En los años 50 y 60 del Siglo pasado la construcción de presas fue un todo un símbolo de prosperidad económica. Nada visibilizaba mejor la buena salud de la inversión pública, el avance tecnológico y el despliegue de la red energética en España que aquellas gigantescas obras hidráulicas. Unas infraestructuras que cambiaron, además, la vida de las poblaciones cercanas a sus emplazamientos, insuflando un importante empujón a su economía y proporcionando empleo directo e indirecto a sus habitantes. No sólo era la presa, era una lámina de agua donde bañarse, pescar, dar paseos, regar, beber… pero también el lugar donde se gestionan las sequías y las inundaciones y se produce energía local sin emisiones de gases de efecto invernadero.
Más de medio siglo después de su construcción, diferentes motivos han hecho muchas de aquellas presas hayan dejado cumplir las funciones para las que fueron concebidas , como producir energía, lo que obliga a replantarse su futuro. La Unión Europea insta a los países miembros a la retirada de obstáculos artificiales de los ríos para recuperar los ecosistemas fluviales, una recomendación que el Gobierno de España, a través del MITECO, se ha propuesto acatar, al menos en lo que se refiere aquellas instalaciones que son de jurisdicción estatal.
La presa de Los Peñascales
En la localidad madrileña de Torrelodenes, el posible derribo de la presa de Los Peñascales está provocando intensos desencuentros entre la comunidad y las autoridades ambientales. Hace aproximadamente un año, la Confederación Hidrográfica del Tajo notificó al Ayuntamiento de Torrelodones la extinción de su concesión. Desde ese momento, la amenaza de derribo sobrevuela el futuro de una presa que fue levantada en 1955 para abastecer de agua los desarrollos urbanos que se desplegaron en la zona en la época, además de proporcionar riego para la agricultura. Ahora, desde el Ayuntamiento de Torrelodones se trabaja para encontrar un uso alternativo a la presa que evite su demolición, un planteamiento que apoyan diversas organizaciones ecologistas.
Los Toranes y Contreras
Otros casos de candente actualidad son las presas emblemáticas de Los Toranes (Teruel) y Contreras-Marisol (Cuenca), ambas gestionadas en régimen de concesión por Iberdrola. Una vez que la concesión sobre ambas instalaciones ha finalizado, el Gobierno pretende demolerlas y que sea además la eléctrica quien se encargue de ejecutar los trabajos y sufragar sus gastos. Y es que, argumentan para justificar la medida, “su mantenimiento es contrario al interés público y a las condiciones medioambientales”.
Los planes del Ejecutivo se han encontrado, sin embargo, con una fuerte oposición tanto por parte la empresa concesionaria, como de los vecinos de los municipios anejos a la presa y algunos grupos ecologistas. Tanto es así, que la cuestión se encuentra ahora en manos del Tribunal Supremo, quien debe decidir esta semana si falla a favor de los planes de demolición del Gobierno o atiende las peticiones de los demandantes para paralizarlos.
Los planes del Ejecutivo para derribar estas presas han encontrado una fuerte oposición por parte la empresa concesionaria, los vecinos y algunos grupos ecologistas
Parte del paisaje y la cultura locales
En pie desde 1943, la presa de Los Toranes sobre el río Mijares está íntimamente ligada al paisaje, la historia y la cultura de la zona. Frente a quienes consideran que, una vez terminada la explotación hidroeléctrica, la presa ya no tiene utilidad, los vecinos recuerdan que sigue siendo un importante motor económico para toda la comarca. Entre otras razones, aducen, porque la generación de energía no fue su único propósito inicial, sino que también fue diseñada para abastecer de agua para regadío a la agricultura local. Su desaparición sería, por tanto, un ataque frontal a uno de los principales sectores económicos de la comarca de Gúdar-Javalambre.
Además, a los empleos directos que generaba la instalación en sí, hay que sumar una extensa lista de beneficios indirectos, como control frente a inundaciones, protección contra incendios o foco de interés para oportunidades de negocio en agroturismo, actividades que también se verían gravemente afectadas por su demolición.
Una segunda vida para las presas hidroélectricas
La oposición al derribo de la presa turolense ha logrado un inusitado consenso entre las formaciones políticas locales y regionales. Desde PSOE, Vox o Chunta Aragonesista han reclamado la permanencia de la instalación y manifestado su apoyo a vecinos y ayuntamientos afectados. La formación aragonesista incluso ha pedido al Gobierno central buscar fórmulas que eviten el desmantelamiento de una central hidroeléctrica que, señalan, sigue siendo viable como fuente de generación energética en un contexto, además, de crisis y subida de precios de la electricidad. También los consistorios afectados remitieron recientemente una carta al Ministerio Cultura y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para solicitar la apertura de un expediente que proteja el patrimonio industrial de la presa.
Albentosa es una de las poblaciones bañadas por la presa de Los Toranes. Su alcaldesa, Yolanda Salvador, explica a Vozpópuli que no solo su municipio sino toda la comarca se opone tajantemente al derribo. “Vivimos en un entorno privilegiado, pero necesitamos agua y la presa es nuestro mejor recurso para obtenerla. Para el turismo, para el riego de los campos de cultivo, para la prevención de incendios… Sin agua, esta zona morirá", sentencia. Mientras llega la resolución al conflicto, la regente se muestra confiada en que "al final el se encuentre una alternativa para que Los Toranes no tenga que ser demolida”.
Y es que en un escenario en el que las prioridades gubernamentales parecen ser la sostenibilidad y la economía circular (esta misma semana el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones para proyectos de impulso a la economía circular en la empresa por valor de 27 millones de euros), renunciar a dar una segunda vida y/o prolongar el uso de una instalación ya construida y operativa no parece una medida ni sostenible ni circular.
Hasta el Supremo
La controversia sobre el derribo de las presas de Los Toranes y Contreras ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que, según una providencia recogida por Europa Press, tiene previsto pronunciarse próximamente sobre los recursos planteados por la empresa concesionaria a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que impusieron la obligación de demolición de los aprovechamientos hidroeléctricos de ambas infraestructuras tras la extinción de la concesión del aprovechamiento de aguas, y pese a que el título concesional que ostenta Iberdrola Generación prevé la reversión de las instalaciones a la Administración.
Entre las cuestiones que debe dirimir el Alto Tribunal, está si la Administración tiene la potestad de imponer la demolición de las obras e instalaciones a costa del concesionario y la reversión de estas obras siempre y cuando este extremo pueda aplicarse a concesiones otorgadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1290/2012 que modificó el artículo 89 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), en concreto a concesiones otorgadas antes del 21 de septiembre de 2012.
Por el momento, en un recurso de casación planteado por Endesa Generación, en el ámbito de un expediente de transferencia de titularidad de una concesión ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Tribunal Supremo ha resuelto que la Administración está facultada para imponer la obligación de demolición de las instalaciones a las concesionarias en el expediente de extinción de la concesión, con independencia de la fecha del título concesional y que no se previese la demolición en este, siempre y cuando se demuestre que el aprovechamiento hidráulico es inviable y se aporten los documentos e informes que así lo demuestren. Pese a ser el primer pronunciamiento del Tribunal Supremo, no se trata de una solución global aplicable a todos los casos, sino que será preciso ir caso por caso, y realizar el análisis para cada concesión cuya extinción se decida, en atención a cómo sean las resoluciones que acuerden la extinción de una concesión por el transcurso del plazo e impongan al concesionario obligaciones de demolición a su costa de las obras de la concesión.