Crecen los nubarrones en el horizonte de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda pierde peso político a marchas forzadas en la coalición de Gobierno. Y está a punto de fracasar con su ¿último? golpe de efecto: la reducción de la jornada laboral.
Fijar por ley las 37,5 horas semanales de trabajo no era sólo una medida 'estrella' para la ministra de Trabajo. A largo plazo, la reducción de la jornada debía erigirse como el gran legado de la politica gallega. A corto, suponía un auténtico salvavidas para mantener el liderazgo de la izquierda.
La ansiedad por sacarla adelante explica la gira urgente por Cataluña que ha protagonizado esta semana. A la vista del no rotundo de CEOE en Madrid, Díaz ha intentado recabar in extremis apoyo en las patronales catalanas: desde la mayor (Foment), hasta las más pequeñas (como Pimec o Compymes). Pero, por encima de todo, el acercamiento al empresariado catalán escondía un grito de socorro a Junts. La formación que lidera Carles Puigdemont se alaza como último asidero para la presidenta, que da por perdido al PNV y, por tanto, no suma los votos necesarios para sacar adelante la reducción de la jornada en el Parlamento.
La iniciativa va encaminándose al fracaso. Así pues, a Díaz le quedan sólo dos méritos que lucir en su currículum de ministra. El primero es la reforma laboral, polémica por el maquillaje estadístico que ha supuesto la figura contractual de los fijos discontinuos. El segundo es la subida acelerada del salario mínimo interprofesional, cuyo impacto en el empleo ya han empezado a medir algunos 'think tanks'.
Freemarket Corporate Intelligence es uno de ellos. El equipo que lidera Lorenzo Bernaldo de Quirós acaba de difundir un informe titulado España no es país para jóvenes. Partiendo de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), concreta en qué tramos profesionales y de edad se concentra la mayoría de los trabajadores perciben el salario mínimo.
Beneficiarios del SMI
Lo cobra el 31,7% de los menores de 24 años y el 19,2% de los trabajadores de entre 25 y 34 años. Es decir, la mitad de los beneficiarios del SMI en España son jóvenes menores de 35. Por sectores, lo percibe el SMI casi la mitad de los trabajadores del campo (46,7%) y un 14,5% de quienes trabajan en los servicios. El porcentaje es muy inferior en la industria (8,7%) y la construcción (3,8%).
Según el informe, si se toma como muestra el periodo 2018-2023, España es el segundo país de la OCDE en donde más ha crecido el SMI en términos reales, solamente superado por Lituania (con una tasa de paro del 6,3% y del 11,7% en el caso de los jóvenes). En esos cinco años -siempre en términos reales-, el salario mínimo en nuestro país ha subido un 30,2%, y un 40% si se tiene en cuenta el incremento de 2024, "el doble que en Alemania, tres veces más que en Japón o seis veces más que en Francia".
El gran problema de España, según Freemarket, es que la escalada del salario mínimo se produce sin una mejora paralela de la productividad, quizás el principal talón de Aquiles actual de la economía. "Un SMI cada vez más alto se traduce inexorablemente en unas cotizaciones sociales soportadas por las empresas también más altas y ello es imposible que no tenga un impacto negativo sobre el binomio empleo-paro", señala el informe.
El gran problema es que la escalada del SMI se produce sin una mejora paralela de la productividad, quizás el principal talón de Aquiles actual de la economía
El aumento de la productividad del factor trabajo evitaría los daños colaterales que acarrea la subida del SMI. A saber, la elevación de los costes laborales unitarios acaba dañando la competitividad de las empresas y, posteriormente, la creación de empleo. "Por desgracia, esto no ha ocurrido en España. En los últimos seis años, el SMI ha crecido un 54,1% mientras la productividad ha experimentado una de las mayores caídas de la historia", lamenta el equipo económico de Freemarket.
Por esta razón, son los colectivos que más perciben el SMI -unos cinco millones de ocupados- los más vulnerables en un escenario como el actual. El 'think tank' hace una proyección en base al crecimiento del empleo y de la población, y llega a la conclusión de que, hasta 2022, se habrían dejado de crear 321.987 puestos de trabajo. A la cabeza de los afectados estarían los jóvenes, potenciales beneficiarios de una de las medidas estrella de la coalición de Gobierno. La falta de un clima óptimo para la actividad empresarial ha acabado convirtiendo una solución en un problema.