Publicado: 07/10/2024 04:45
Actualizado: 07/10/2024 04:50
La escasez de vivienda asequible es una de las principales preocupaciones del momento, con un problema de acceso especialmente acusado en el caso de los jóvenes. El Gobierno se comprometió a subvencionar la construcción de algo más de 24.000 viviendas de alquiler social con 1.000 millones de los fondos europeos Next Generation EU antes de mediados de 2026.
También acordó que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) preste a promotores públicos y privados 4.000 millones del dinero que a su vez prestará Europa a España para incrementar el parque de vivienda en alquiler social en 40.000 viviendas sociales, ya fueran rehabilitadas o nuevas. Además, se anunció otra línea dotada con 2.000 millones para avalar hasta el 50% de estos préstamos.
Las responsables de repartir la primera partida, los 1.000 millones de fondos UE no reembolsables, son las comunidades autónomas. El Gobierno dividió el dinero entre las distintas regiones en proporción al número de hogares de cada región y en el marco de la Conferencia Sectorial. Y el requisito principal es que las viviendas se destinen a alquiler social durante al menos 50 años.
Sin embargo, los últimos cálculos realizados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en términos de contabilidad nacional, lo más semejante a la ejecución real, apuntan a una ejecución aún a medio gas. A cierre de julio, de los 1.000 millones para la promoción de viviendas de alquiler social se habían concedido el 47%, 467 millones.
En cuanto a los 4.000 millones de euros en préstamos del ICO y los otros 2.000 millones de avales con el mismo fin, aún no han arrancado. No fue hasta el pasado 29 de julio cuando se suscribieron los acuerdos entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía para movilizar los 6.000 millones a través del Instituto de Crédito Oficial.
Manuel Illueca, presidente de la institución, comentó el pasado miércoles, durante unas jornadas en CEOE, que el ICO trabaja ya en la financiación de la construcción de 64 promociones y 20.000 viviendas de la línea de 4.000 millones. Fuentes conocedoras informan a Vozpópuli de que este dinero empezará a movilizarse previsiblemente a finales de este mes o principios de noviembre.
El problema de la vivienda y los jóvenes
Tal y como explica Funcas, "desde 2021 se está produciendo en España un desajuste importante entre la oferta de vivienda y la demanda del mercado. La oferta de vivienda nueva (en torno a 100.000 viviendas por año) es notablemente insuficiente, lo que deriva en un tensionamiento del mercado que presiona los precios al alza y dificulta el acceso, en particular a los jóvenes y a colectivos vulnerables".
La oficina estadística de la UE, Eurostat, ha publicado nuevos datos que revelan que el 13,3% de los jóvenes viven en situación de hacinamiento en España, un millón de personas con entre 15 y 29 años. Aunque es una cifra significativamente inferior a la registrada en otros países europeos, la comparativa temporal evidencia un incremento en los últimos años.
Hay que remontarse casi dos décadas para encontrar cifras similares. En 2005 fue la última vez que un millón de jóvenes, el 13,7% del total, vivía en esta situación. Durante la crisis financiera, la tasa de jóvenes afectados bajó al entorno del 8%, pero en 2019 recuperó la senda alcista hasta marcar el máximo del 13,3% en 2023, según Eurostat.
La oficina estadística europea considera que una persona vive hacinada cuando el hogar "está sobreocupado", es decir, no tiene una habitación por pareja o una habitación para cada persona soltera mayor de 18 años. Cuando tienen menos de 18 años y duermen en una habitación más de dos personas, Eurostat también considera que viven hacinados.
Eurostat también ha actualizado sus cifras sobre el precio de la vivienda y desvela que España fue el tercer país de la Unión Europea en el que más subió en el segundo trimestre de este año con respecto al primero, con una tasa de crecimiento del 3,6%. Se suma al aumento del 2,7% que ya se registró entre enero y marzo, el quinto más acusado de la UE.