Una consultora con sede en Manhattan será clave para decidir la vida o la muerte de cientos de miles de empresas y autónomos en España. Bares de pueblo, pequeños cines y teatros, restaurantes de menú o de postín, hostales de carretera y grandes resorts… Todos los negocios que más han sufrido por las restricciones sanitarias se someterán al examen de una multinacional ubicada a tres manzanas del Rockefeller Center en Nueva York.

Se llama Oliver Wyman, tiene 5.000 empleados y promete en su web "generar un impacto revolucionario a través de la colaboración" con empresas y gobiernos. Luis de Guindos confió en ellos en 2012 para calcular las necesidades de capital de la banca tras el 'tsunami' de la crisis. Y ha vuelto a hacerlo Nadia Calviño nueve años después. La diferencia entre uno y otro cargo estriba en la complejidad del reto. El ministro de Economía designado por Mariano Rajoy necesitaba determinar qué bancos requerían apoyo. Pero la vicepresidenta tercera del Ejecutivo de Pedro Sánchez se propone discernir qué empresarios merecen ayudas o cuáles deben quedarse por el camino.

Según el último recuento del INE, en España hay 3,4 millones de empresas, el 97% de las cuales son pymes y autónomos. A lo largo de 2020, una parte importante ha sufrido el impacto de una decisión puramente administrativa (el cierre total o parcial del negocio durante un periodo determinado). Solo el comercio y la hostelería suman ya un millón de empresas. Y casi 600.000 han accedido a los avales del Estado para obtener liquidez.

En esa maraña ingente de empresas deben bucear los profesionales de Oliver Wyman para detectar cuáles tienen problemas serios de solvencia. Su diagnóstico, que estará listo antes de marzo, servirá de base para el grupo de trabajo que conforman el Ministerio de Economía, el Banco de España, y las patronales bancarias AEB y CECA. Ellos definirán con qué criterios se adjudican las ayudas o las condonaciones de deuda que ya ha insinuado Calviño. Es ahí, en esos criterios, donde muchos empresarios sitúan la controversia. "De entrada, condonar deuda está lanzando un mensaje muy peligroso, sobre todo para la banca y los inversores: hay deudas en España que no se pagan", advierte un economista que lidera un importante servicio de estudios.

Algunos bufetes también avisan de que los planes del Gobierno pueden ser una fuente de litigios. "¿Cómo puede decidir el Estado, en una economía de mercado, quién vive y quién muere solo porque sus modelos y fórmulas estimen que no eres viable?", se pregunta un alto directivo. "Determinar quién es más o menos solvente es un ejercicio casi imposible en un país como este, con cientos de miles de empresas afectadas", añade un exalto cargo del Estado.

Uno de los principales criterios que está usando Oliver Wyman es el acceso a los créditos del ICO. Se presupone que quienes han solicitado financiación avalada por el Estado lo han hecho por extrema necesidad. Pero la pandemia ha dejado una enorme casuística.

"Hay muchos empresarios que no han acudido al ICO y han preferido tirar de sus ahorros para aguantar, porque no querían endeudarse más o porque pensaban que esta crisis duraría menos", recuerda Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. "Si efectúas el reparto basándote fundamentalmente en el lado financiero, se van a generar asimetrías", alertan desde otra organización empresarial.

"¿Cómo puede decidir el Estado, en una economía de mercado, quién vive y quién muere sólo porque sus modelos y fórmulas estimen que no eres viable?"

A juicio de algunos economistas, Pedro Sánchez cometió un error hace meses: no optar por el mismo camino que abrieron países como Alemania, Francia o Italia. La mayoría apostó por ayudas directas con un criterio de reparto más simple: el Estado compensaba directamente una parte generosa de los ingresos perdidos por las restricciones obligatorias. El presidente socialista insistió en que los balones de oxígeno proporcionados (créditos ICO, ERTEs y fondos de la SEPI) bastarían a las empresas para salir casi indemnes de la tercera ola.

Pero la realidad ha desbordado las previsiones de Sánchez; y a medida que crece el clamor de los afectados se estrechan las perspectivas para acabar la legislatura sin sobresaltos. De ahí que la ministra de Economía se haya visto forzada a diseñar otro plan de ayudas, que no estará basado en el más sencillo 'café para todos' los damnificados.

¿Tiene otras alternativas la ministra de Economía? Los empresarios insisten en la vía de las compensaciones generalizadas. "Que se dejen de estudios y de tirar el dinero, que copien lo que ya está funcionando en los países con los que competimos", reclama Hilario Alfaro. "Las ayudas directas se han dado en todos los países y sin necesidad de estos experimentos", concluye el presidente de la patronal ATA, Lorenzo Amor.

Preocupación entre las empresas

A juicio de algunos economistas, que Sánchez siga eludiendo la vía de las ayudas directas responde "a una cuestión de prioridades". "Cada gobierno decide en qué gasta sus recursos. El español lanzó un presupuesto muy expansivo que destinaba dinero, entre otras partidas, a los salarios de funcionarios y pensionistas. Otros decidieron volcarse más con sus empresas", explica un exalto cargo del Estado.

Este martes, en una reunión a puerta cerrada en CEOE, los representantes de algunas patronales volvieron a exponer su preocupación. "La banca está que trina", confiesa a Vozpópuli un empresario presente en el encuentro. La inquietud obedece a las dudas sobre la efectividad del plan del Gobierno y la litigiosidad que pueda provocar.

El presidente de Madrid Foro Empresarial recuerda que ya han demandado al Estado. Sus asociados reclaman una indemnización equivalente a los costes fijos que han tenido que sufragar por el cierre de negocios (total en algunos casos al inicio y parcial según avanzó la pandemia).

"Que se dejen de estudios y de tirar el dinero, que copien lo que ya está funcionando en los países con los que competimos"

No es la única denuncia que planea sobre el Gobierno. La empresa de asesoría Ayuda T Pymes también está recabando apoyos para presentar una demanda colectiva. Su consejero delegado, Alfredo Pérez, detectó el agujero que las restricciones está abriendo en las cuentas de sus clientes (su plataforma online tiene datos de 15.000 pymes y autónomos). "Las grandes empresas tienen problemas pero las que más sufren son, de lejos, las pequeñas. Por eso decidimos llevar el tema a los tribunales. Calculamos que pueden adherirse cerca de 1.500 personas", asegura Pérez.

Otro de los bufetes más activos es Cremades & Calvo Sotelo. Sus abogados han tramitado los procedimientos que ha emprendido esta misma una plataforma que agrupa a hosteleros de todo el país. La denuncia va dirigida al Gobierno y a las administraciones autonómicas, a los que acusan de arruinarles con su gestión de la pandemia.

Que el clima empeore o se encarrile dependerá del contenido del plan que presentará Calviño en cuestión de semanas. El real decreto de las nuevas ayudas demostrará cuánto han influido los consultores de Oliver Wyman en las recetas para sacar del pozo a España.

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