Un país de funcionarios: Pedro Sánchez ha inflado un 12,3% el empleo público mientras Trabajo desincentiva la iniciativa empresarial

El reciente anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de crear 40.121 nuevas plazas de funcionarios no ha hecho más que reavivar el debate sobre las cifras del empleo público. Desde que Pedro Sánchez asumió el cargo de Presidente del Gobierno en junio de 2018, el número de plazas de funcionarios ha experimentado un crecimiento significativo, dependiendo de diversos factores. El número de empleados públicos batió un nuevo récord en 2023. A cierre del año pasado eran ya 3.593.300 personas, 67.100 más que un año antes, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la cifra más elevada de toda la serie histórica, que arranca en el año 2002.

También creció con fuerza el empleo privado a lo largo del año pasado, hasta cerrar el 2023 con 17.653.600 trabajadores. El incremento, de 716.000 personas respecto al cuarto trimestre de 2022, provocó que la cifra total de empleados privados se situara en niveles de 2007. En todo caso, sin el fuerte incremento del empleo público, España no habría logrado rebasar aquellos niveles previos a la crisis financiera.

El año 2007 se cerró con 17.748.400 trabajadores privados y 2.969.500 públicos. Según el histórico del INE, hubo 20.717.900 ocupados en total. El 2023, con 94.800 trabajadores privados menos, marcó un máximo de 21.246.900 ocupados totales en el país. Son 529.000 más que 16 años antes, en 2007. Esos son los empleos públicos adicionales que se han generado desde entonces. Desde 2018, con Pedro Sánchez como presidente, se han creado 518.600 puestos en la Administración, según el INE.

Hay que tener en cuenta que durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que duró 6 años, se acumularon 63.970 plazas ofertadas. En comparación, Pedro Sánchez ha inflado un 12,3 % el empleo público desde que está en el Gobierno.

Impacto en el sector privado

La expansión del empleo público tiene repercusiones relevantes en el sector privado. Actualmente, el número de empleados a sueldo del Estado, incluyendo funcionarios, personal contratado y trabajadores de empresas públicas, asciende a 3.526.200 personas, lo que representa el 7,4% del total de asalariados en España. Este crecimiento del sector público contrasta con el modesto aumento del 3% en los asalariados del sector privado y el escaso 0,45% en el caso de los autónomos.

Esta dinámica se traduce en una carga económica considerable para el sector privado. En la actualidad, aproximadamente 19,3 millones de ciudadanos dependen directamente de los recursos del Estado, mientras que solo 14,3 millones se sostienen a través del sector privado. Esto implica que cada trabajador del sector privado debe soportar económicamente a 1,5 personas amparadas por el sector público, lo que supone una carga social de más de 19.000 euros anuales por empleado privado.

El sector privado lleva años denunciando el creciente recurso a medios propios por parte de la Administración. En 2022, las autonomías fueron el organismo que más encargos realizó a medios propios, con 1,479 encargos, el 44.20% del total. Le siguieron el Estado, con 1.209 encargos (36.13%), y las entidades locales, con 658 encargos (19,67%).

Las reacciones de los sindicatos: "Una oferta insuficiente"

La reacción de los sindicatos ante el anuncio de las nuevas plazas de funcionarios del Gobierno de Sánchez ha sido mixta. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha rechazado la oferta por considerarla insuficiente y por mantener la tasa de reposición, lo que, según ellos, reduce la creación de empleo neto y no garantiza la ejecución de los plazos. Comisiones Obreras (CC. OO.) tampoco apoya la propuesta, argumentando que no se incrementan suficientemente las plazas de personal funcionario y laboral.

En contraste, UGT Servicios Públicos ha mostrado su satisfacción con los criterios generales para la preparación de la Oferta de Empleo Público para 2024, al considerar que avanza en la creación de empleo neto necesario para rejuvenecer las plantillas en la Administración General del Estado. No obstante, también han señalado la necesidad de mejorar la ejecución de las plazas no cubiertas de ofertas anteriores.