Nadia Calviño gana tiempo y ha convocado a las patronales y a las principales entidades bancarias el viernes para trasladarles un primer mensaje sobre el impuesto a la banca que anunció Pedro Sánchez por sorpresa hace justo una semana. El Gobierno busca contrarreloj concretar unas líneas maestras sobre este impuesto, que ha cogido a Hacienda con el pie cambiado mientras trataba de cerrar el impuesto a las energéticas.
De hecho, el Ministerio se enteró horas antes de que Sánchez impondrá este impuesto y la Agencia Tributaria tuvo que preparar una estimación de recaudación ad hoc para vestir la medida.
Se esperaba de forma inminente el registro en el Congreso de la proposición de ley que crea el impuesto a las energéticas, pero la irrupción del impuesto a la banca retrasa el trámite y las fuentes conocedoras consultadas creen que se hará en septiembre.
No está claro que los dos impuestos se incluyan en la misma proposición de ley pero sí se quiere, si no es así, que se tramiten en paralelo, trasladan fuentes de Hacienda, que apuntan que se va a intentar que el texto o textos legales se registren en julio, pero admiten que es factible que sea en septiembre.
El viernes Calviño conocerá los mensajes que va a trasladar el Banco Central Europeo (BCE) el jueves, día en el que además de anunciar la primera subida de tipos, dará directrices por su política monetaria en otoño y sobre el mecanismo para frenar la escalada de las primas de riesgo y su condicionalidad.
La primera alza de tipos el 21 de julio situará el precio del dinero en el 0,25%. La segunda llegará en septiembre, y se estima que sea de hasta el 0,75%. A partir de ese momento, según cómo evolucione la inflación, se producirán nuevas subidas en un intento de situarse cerca del 2% que ha estipulado el BCE.
Las líneas maestras del BCE también permitirán cerrar el techo de gasto, que el Gobierno prevé aprobar el martes 26 de julio, como pistoletazo de salida de la tramitación de los Presupuestos de 2023.
Los nuevos impuestos se tramitarán en paralelo a las Cuentas. Aunque el Gobierno ha dejado la puerta abierta a que se pudieran aplicar en 2022, basta con que estén aprobados antes del 31 de diciembre para que entren en vigor en 2023 pero puedan gravar beneficios de 2022.
Todo ello, si se sigue el guión. Carlos Ocaña, director general de Funcas, ve "dudoso" que los nuevos impuestos anunciados la semana pasada "vayan a estar ahí", es decir, vayan a entrar en vigor, y ha aludido este lunes al recorte de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, que finalmente no lo ha hecho.
El impuesto a las energéticas se mira en el espejo del italiano, en vigor desde abril, y ha sido anunciado por otros Estados miembros. Quiere gravar los beneficios extra por el alza de los precios de la energía en 2022 y 2023, saldo al que se llegará a partir de las operaciones del IVA.
Asimismo, este impuesto no será deducible en Sociedades y se vigilará que las empresas no lo repercutan en los consumidores a través de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), como adelantó Vozpópuli el 12 de julio, lo que también se prevé para el impuesto a la banca.
La comisaria de Justicia, Vera Jourova, ha señalado que Bruselas ve con buenos ojos que los Estados miembros adopten este tipo gravámenes, pero ha advertido de que con carácter "excepcional" y siempre que sean diseñados "con cuidado para evitar que generen distorsiones indeseadas del mercado y desincentiven inversiones en energías renovables".
Los problemas del impuesto a la banca
La dificultad a la que se enfrenta el impuesto a la banca es la falta de precedentes y la multitud de gravámenes que ya tiene el sector en España. Nadie grava en la UE los beneficios extra por la subida de tipos que se va a anunciar el jueves que viene. Hungría anunció a finales de mayo que gravaría a grandes empresas, entre ellas, a eléctricas y bancos.
Llueve sobre mojado para el sector financiero, al que el Gobierno ya ha cargado, además del Impuesto sobre Sociedades, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas y la 'tasa Tobin'. A los que se suma la tasa a depósitos bancarios que pagan las entidades a las comunidades autónomas. Un sector que ha acabado hace poco un proceso de ajuste por las pérdidas de la crisis financiera y de beneficios bajos, en el que ha realizado ajustes de calado en forma de ERE muy voluminosos y cierre de sucursales, además de la resolución de Popular, el quinto banco español.
Ni siquiera se ha esperado a ver qué directrices puede dar el Banco Central Europeo (BCE), que según 'Financial Times', aunque reacio a impuestos específicos a la banca, sí sopesa ahora posibles fórmulas para impedir que los bancos se aprovechen de los beneficios millonarios por la subida de tipos.
El Gobierno no tiene claro de momento cómo gravar los citados beneficios extra por la subida de tipos que anunció Pedro Sánchez. Una de las posibilidades que se estudia, según ha avanzado El País y confirma Hacienda, es gravar intereses y comisiones un 5%, como pretendía un impuesto a la banca que analizó el FMI en la crisis financiera pero que nunca se aplicó.
Sobre esta posibilidad, fuentes bancarias apuntan que ya está gravada en Sociedades y advierten de una oleada de pleitos por doble imposición y discriminación.