El Gobierno avanza en su compromiso con Bruselas de pagar por el uso de las autovías. Una iniciativa para la que planea crear una empresa pública, similar al modelo de Aena, para que esta recaudación tenga un carácter finalista que sirva tanto para la conservación de las infraestructuras como para la financiación de la transición energética en la movilidad por carretera.
Este organismo público dependería del Ministerio de Transportes para gestionar de forma autónomas las tarifas de los peajes, como explican fuentes cercanas al Gobierno. Una vía que permite al organismo que actualmente lidera Raquel Sánchez retener los fondos que genere este actividad en esta empresa y no entregarlos en forma de tasas al Ministerio de Hacienda.
Los estudios que ya se manejan tanto en Transportes como en los ministerios económicos de Pedro Sánchez también plantean la posibilidad de gestionar estos peajes a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT). Esta sociedad, que se encarga de presidir el secretario General de Infraestructuras, se encarga de la gestión y control de la construcción de las infraestructuras del transporte de titularidad estatal.
Transportes asegura, tras la consulta de Vozpópuli, que "en ningún caso hay estudios avanzados" sobre estas dos opciones. La alternativa que pierde fuerza para el Ejecutivo es entregar la gestión del cobro a un operador privado vía concesión. Según insisten las mismas fuentes, el propio Gobierno considera que la puesta en marcha de esta medida será controvertida y se acrecentará si se interpreta que empresas como ACS, Ferrovial, Sacyr o FCC se están beneficiando de la implantación de los peajes.
El Gobierno había recibido estudios privados que cifraban en 40.000 millones de euros los ingresos públicos que generaría la vía de la concesión en los próximos 30 años. Desde Seopan, la patronal que integra a grandes empresas del sector como ACS y Ferrovial, llevan años defendiendo que los peajes en autovías y autopistas podrían generar al año 12.649 millones de euros. Eso sí, si la operación y conservación de estas vías se pusiera en manos del sector privado. Pero esta opción, de momento, parece descartada.
Reunión de los ministerios económicos del Gobierno
La próxima semana se reúne la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la comisión que aglutina a todos los ministerios económicos. El Ministerio de Transportes presentará en ella su Informe sobre la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, según ha podido saber este medio. Un plan donde el pago por uso de las autopistas tiene un claro protagonismo.
La Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 señala que, actualmente, solo el 8 % de la red del Estado (que corresponde a las autopistas de peaje) se financia con cargo al usuario de la vía, tendiendo a descender esta cifra por el próximo fin del plazo concesional de varias autopistas. "Por lo tanto, en el 92% de la red de carreteras del Estado es difícil asegurar el cumplimiento de los principios de “quien contamina paga”, ni del "el usuario paga", destacan.
"Sería deseable que se estudien las alternativas al modelo actual para gestionar y financiar la red de carreteras del Estado, al menos las infraestructuras de alta capacidad (autopistas y autovías) y principales carreteras convencionales, que concentran la mayor parte de la movilidad", comenta este informe.
Dos objetivos de los peajes
El Gobierno pretende con este plan conseguir dos objetivos. Por un lado, “la internalización de los costes de mantenimiento y explotación de la infraestructura y de los costes externos sociales y medioambientales, para lo que sería necesario realizar previamente un análisis de la fiscalidad del transporte por carreteras”.
El otro logro que pretende es que “los órganos gestores de las carreteras” cuenten con “fuentes de financiación finalistas” para asegurar la adecuada conservación de nuestro patrimonio viario, independientes de los ciclos presupuestarios públicos. Dos metas que lograría tanto con la recaudación de los peajes con una nueva empresa pública como con su gestión con la SEITT.
