Hasta julio, últimos datos oficiales disponibles, el Gobierno había incrementado en casi un 7% el presupuesto prorrogado del año anterior, que se suponía inalterable salvo para situaciones excepcionales. Lo que supone que el gasto inicial de los ministerios ha crecido de momento en casi 26.000 millones (incluidos los organismos autónomos) en los siete primeros meses del año, sin que se haya computado aún, por ejemplo, la subida de los sueldos de los empleados públicos o las posibles nuevas compensaciones a los partidos independentistas catalanes por su apoyo circunstancial a Pedro Sánchez.
De esta forma, se ha pasado ya de un presupuesto inicial del Estado de 380.800 millones a 406.350 millones. Se trata de las modificaciones de gasto realizadas en el presupuesto en ejecución (prorrogado del año anterior por interés del Gobierno ante la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña). Es decir, son los cambios que se pueden realizar, según la Ley, para atender nuevas condiciones económicas o sociales no previstas en la programación presupuestaria.
No parece que se hayan producido ahora estas situaciones. La realidad es que estas modificaciones, que tardan en activarse (es una de las consecuencia de las prórrogas), retrasan cualquier actuación económica (sobre todo en inversiones) y, en este caso, suponen un récord histórico de gasto, a excepción de 2020, año en que la situación de emergencia del covid (los presupuestos también estaban prorrogados) situó la cifra en 61.000 millones. Hace un año, con presupuesto aprobado por el Parlamento, las modificaciones de crédito fueron de 13.700 millones (casi la mitad que en 2024), mientras que en 2022 se quedaron en 8.500 millones y, por ejemplo, en 2021 sólo alcanzaron los 11.800 millones frente a sólo los 1.100 millones en 2019 ya con Sánchez en La Moncloa tras prorrogar los presupuestos de Rajoy del año anterior.
¿A dónde va el gasto extra?
En términos relativos, llama la atención que el presupuesto del ministerio de Trabajo, con apenas competencias y uno de los que menos proyección tiene en el crecimiento económico, se haya incrementado un 135% en este periodo. Es decir, Yolanda Díaz ha conseguido sumar 643 millones al presupuesto inicial de 477 millones hasta conseguir 1.120 millones como consecuencia de incorporaciones de remanentes de créditos y de transferencias de créditos positivas de otros departamentos. La mayor parte de estos nuevos recursos se destinará a transferencias corrientes (ayudas y subvenciones).
Por su parte, el ministerio de Economía ha visto aumentar su gasto un 106% (en casi 2.700 millones más); el de Juventud e Infancia ha crecido un 46% (74 millones más); y, por ejemplo, el de Derechos Sociales (con 1.452 millones añadidos) y el de Sanidad (433 millones más) han incrementado su gasto un 34%. Por debajo de este crecimiento se encuentran ministerios con un fuerte componente inversor y de posibles actuaciones para realizar el cambio de modelo económico que se supone que es el destino de los fondos europeos como Industria y Transformación Digital o Transportes.
En términos absolutos, de estos 25.500 millones de financiación extra del Estado (otros 444 millones corresponden a los organismos autónomos de los ministerios), el sistema de financiación autonómica y local se lleva 10.200 millones (40%); Industria pilla otros 2.800 millones (11%); Economía consigue 2.700 millones (algo más del 10%); para pagar los intereses de la ingente deuda pública van 2.300 millones (9%); a Defensa se destinan 1.909 millones (7%); y, por ejemplo, para Transformación Digital y Función Pública se habilitan 1.800 millones así como otros 1.500 millones para Derechos Sociales.
Cambios sin una causa objetiva
Que muchos de estos cambios podrían haberse realizado ‘a mano alzada’, es decir, sin una causa económica objetiva, se aprecia en el desglose del destino de este dinero en los capítulos presupuestarios. Así, las partidas de gasto corriente en bienes y servicios son las que más aumentan porcentualmente (27%) respecto al crédito inicial, sobre todo las compras de materiales y suministros para los ministerios; las modificaciones de los activos financieros (préstamos) se disparan un 21%; las de las inversiones reales crecen un 18%; las destinadas a transferencias corrientes suben un 9% (sobre todo a las autonomías); las de gastos financieros de la deuda alcanzan un alza del 7%; y las de gastos de personal se incrementan un 1% de momento. Por su parte, bajan un 42% las partidas relativas al fondo de contingencia y un exiguo -0,1% se anotan las modificaciones de las transferencias de capital.
Para atener estas modificaciones, el Gobierno ha tenido que ‘cocinar’ una serie de actuaciones y figuras contables. Así, casi la mitad de estos incrementos de recursos (48%) corresponde a ampliaciones de crédito (12.157 millones) y se destina a las autonomías, la deuda y a Defensa y Derechos Sociales. Otro 43% (10.865 millones) son incorporaciones de remanentes también de crédito, que se supone que estaban aún pendientes de realización del ejercicio anterior y que se los añaden Industria, Transformación Digital, Derechos Sociales y Vivienda; un 8% (más de 2.000 millones) son suplementos de crédito, destinados también a la financiación territorial; un 5% (unos 1.400 millones) son créditos generados por ingresos no previstos que se quedan en Hacienda, Transición Ecológica y también Defensa; y casi un 4% (más de 900 millones) son créditos extraordinarios ubicados sobre todo en Transportes.
Mientras, para intentar una cierta compensación, se han dado de baja por anulación o rectificación 1.852 millones que figuraban en el denominado fondo de contingencia (una bolsa presupuestaria destinada a situaciones de emergencias de gasto).
Baile de partidas en los Presupuestos
También, aunque el saldo neto es meramente testimonial, el Gobierno ha realizado un ‘baile’ de partidas y entre secciones mediante transferencias (traspasos para nuevas reasignaciones de los recursos) de crédito positivas, por un saldo de 27.794 millones), y negativas, por valor de 27.768 millones. Y para solapar estos incrementos de gasto, el Gobierno ha tenido que realizar a la vez algunas minoraciones para evitar un crecimiento presupuestario neto insoportable para el déficit a pesar de que los ingresos todavía mantienen un buen tono.
En concreto, además de la disposición de esos 1.852 millones del fondo de contingencia (se ha utilizado en múltiples ocasiones para atender, por ejemplo, actuaciones militares en el exterior o de emergencia nacional), llama la atención que se haya reducido el presupuesto de ministerios políticamente sensibles como el de Ciencia, Innovación y Universidades (1.127 millones menos) o el de Educación (225 millones menos), así como la sección de relaciones con la UE (303 millones menos) precisamente en el año en que debe aumentar la aportación española por la revisión al alza del PIB.
Todo esto evidencia que la prórroga presupuestaria, sobre todo si no obedece a razones económicas o institucionales de peso, puede ocasionar muchas dudas sobre la eficiencia del gasto público con el consiguiente deterioro en la actividad y el empleo.