Los fabricantes de automóviles han defendido la puesta en marcha de medidas públicas adicionales a las actuales tras salir adelante la semana pasada la propuesta de endurecimiento de los objetivos de reducción de emisiones de vehículos y que contempla el fin de la venta de coches de combustión (incluidos híbridos) desde 2035, fecha que supone adelantar en cinco años la propuesta inicial.
Para la patronal Anfac, "la posición de España en el Consejo Europeo ante la propuesta de la Comisión 'Fit for 55' sobre la aceleración de los objetivos de reducción de emisiones en la automoción, llegando al 100% en 2035, es una decisión exclusivamente del Gobierno en la que Anfac no toma parte. La posición de Anfac es similar a la defendida por la patronal europea ACEA", explican desde la organización.
Un adelanto que, para Anfac, debe venir acompañado de nuevas herramientas al mismo nivel de exigencia si se quiere que su cumplimiento sea posible. "No hay que olvidar que las medidas actuales buscan cumplir con la ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que fija el límite de combustión en turismos y comerciales ligeros en 2040, no en 2035", subrayaron desde la asociación, al tiempo que apuntaron que España ya está retrasada en el cumplimiento de los objetivos actuales.
Por ello, ha propuesto diferentes medidas para acelerar el ritmo de penetración de los vehículos electrificados, como el despliegue de puntos de recarga, con nuevos objetivos "ambiciosos pero vinculantes" y una mesa de gobernanza operativa; una fiscalidad que apoye positivamente la descarbonización y se centre en gravar el uso, no en la compra; y una reforma de los planes de ayuda a la demanda para hacerlos más eficaces.
En esta línea, Anfac apuntó que si finalmente el Gobierno español decide apoyar una nueva aceleración de los objetivos "estas nuevas medidas son incluso mucho más necesarias y urgentes", puesto que si no se adoptan la industria automovilística española y el empleo "pueden enfrentarse a un serio problema dada la gran exigencia de los nuevos objetivos que se pretenden aprobar".
Primera mesa de gobernanza
Como respuesta a las peticiones de los fabricantes, el presidente de la patronal española del sector, Wayne Griffiths, ha asegurado que la puesta en marcha del Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico será "clave para consolidar el despliegue y el impulso de la movilidad eléctrica".
En una nota ha valorado así el anuncio que ha hecho el Gobierno sobre la constitución de dicho grupo de trabajo. Para el presidente de Anfac la mesa de gobernanza es una herramienta "necesaria" para garantizar el éxito del proyecto.
También cree que “la implicación de la Administración Pública es fundamental para lograr que el vehículo electrificado sea una realidad". Desde Anfac destacan que, para este año, será necesario alcanzar un mercado de 120.000 turismos electrificados y una infraestructura de 45.000 puntos de recarga, lo que supone duplicar y triplicar, respectivamente, los registros del ejercicio anterior.
Esta evolución es clave para poder lograr un parque de tres millones de turismos electricos en 2030, tal como se marca en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), en línea con los compromisos europeos de reducción de emisiones. "Esta mesa de gobernanza tiene que servir de plataforma para coordinar este despliegue y, al mismo tiempo, para superar ciertas barreras administrativas y regulatorias", ha concluido Griffiths.
Y es precisamente este último punto es uno de los más críticos para el rápido desarrollo del coche eléctrico en España, y tanto el sector privado como el público coinciden en la importancia de eliminar todas las barreras que actualmente impiden que los consumidores adquieran los vehículos eléctricos como son la escasa infraestructura de recarga y, sobre todo, las muchas trabas administrativas que suponen hoy en día poner en marcha un punto de recarga.
