No ha llegado a 700 millones de euros la aportación de la Comunidad de Madrid y de Andalucía al Impuesto de Patrimonio. La Agencia Tributaria (AEAT) ha publicado este jueves los datos de cierre de campaña de Renta y Patrimonio de 2023. Se han contabilizado casi 228.000 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar ha alcanzado los 1.911 millones de euros, 682 millones más que los que se ingresó en la campaña anterior, la de 2022, con 1.229 millones.
El Impuesto sobre el Patrimonio recaudó 1.352 millones en 2021, últimos datos cerrados disponibles. En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez impuso el impuesto a grandes fortunas, tributo estatal creado para obligar a las comunidades que lo tenían bonificado a reinstaurarlo o a subir en todo caso la imposición patrimonial, especialmente dirigido contra Madrid y Andalucía. Este impuesto calca Patrimonio, pero sólo se hace efectivo si una comunidad lo tiene bonificado, y a diferencia de Patrimonio, lo ingresa el Estado y no la región.
El impuesto se presentó como temporal para 2022 y 2023, pero finalmente se ha hecho permanente, para lo que ha ayudado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que el pasado noviembre lo avaló y desestimó en primer lugar el recurso de la Comunidad de Madrid.
A continuación, Madrid y Andalucía anunciaron que reactivaban Patrimonio en 2023 para evitar que el Estado se lleve esta recaudación en grandes fortunas. La Campaña de 2023 que acaba de finalizar ha sido la primera para ellas.
Llama la atención que el número de declarantes esta campaña y la anterior, la de 2022, sea casi el mismo, algo más de 228.000 la anterior y algo menos de 228.000 en ésta. Se esperaba que la reactivación del impuesto aflorara contribuyentes en Madrid, ya que hasta ahora la obligación de declarar era sólo informativa y muchos no lo hacían.
En la campaña de Patrimonio de 2021 se registraron más de 230.500 declaraciones y el importe a ingresar alcanzó los 1.328 millones.
Fuentes de la AEAT apuntan que ese efecto de aflorar contribuyentes de Madrid sí se ha producido, para lo que hay que fijarse en los datos sólo de Madrid y centrarse en la Campaña de 2022, cuando más debería notarse, por tener entonces la nueva obligación de presentar grandes fortunas, para lo que era obligado declarar poco antes Patrimonio. En la Campaña de 2022, a cierre de año 2023, con extemporáneas, se presentaron más de 23.000 declaraciones en Madrid. En la Campaña de 2021, a cierre de año 2022, unas 20.000.
Con todo, Hacienda detalló que en 2022 había 23.000 contribuyentes potenciales del impuesto a grandes fortunas, y finalmente presentaron declaración 12.010. Los 12.000 que faltaron eran madrileños. Dos fueron los motivos por los que estos ciudadanos que deberían haber pagado el impuesto no lo hicieron: el desconocimiento y la rebeldía. Hace un año la declaración coincidió con la campaña electoral de las elecciones generales del 23-J y asesores trasladaban que había contribuyentes que no lo iban a pagar como protesta contra el Gobierno y a la espera de que ganara el PP y suprimiera el impuesto.
Buena parte de estos casi 700 millones que ha recaudado Patrimonio cabe atribuirlos a Madrid. Pero se quedan por debajo de los más de 1.000 millones que Hacienda atribuía a Madrid en este impuesto. Antes de bonificar Patrimonio, Andalucía recaudaba 95 millones, y además ahora ha permitido elegir entre ingresarle Patrimonio o pagar grandes fortunas al Estado.
La reactivación en Madrid no aporta mucho porque ha calcado grandes fortunas y éste es más suave en los tramos inferiores, con tipos como en Cataluña se recaudaría más. "Lo que se ve es que al final la parte de abajo del impuesto es la que más recauda. Es un ejemplo de libro de texto. A lo que se añade que buena parte del potencial recaudatorio se pierde con la exención de la empresa familiar. Muchas grandes fortunas están en Madrid pero una parte importante del Ibex se beneficia de la exención de la empresa familiar", reflexiona Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos (Debate, Penguin Random House).
"El IBI es el gran impuesto a la riqueza, que recauda cerca de 14.000 millones", remacha.
Recaudación anecdótica
La recaudación del impuesto de grandes fortunas, cuya campaña está en curso ahora en julio, va a ser anecdótica, advierte De la Torre. El pasado septiembre Hacienda informó de que el impuesto a los ricos había recaudado en su primer ejercicio 623,6 millones de los 1.500 previstos. Este roto se debió al error del Fisco en la configuración de la cuota con las prisas para que entrara en vigor de forma exprés y retroactiva en 2022.
Y en su segundo ejercicio, se esperaba ya que el desempeño del impuesto fuera pobre, incluso aunque Madrid y Andalucía no hubieran reactivado Patrimonio. Tenía su mayor potencial recaudatorio en 2022 porque se lanzó con efecto retroactivo y sin avisar y no daba tiempo a prepararse. En 2023, en cambio, los asesores consultados dan cuenta de que se ha planificado con cuidado.
De los 623,6 millones ingresados en 2023 de la campaña de 2022, Hacienda detalló que el 95% procedía de Madrid (555 millones), Andalucía (29,7 millones) y Galicia (9,8 millones). También hubo ingresos en Cataluña (2 millones); Valencia (0,2 millones) y Asturias (0,1 millones). Al final 12.010 ciudadanos de los 23.000 que calculaba Hacienda tuvieron que pagar el impuesto sobre la riqueza declarada en 2022. La cuota media a pagar por cada uno de ellos ascendió a 52.000 euros.
El problema de que la recaudación vaya a ser muy reducida es que Hacienda esgrime este impuesto como parte de la reforma fiscal comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación a cambio de fondos UE y que no ha hecho.
Aunque la Comisión está teniendo bastante manga ancha, prometer a Bruselas la creación de impuestos implica que llevan aparejada una recaudación, como ha recordado Belén Palao, abogada que ha elaborado el informe sobre El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que ha presentado la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). "Los impuestos vinculados a compromisos europeos se revisan con mucha exactitud", ha advertido.
El impuesto a grandes fortunas estaba previsto para 2022 y 2023 y a finales de 2023 estaba estipulado que debía analizarse si hacerlo permanente. En declaraciones a los medios en Bruselas en septiembre, Montero se manifestó por primera vez partidaria de que siguiera.
Preguntada por si el impuesto temporal tiene vocación de permanencia, la ministra dijo que se discutiría con las comunidades autónomas el modo de gravar la riqueza y el patrimonio, pero que mientras se buscan las posibles figuras en el marco del debate sobre la financiación autonómica se mantendría.
Luego vino la luz verde del TC y Montero llegó a plantear en privado que ni siquiera era necesario que el impuesto siguiera, una vez que Madrid y Andalucía anunciaron que recuperaban Patrimonio. Si volvían a quitarlo, el Estado siempre podía a su vez reinstaurar grandes fortunas, lo que el Constitucional avaló que puede hacer incluso el 28 de diciembre con efectos retroactivos a enero del año en curso. Tal y como se aprobó en 2022.
