El Gobierno está aprovechando los fondos europeos para digitalizar los ministerios, incluso los que apenas tienen competencias, en lugar de inyectarlos directamente en la economía productiva para cambiar el modelo de crecimiento. Se comprometió a utilizar las ayudas europeas para transformar y relanzar la economía, mediante un especial apoyo a las empresas y a las pymes. Sin embargo, al menos un tercio del denominado Mecanismo de Recuperación y Resilencia (MRR) se está empleando para transformar la propia Administración Pública.
Según la información de la Intervención General del Estado sobre la ejecución presupuestaria de 2023, el Ejecutivo prevé invertir más de 5.000 millones de forma directa en informatizar los ministerios, para “modernizar y mejorar la eficacia y la eficiencia de la Administración Pública”, según el Plan establecido, y también a las Administraciones autonómicas y locales. Además, ha destinado 1.200 millones a los procesos de transición energética (inversión para reducir el consumo de energía en las infraestructuras y edificios oficiales); otros 3.300 millones ha habilitado a transferencias y libramientos a diversos organismos ministeriales (entre ellos el CNI, el Consejo Superior de Deportes o el Mutualismo de los Funcionarios Civiles del Estado) como ya informó este diario; y otros 3.800 millones ha adjudicado a otras inversiones públicas ‘peculiares’: desde una serie de planes para mejorar los accesos a los ministerios y sus equipamientos, la gestión forestal sostenible o hasta el racionamiento del consumo de productos farmacéuticos.
De esta forma, casi 13.000 de los 36.000 millones de euros de los fondos previstos (los créditos iniciales eran de 28.700 millones) se han destinado directamente a estos departamentos ministeriales. Lo que es evidente es que la mayor parte de todos estos programas, caso de que el gasto fuera necesario, se tendría que haber cubierto con presupuesto ordinario. De esta forma, los fondos de la UE podrían haberse destinado en su práctica totalidad a incrementar, por ejemplo, la inversión pública en infraestructuras, que es el motor de crecimiento de la actividad en épocas de crisis, y a las empresas privadas para aumentar la eficiencia de estas ayudas en la economía.
Todos los ministerios, salvo curiosamente Presidencia, disponen de partidas para incrementar sus procesos informáticos sin que conozca su necesidad. La mayor parte no tiene ventanilla pública ni prestan servicios directos al ciudadano. Entre ellos, aparecen los que han transferido las competencias a las comunidades autónomas: Educación (con 529 millones de fondos europeos); Sanidad (241 millones) o Cultura (72 millones), así como Derechos Sociales (150 millones) o Trabajo (16 millones), Universidades (9 millones) y Consumo (6 millones). Los conceptos de gasto son variados y a veces difíciles de desentrañar. Lo que puede suponer que las partidas detectadas sean aún mayores.
En todo caso, los créditos iniciales se han ido modificando al alza a lo largo del ejercicio. Las partidas más habituales aparecen bajo la denominación de Proyectos Tractores de Digitalización y de Transformación Digital de Modernización de la Administración General del Estado aunque, por ejemplo, el ministerio de Transportes ubica este gasto en el capítulo de Rehabilitación Sostenible y Digitalización de Edificios Públicos, al que habilita un crédito de 294 millones más otros 7 millones más para la Digitalización y los conocimientos del “patrimonio natural”. Asuntos Económicos prevé un presupuesto, pendiente de la liquidación de fin de año, de más de 825 millones. De los cuales, más de 480 millones son para la modernización del ministerio y “los servicios de carácter general” mientras que otros 70 millones van dirigidos a la transformación digital de las autonomías y de los ayuntamientos.
Redes e infraestructuras
El resto se destina a la vertebración territorial del despliegue de redes y a la renovación y sostenibilidad de las infraestructuras. Industria emplea más de 1.000 millones para el programa de I+D+I de sostenibilidad y a la digitalización del sector turístico. Por su parte, Transición Ecológica utiliza 550 millones para “la digitalización de la gestión del agua” así como a la informatización de las autonomías y las corporaciones locales y del patrimonio natural.
Educación prevé invertir más de 223 millones en la transformación digital “en el exterior y en la formación profesional” y habilita más de 305 millones para la innovación e internacionalización de la formación profesional. Política Territorial dispone de 280 millones para este proceso en el ministerio y en los ayuntamientos. Mientras, a Sanidad se le ha otorgado 242 millones para su digitalización (la mitad corresponde a las administraciones regionales).
A Hacienda llegan 232 millones; 134 millones a Defensa, incluyendo 117 millones para el refuerzo de conectividad en el funcionamiento operativo de los servicios, el despliegue de infraestructuras digitales transfronterizas y los convenios con la universidad para proyectos digitales; y 94 millones son para Exteriores para la digitalización del sistema centralizado de gestión de crisis y emergencias. Además, para la informatización de Justicia se destinan 57 millones; 39 millones más para Interior y Trabajo recibe 16 millones.
Por su parte, de los casi 1.100 millones destinados a la Transición Energética de los ministerios para reducir su demanda y el consumo, casi un tercio (334 millones) corresponde a la inversión en Interior y unos 250 millones son para Defensa mientras que Trabajo consigue casi 100 millones, 50 millones Justicia y, por ejemplo, 30 millones más se han consignado a Hacienda.
Otras inversiones con fondos europeos
Respecto a las otras inversiones y transferencias de fondos europeos que también figuran directamente en los departamentos ministeriales (unos 3.800 millones más) y que tendrían que haberse cubierto con partidas de gasto ordinario, se ha incluido 'de todo', convenga o no, o sean proyectos que nunca se habrían activado o que deberían haber estado en marcha hace muchos años. Se trata de un inmenso cajón de sastre. Destaca, por ejemplo, que Derechos Sociales tenga habilitados 709 millones. De ellos, 661 millones se destinan a “equipamientos públicos para cuidados de larga duración”; 47 millones son para el Plan España País Accesible y casi otro millón más va para la accesibilidad en el transporte.
El Ministerio de Transportes tiene 1.375 millones para las zonas de bajas emisiones del transporte urbano y el metro así como para la actuación de la mejora de calidad y fiabilidad de los trenes de cercanías, un agujero negro que ningún Gobierno ataja. Por su parte, Transición Ecológica registra 494 millones para la restauración de ecosistemas fluviales (riesgo de inundaciones o extracción de aguas subterráneas) y aporta además 200 millones a la Sociedad Estatal Acuaes, así como 95 millones más a la conservación de la biodiversidad terrestre marina y otros 150 millones a “la gestión forestal sostenible y la restauración de infraestructura verde”.
Mientras, Agricultura dispone de 373 millones para “la sostenibilidad de los regadíos y la transición ecológica de la agricultura y la ganadería”; Sanidad cuenta con otros 200 millones para el plan de racionalización del consumo de productos farmacéuticos y para la formación profesional de los sanitarios; Cultura añade 36 millones de los fondos para “dinamizar la cultura a lo largo del territorio” e impulsar la industria cultural; y Universidades tiene 121 millones para “la recualificación del personal docente y su movilidad internacional”.
Aunque habrá que esperar a la ejecución de todas estas partidas, lo que es evidente es la improvisación con que se ha actuado y que el Gobierno se ha aprovechado de la urgencia y el oportunismo de este gasto habilitando para los departamentos que gestiona una parte sustancial de los fondos europeos que, en todo caso, deberían haberse cubierto con los presupuestos ordinarios. Su eficiencia en la economía nacional y en la actividad productiva apenas será perceptible.
