El Grupo Actividades de Construcción y Servicios salva in extremis el proyecto de la Ciudad de la Justicia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y ello, después de que la otra gran interesada, Fomento de Construcciones y Contratas, desistiera finalmente de pujar.
Con el apoyo de Acciona, la compañía encabezada por Florentino Pérez ha liderado la única oferta para activar la gran promesa del Gobierno Ayuso en materia de infraestructuras de la Legislatura que vence en mayo y la mayor concesión pública a concurso en España. Resta que la Comunidad de Madrid se cerciore de que todos los pasos se han seguido correctamente y la oferta reúne los requisitos.
Según fuentes consultadas por este diario, la oferta se estaba ultimando a falta de dos horas para que expire el plazo. Y es que, como ya anticipaban fuentes del mercado a este diario, ACS era el único grupo que se mostraba capaz de asumir la obra en las actuales condiciones, pero no sin un importante esfuerzo financiero. "Se lo llevará ACS o no será", afirmaba a este medio el directivo de una de las mayores concesionarias del país.
La rentabilidad es la principal cuestión que han opuesto las principales interesadas, al igual que la decena de empresas y fondos que ya habían quedado por el camino, en plena subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo.
A ACS y FCC apuntó la CAM con la única gran modificación que pudo hacer al proyecto original dentro del período ya negociado sin publicidad: permitir la subcontratación de la seguridad
El proyecto precisa 507 millones de euros de inversión a cambio de una promesa de ingresos de 2.000 millones en 40 años para la concesionaria. La Comunidad de Madrid ha ofrecido financiación en hasta un 50% del Banco Europeo de Inversiones, lo que no impidió que el proyecto quedara desierto en la fase abierta. Tras ella, como informó este diario, la puja se redujo a ACS y FCC.
Una modificación para atraer a ACS y FCC
A estas dos empresas apuntó la CAM con la única gran modificación que pudo hacer al proyecto original dentro del período ya negociado sin publicidad: permitir la subcontratación de la seguridad, tal y como reclamaban como "esencial" las compañías encabezadas por Florentino Pérez y Slim.
El grupo que encabeza el presidente del Real Madrid llegó a solicitar que se blinde la duración de 40 años del proyecto. Y ello, dado que el pliego no cierra la puerta a una rescisión unilateral del contrato por parte de la Administración una vez el concesionario recupere la inversión (algo previsto a partir de la anualidad 28).
Desde la constructora controlada por el mexicano Carlos Slim aseguraron estar "haciendo números" hasta horas antes de que venza el plazo. Durante el concurso, habían solicitado modificar el sistema de revisión de los precios que pagará la CAM por entender que no recoge debidamente la evolución potencial de los costes laborales.
Terminar la obra la próxima Legislatura
"Con lo de la seguridad se les despejó un escollo que decían que iban a tener", remarcaban fuentes gubernamentales tras más de dos años de tramitación bajo la tutela del consejero de Justicia y recientemente desafiliado del PP, Enrique López.
El horizonte del Ejecutivo madrileño es que su gran proyecto de infraestructuras esté terminado antes de que acabe la próxima Legislatura. Esta intentona no es la primera pero sí más modesta que la iniciativa ya frustrada de Esperanza Aguirre en 2004.
Ayuso promete reunir en un mismo enclave de 375.000 metros cuadrados las actuales 28 sedes judiciales de la Comunidad. Según los cálculos de sus técnicos, la obra podría acabar reduciendo en más de un 25% el presupuesto destinado al mantenimiento de infraestructuras judiciales, de 72 millones anuales a unos 49,35 millones.
