Un pacto con consecuencias económicas para el Estado. La cesión del 100% de impuestos a Cataluña a cambio de una suerte de cupo vasco puede provocar un agujero de unos 25.000 millones en la recaudación general y condena, de facto, a la Comunidad de Madrid a sostener este desfase con más aportaciones, según distintos expertos sobre fiscalidad consultados por Vozpópuli.
También arriesga el fondo nutrido por las regiones más ricas para costear los servicios públicos esenciales de las zonas de España con menor crecimiento económico. El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales permite que las comunidades autónomas reciban los mismos recursos para financiar las competencias de sanidad, educación y servicios sociales.
El pacto entre ERC y el PSC para investir presidente de Cataluña a Salvador Illa ha propiciado una nueva cesión a los independentistas. El acuerdo, cuyo contenido fue desvelado la noche del pasado lunes, contempla la “gestión, recaudación, liquidación e inspección” del 100% de los impuestos cobrados en la región, según informó ERC.
Esto supone que Cataluña asumirá el IRPF, el Impuesto de Sociedades e IVA, con un primer hito marcado en rojo en el calendario: la campaña de la Renta de 2025, que se iniciará en abril de 2026. La intención es empezar por el IRPF, continuar con el IVA y avanzar progresivamente en el resto de impuestos, según figura en el preacuerdo.
Teniendo en cuenta datos de 2022, la región catalana aporta cada año unos 23.382 millones de euros a la caja única del Estado en concepto de IRPF, IVA e impuestos especiales. Cataluña también contribuye con unos 1.300 millones al fondo de garantía de los servicios públicos esenciales.
El concierto económico a Cataluña, similar al que tienen País Vasco y Navarra, hará que los impuestos que hasta ahora recauda en la región la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) los cobre la Agencia Tributaria catalana, pactando una contribución con el Estado por los gastos de la Administración General en Cataluña (ejército, fronteras, etc.), además de una cuota de solidaridad que no está prevista.
El inspector de Hacienda Francisco de la Torre advierte de que la consecuencia a medio plazo es que todas las CCAA verán reducida su financiación salvo Madrid y Baleares, que aportarán más. "Si no se quiere que las CCAA lo noten, el Estado tendrá que ajustar su presupuesto para Justicia, Defensa, Exteriores, etc. o tendremos más déficit", explica.
Dinamitará el fondo de servicios esenciales
Miguel Ángel García, investigador asociado de Fedea y profesor de economía aplicada en la URJC, apunta que en 2022 la aportación del Estado al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales fue de 12.683 millones, la mayor de todas por los impuestos propios, el mayor impuesto de Sociedades y el porcentaje que comparte con las CCAA de IRPF, IVA y especiales.
"Sin esos 12.000 millones y lo que aporta Madrid (5.168 millones), Cataluña (1.300 millones) y Baleares (254 millones), las CCAA más pobres no podrían mantener su gasto en sanidad, educación y servicios sociales. Es un retroceso muy serio en la posibilidad de aplicar políticas redistributivas hacia las CCAA con menos renta", apunta.
José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, también advierte de que el pacto para hacer presidente a Illa supone en la práctica la quiebra del sistema de financiación de servicios esenciales, en el que Cataluña juega un papel preponderante con Madrid y Baleares. “Se dinamitará este sistema”, advierte.
Tanto para Miguel Ángel García como para Ángel de la Fuente, director de Fedea, la pérdida neta para el Estado tras el pacto del PSC y ERC dependerá finalmente de cómo se diseñe el cupo y se concrete la aportación al fondo solidario. En todo caso, se presupone que si Cataluña quiere salir del sistema, es para ser menos solidario.
La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), estalló contra el acuerdo del PSC y ERC al considerar que se trata de la “ruptura total” del sistema de financiación autonómica de régimen común diseñado en la última época constitucional. Incluso calificó el acuerdo de una “verdadera vergüenza”.
