El fondo que embarga activos a Aena pide a EEUU vía libre para atacar más bienes del Gobierno

España sufrió un duro golpe hace una semana en los tribunales de Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia anunció su autoridad para hacer cumplir al Gobierno las deudas pendientes de cerca de 1.300 millones de euros por la retirada de las primas a las renovables en 2013. Y los fondos e inversores beneficiados por esta decisión han tardado pocos días en mover ficha. 

Uno de los fondos más beligerantes es Blasket Renewable Investments. Esta firma de inversión estadounidense ha notificado “respetuosamente” al tribunal federal de Estados Unidos que se ha rechazado la defensa de España en el tribunal de apelaciones de Columbia y que tiene potestad para ejecutar estos laudos. Esta firma de inversión estadounidense activa esta vía de presión y se presenta como la parte interesada del laudo de NextEra, el mayor generador de energía solar y eólica de Estados Unidos que vendió su reclamación de 290 millones a este inversor. 

Blasket ya era dueño de la causa de AES Solar Energy, valorada en 26,5 millones. Este rival de España asegura que ahora es su turno para “denegar la petición de desestimación de España” y “proceder a dictar sentencia”. Este inversor alega que el convenido del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, a comprobar la autenticidad de la sentencia y hacer cumplir “las obligaciones” impuestas por el laudo. 

Un frente con Aena

Esta firma de inversión es una de las más ‘ruidosas’ dentro de los 26 laudos pendientes de pago que tiene España, fruto de las indemnizaciones a los inversores en renovables valoradas en más de 1.300 millones de euros. Los últimos movimientos han afectado a Aena, empresa participada al 51% por Enaire, sociedad pública. 

El pasado mes de julio, los tribunales de Bélgica decretaron el embargó de las transferencias que la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), realizadas por Enaire por la recaudación de las tasas de ruta y terminales. En principio, la indemnización fue valorada en 32 millones por el Ciadi, aunque unos días después el tribunal de Bruselas lo elevó a 83,7 millones de euros. Un proceso que se inició por la reclamación de Blasket Renewable Investments. 

Un mes después, el Reino Unido autorizó de forma cautelar el embargo del derecho de usufructo que ostenta Aena sobre el aeropuerto de Luton, en Londres. Una medida compensatoria en relación con el laudo que obliga a España a indemnizar a la compañía estadounidense NextEra con un pago que ronda los 300 millones de euros.

Blasket Renewable Investments también busca cobrar esta deuda a través de un bono de deuda valorado en 237 millones de euros (unos 200 millones de libras esterlinas). El título en cuestión vence en 2029 y, debido al procedimiento de default técnico, España puede verse obligada a saldar los pagos pendientes de inmediato.

En efecto llamada

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia rechazó la inmunidad soberana alegada por España en los procesos procesos de NextEra, 9REN y AES. Un efecto llamada para que inversores como Blasket puedan reclamar allí el cobro o actuar medidas el embargo de bienes soberanos del Reino de España.

El CIADI ya había dictaminado que España había incumplido el Tratado de la Carta de la Energía que firmó en 1994. El país debe proteger las expectativas legítimas de estos inversores procedentes de países firmantes de esa Carta que tomaron sus decisiones de inversión en base a unas primas que puso en marcha en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. NextEra y el resto de energéticas buscaron todas las vías legales cuando en 2013 el Ejecutivo de Mariano Rajoy retiró todas estas primas y retiró uno de los principales incentivos de inversión. 

El plan de España es no pagar ni un euro. La estrategia de la Abogacía del Estado y sus asesores externos es agarrarse a que la Comisión Europea les ordena no pagar ninguna indemnización. Bruselas tiene abierta una investigación que pretende dictaminar si estas primas constituyen ayudas de Estado y vulneran los Tratados de la Unión Europea, donde están establecidos los fondos demandantes.