Era uno de los grandes atractivos en torno a la tercera edición de The District, pero no pudo ser. Iñaqui Carnicero, Secretario General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura y amigo personal del presidente Pedro Sánchez, se bajó a última hora, según pudo saber este medio, aduciendo un estado de resfrío y fiebre tras un reciente viaje que le ha impedido asistir a la cumbre de la inversión inmobiliaria en España.
El emergente nexo del sector inmobiliario con Moncloa se había comprometido a impartir una sesión sobre medidas del Gobierno para el impulso de la vivienda asequible, el tema estrella de la edición de este año en Fira de Barcelona. Lo último no impidió que el evento se volviera a ver rodeado, aunque con menor intensidad que en años anteriores, de protestas de grupos activistas y movimientos de izquierda contra los "fondos buitres, bancos y especuladores de todo tipo" que "vienen a la ciudad con más desahucios a hacer negocios".
Un entorno que en su momento despertó fuertes molestias en empresarios nacionales del sector inmobiliario, partidarios de cambiar la sede de la cumbre del Real Estate. La entereza del impulsor y presidente de The District, el barcelonés Juan Velayos, junto con la creciente colaboración del ayuntamiento de Barcelona bajo la Alcaldía del socialista Jaume Colboni han conseguido mantener la cita en la Ciudad Condal hasta consolidarla como el evento de referencia en el sector de la inversión inmobiliaria en España y Europa.
Desde la cartera de Agenda Urbana del PSOE se advertía este jueves de la posibilidad de retirar los fondos estatales para Vivienda a las Comunidades que no apliquen el control de precios de la Ley aprobada en 2023
Lo anterior, sin perjuicio de cierto descontento latente con la situación de Barcelona y con la Administración Pública en general en algunos de los asistentes, en algunos casos, representantes de fondos internacionales especializados precisamente en la promoción de vivienda para alquiler que escasea en los puntos con mayor demanda habitacional de Cataluña y España.
"¿Invertir en vivienda para que me la expropien?", lamentó en una conversación con este medio uno de ellos, que acudió a la sesión abierta en la que se esperaba a Carnicero. "Hay un problema cada vez mayor de oferta y por tanto, la situación irá a peor...Los fundamentales están pero existe también mucha incertidumbre y el Gobierno español no está ayudando", expresó otro de los empresarios, con el foco en la "retórica" del Ejecutivo de coalición de Izquierdas.
Casi en simultáneo, desde la cartera de Agenda Urbana del Gobierno en manos del PSOE se advertía este jueves de la posibilidad de retirar los fondos estatales para Vivienda a las Comunidades que no apliquen el control de precios de la Ley aprobada en 2023. Una alusión velada a comunidades como Madrid, Andalucía o la Generalitat Valenciana, donde gobierna el PP.
La emergencia de la vivienda
La posibilidad de un control de precios nacional levanta ampollas en el sector inmobiliario en particular y el privado en general ante la evidencia internacional que anticipa la reducción de la oferta residencial en alquiler a largo plazo a consecuencia de los menores incentivos económicos.
Una circunstancia que en definitiva acabaría agravando el déficit de vivienda en nuestro país, que el Banco de España ha cifrado en unas 600.000 unidades al cabo de 2025 en virtud de las dinámicas poblaciones y que ha sido puesto de relieve en The District por diferentes proyecciones.
Entre ellas, las relativas a la mayor velocidad de crecimiento de la demanda de vivienda sobre la oferta en el grueso de las principales capitales españolas según el "ULI Spain Living Rental Report" del Urban Land Institute, participado por expertos de la Comunidad de Madrid, la estatal Sareb y de empresas como Aedas, Metrovacesa, Lar, Culmia o Azora además de la asociación de propietarios de vivienda en alquiler (Asval).
La propia Asociación de Promotores de Madrid ha comunicado en Fira de Barcelona haber revisado al alza el número de viviendas que se necesitarán en Madrid hasta el próximo lustro, de 222.000 a 265.000 unidades -por las escasas decenas de miles que se añaden al mercado cada año-, a raíz de las más recientes proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística.