En medio del debate sobre la sostenibilidad de las pensiones, principal gasto de la Seguridad Social, ésta acumula un volumen de deuda sin precedentes que asciende a 99.192 millones de euros, aproximadamente un 7,6% del Producto Interior Bruto (PIB) y un 8% más que hace un año, según los datos confirmados este miércoles por el Banco de España (BdE) referentes al tercer trimestre del año.
Tal y como recuerda el BdE, este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Unos préstamos que, al tratarse de operaciones financieras entre subsectores, no afectan a la deuda total del sector Administraciones Públicas, que cerró el tercer trimestre por primera vez en los 1,5 billones.
La Seguridad Social mantuvo sus niveles de deuda estables, en torno a los 17.000 millones, durante décadas. Sin embargo, en junio de 2017 el Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy se encontró sin dinero suficiente en el Fondo de Reserva (conocido como 'la hucha de las pensiones') para pagar la paga extra de verano a los pensionistas. Fue entonces cuando la Seguridad Social recibió el primer préstamo del Estado, que se sucedió de muchos otros para poder afrontar el creciente coste de las pensiones.
Esta cantidad ingente de deuda seguirá aumentando en los próximos meses por la primera parte de la reforma de las pensiones aprobada en diciembre del año e impulsada por el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que obliga a revalorizarlas un 8,5% el próximo año (en base a la inflación sufrida, de media, entre diciembre de 2021 y noviembre de este año).
Esta fuerte subida del gasto (unos 15.000 millones) se consolidará en el tiempo, junto al sobrecoste que supondrá el envejecimiento de la población, el incremento de los pensionistas -con la jubilación de los babyboomers-, y la entrada de beneficiarios con derecho a prestaciones más altas que los que se dan de baja (efecto sustitución); lo que urge a completar la reforma de las pensiones que ahora negocia Escrivá, con una segunda parte que compense este incremento del gasto.
Para recaudar más ingresos, el ministro ha propuesto a los agentes sociales subir las cotizaciones máximas y aumentar el periodo de cálculo de los 25 a los 30 años (descartando los dos peores). Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) asume que, tal y como está planteada ahora la segunda parte de la reforma de las pensiones no será suficiente para compensar el fuerte incremento que experimentará el gasto.
El 'dopaje' del déficit
La Seguridad Social alcanzará un déficit récord en 2023 de 31.800 millones sin la 'inyección' de ingresos del Gobierno prevista, de 19.900 millones, para cubrir los denominados "gastos impropios" por su carácter asistencial y no contributivo. El compromiso de que el Estado asuma estos gastos está incluido en la última reforma de las pensiones impulsada por el ministro José Luis Escrivá con el objetivo de "equilibrar las cuentas del sistema público de pensiones".
La diferencia en las 'caja' de la Seguridad Social contributiva es sustancial: pasará de un déficit de 31.841 millones sin gastos impropios (2,3% del PIB) a 13.445 millones en 2023 (0,9% del PIB) si se 'excluyen' dichos gastos del saldo, según los cálculos realizados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Es decir, que con las transferencias estatales se reduce el déficit del Gobierno en más de la mitad.
En ambos casos, el informe -firmado por Miguel Ángel García, miembro de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos- excluye los ingresos extraordinarios obtenidos por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que deben inyectarse en el (sub) Fondo de Reserva para ser utilizados en el pago de pensiones a partir de 2032.
La Seguridad Social registró superávit entre 1999 y 2010, aunque ya en 2009, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera, inició una tendencia negativa, con disminuciones del saldo positivo en 2009 y 2010 y déficit a partir de 2011. El desfase de ingresos y gastos más elevado de la historia de la Seguridad Social se alcanzó en 2020, año de la pandemia, con un saldo negativo de 30.221 millones.
En 2023, de no ser por la inyección de casi 20.000 millones aprobada por el Gobierno en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el 'agujero' de la Seguridad Social se situaría por encima incluso de esa cifra. De hecho, esto es lo que preocupa a los expertos de Fedea, que el déficit de la Seguridad Social en 2023 sin traspasar los "gastos impropios" sería el más alto de la serie histórica que arranca en el 2000, después de que la Seguridad Social dejara de financiar la sanidad pública en 1999.
