Los Grupos Socialista y de Podemos van a registrar este jueves una proposición de ley con los nuevos impuestos a la banca y energéticas, una fórmula que anunció el presidente del Gobierno el 25 de junio para el impuesto a las energéticas, a la que luego se ha sumado el impuesto a la banca, que avanzó el 12 de julio en el Debate sobre el Estado de la Nación.
Con esta vía, el Gobierno se salta al Consejo de Estado y se evita semanas e incluso meses de tramitación previa a que la norma la apruebe el Consejo de Ministros, en lo relativo a consulta y audiencia pública y al informe del máximo órgano consultivo y de otros organismos. Y, sobre todo, según subrayan fuentes gubernamentales, se transmite un mensaje político de que se trata de una iniciativa conjunta de las dos formaciones que sustentan al Gobierno, una norma a la que están llamados además el resto de socios de Sánchez.
En este sentido, la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, señaló el pasado viernes, tras reunirse con las patronales bancarias, las principales entidades y el Banco de España, que el impuesto sólo se negociará con los grupos parlamentarios.
Sin embargo, este gesto político se queda en gesto de momento. Podemos ha sido excluido del diseño del impuesto y ni siquiera en esta semana de cierre tiene el texto en su poder, tras una reunión en Moncloa a la que ha acudido Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos. Desde el Ministerio de Hacienda cuentan que los morados han tenido acceso al texto en una reunión de consulta, en la que no se les ha facilitado copia. Los de Podemos sólo han entablado una negociación en las últimas horas y no se esperan grandes cambios.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el impuesto se va a registrar este jueves. El conflicto se ha presentado por la exigencia de los morados de que junto con los impuestos se tipifique un nuevo delito penado con 10 años de cárcel para directivos que los repercutan a los consumidores. Una propuesta que Montero viene rechazando.
"El Código Penal no debe modificarse con este fin", trasladan desde Hacienda. No entienden la propuesta de los morados, cuando lo que ahora se negocia es una ley ordinaria que crea los impuestos, norma que nunca podría modificar una ley orgánica. El Código Penal no es lugar para sancionar a empresas por comportamientos que afectan a los mercados, ha planteado la ministra de Hacienda.
El Gobierno ha anunciado que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) controlará a las empresas para que no repercutan los impuestos a los consumidores y que dará más poderes a este organismo para que haga lo propio en el caso del impuesto a la banca.
Este martes, Montero sólo veía posible un retraso en el registro de los impuesto si Podemos se enrocaba en esta discrepancia. Finalmente, los morados registrarán el impuesto a pesar de haber sido apartados de su diseño y de que no se incorpore esta exigencia suya.
La vía de la CNMC no le parece a Podemos suficiente, pero dará su brazo a torcer por el momento. La ocasión de endurecer el impuesto con la tipificación de un nuevo delito, entre otras fórmulas, llegará en el trámite de enmiendas.
Las enmiendas
Es aquí donde fuentes parlamentarias advierten de que el Grupo Socialista se verá obligado a ceder ante las peticiones de Podemos y el resto de sus socios, que suelen coincidir.
Un mecanismo estricto para que el impuesto no se pueda repercutir podrá ser inútil, como denuncian los expertos, pero transmite un mensaje político y puede asegurar el apoyo de grupos que en anteriores iniciativas de Podemos, como la que pretendía subir 10 puntos el Impuesto sobre Sociedades a la banca, han votado en contra por considerar que las empresas los iban a acabar trasladando a los ciudadanos.
A su vez, el Grupo del PSOE podrá también arreglar en el trámite de enmiendas las deficiencias del texto de mínimos que se prevé que se registre este jueves.