El Gobierno presume de haber normalizado el mercado laboral después de dos años muy difíciles por la irrupción de la pandemia, que colapsó la actividad económica durante el segundo y tercer trimestres de 2020 y la primera mitad de 2021, como consecuencia de cierres parciales, limitación de horarios, aforos y desplazamientos en buena parte del sistema productivo.
Basta para ello mirar las cifras de coste de las prestaciones por desempleo. En los ocho primeros meses del pasado año ascendieron a 18.890 millones de euros y en el mismo periodo de este año han bajado a 13.819 millones, un 26,8%.
La comparación entre ambas cantidades no puede esconder una realidad cada vez vez más intensa: cerca de un millón de beneficiarios de prestaciones por desempleo (995.035 en concreto) cobran solo algún tipo de subsidio: son el 56,6% de las personas con derecho a cobro; el 43,4% restante cobra una ayuda contributiva. La diferencia entre una prestación contributiva y el subsidio por desempleo se refleja, además de en las condiciones exigidas para recibirla, en el montante de la percepción: la primera es el doble que la segunda. En 2013, con el paro en cifras récord, quienes cobraban algún subsidio eran 1,5 millones de personas, pero representaban el 54% del total.
De los 1.763,4 millones de euros que se pagaron en agosto pasado (último dato disponible en el SEPE), cerca de 1.179 millones correspondieron a las prestaciones contributivas (66,8% del total) y el resto, apenas 584,5 millones (el 33,2%), a los pagos asistenciales, como el subsidio de desempleo, la renta activa de inserción (una prestación de carácter no contributivo) o los subsidios eventuales agrarios, a los que solo tienen derecho algunos desempleados de Andalucía y Extremadura.
La diferencia entre una prestación contributiva y el subsidio por desempleo se refleja en el montante de la percepción: la primera es el doble que la segunda
Para el Ministerio de Trabajo, el 52,1% de los beneficiarios reciben la prestación contributiva y el 47,9%, el subsidio de desempleo. Trabajo hace esta distribución obviando la renta activa de inserción, la renta agraria y el subsidio agrario al considerar que estos dos últimos están circunscritos a los afectados a dos comunidades autónomas.
La realidad es que las prestaciones contributivas alcanzan al 47,3% de los beneficiarios; el subsidio de desempleo, al 38%; la renta agraria, el 4,3%; el subsidio agrario, el 4,8%, y la renta de inserción agraria, al 5,5%.
De los casi un millón de perceptores de algún tipo de subsidio, 574.917 son mujeres, cerca del 58% del total, y 420.119 (el 42%) son hombres. De acuerdo con los datos del SEPE, las mujeres suponen una mayoría muy cualificada en la percepción de la renta agraria (61% frente al 39% de los hombres); de la renta activa de inserción (69% frente a 31%) y del subsidio agrario (70% frente a 30% de los varones).
Según el SEPE, la prestación contributiva es una ayuda de la Seguridad Social para trabajadores por cuenta ajena que han perdido su empleo. Solo pueden acceder a ellas aquellos desempleados que hayan cotizado por encima de un umbral determinado. El subsidio se cobra cuando no se tiene derecho a percibir la prestación por no haber alcanzado el tiempo mínimo de cotización o haberlo agotado y carecer de rentas que equivalgan al 75% del SMI. Sus condiciones son más laxas. En el caso de los mayores de 52 años, si se han cotizado 15 años por jubilación y seis por desempleo se puede percibir (463 euros mensuales este año y 480 euros en 2023) hasta cumplir la edad de jubilación ordinaria.
Cobro del subsidio por edades
Por edades, el subsidio de desempleo es percibido mayoritariamente por personas que han cumplido ya los 50 años. En las tres últimas franjas de edad en las que el SEPE pormenoriza sus datos (50-54 años; 55-59 y más de 60) se encuentra el 68,5% de los perceptores de esta ayuda en España, mientras que entre los 16 y 30 años apenas alcanzan el 10,2%.
La principal razón por la que se percibe el subsidio de desempleo es por ser mayor de 52 años: un 58,54% del total; la segunda, por haber finalizado el periodo de prestación contributiva (21,36%), y la tercera, por tener un periodo de cotización insuficiente (15,47%).
Si se entra en el detalle de las regiones se observan sorpresas. En Madrid, por ejemplo, los más jóvenes apenas suponen el 7% de los perceptores totales, mientras los mayores de 50 años representan el 76,3%; en el País Vasco, los más jóvenes no alcanzan el 6% y los mayores suben al 78,4%. Sin embargo en Andalucía las cifras se invierten: los jóvenes son el 13,7% de los perceptores del subsidio y los mayores de 50 años, el 60%, por debajo de la media nacional. En Extremadura se repite la historia: 12,81% y 61,9%, respectivamente. ¿Por qué? Porque ambas regiones tienen renta y subsidio agrarios. El resto, no.
El subsidio de desempleo es percibido mayoritariamente por personas que han cumplido ya los 50 años
La renta agraria y el subsidio agrarios son prestaciones dirigidas a trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura que cumplan unas mínimas condiciones, como haber cotizado entre 20 y 35 jornadas en los últimos doce meses, según los casos. La renta activa de inserción es una prestación de carácter no contributivo destinada a desempleados que no perciben otras ayudas y que acreditan especiales dificultades de reinserción en el mercado laboral. Las personas que cobraban cualquiera de las dos primeras prestaciones ascendían a 163.689, aunque solo puedan acceder los parados de dos comunidades autónomas. Los perceptores de la RAI sumaban en agosto pasado 110.087, eso sí, en toda España.
Hemos señalado antes que los perceptores de alguno de los subsidios por desempleo alcanzaban en Andalucía el 70,4% del total de beneficiarios de una prestación por desempleo y en Extremadura, el 74,7%, Pues bien, en algunas de sus provincias los datos superan la media de la comunidad. En Córdoba suponen el 78,8%; en Jaén, el 78,4%, y en Sevilla, el 73,4%. En Badajoz, son el 75,1% y en Cáceres, el 74,1%.