poner nombres y apellidos a esas causas individuales", ha dicho Pepe Álvarez.
Sobre el papel el Gobierno se ha mostrado más alineado con la patronal (en las alegaciones a la demanda presentada por UGT defendía que es "adecuada" y cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea al ser "resarcitoria" del daño causado y "disuasoria"), pero públicamente Díaz ha criticado en varias ocasiones que "el despido en nuestro país es demasiado barato".