El Gobierno lleva años tratando de que los trabajadores prolonguen su vida laboral algún tiempo más, con el objetivo de reducir la factura anual del pago de las pensiones, el mayor gasto recogido en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. De momento, no ha tenido el más mínimo éxito.
Por eso, en los últimos días, ha anunciado una reforma de los incentivos que, a tenor de las estadísticas, parecen escasos. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz ha trasladado a los agentes sociales un documento que recoge una serie de mejoras, que tienen como única finalidad hacer más atractiva la continuidad en el puesto de trabajo unos años después de haber alcanzado la edad legal de jubilación.
En la última reforma de las pensiones, el Gobierno introdujo dos incentivos para intentar retrasar la edad real de jubilación: cobrar un 4% sobre la cuantía de la pensión que corresponda a cada trabajador por cada año que retrase su jubilación o una cantidad fija por cada año que siga cotizando a la Seguridad Social, que será abonada mediante un pago único. Ahora, el Ejecutivo propone cobrar el incentivo cada seis meses, siempre que el interesado retrase su jubilación al menos dos años.
El 'cebo' que ha puesto ahora el Ministerio no será compatibilizar el trabajo con el cobro del 50% de la pensión correspondiente (lo que se conoce como jubilación activa). Plantea de salida que el salario del trabajador sea compatible con el cobro del 30% de la pensión en el primer año de demora; del 40%, con dos años; del 50%, después de tres años; del 75%, tras cuatro años, y del 100% a partir del quinto año.
La 'generosidad' del Ejecutivo en la propuesta recientemente presentada tiene mucho que ver con los datos estadísticos. Según el módulo sobre pensiones y participación en el mercado laboral de la Encuesta de Población Activa que elabora el INE, en el pasado año, de los 3,8 millones de personas de entre 50 y 74 años que recibieron por primera vez una pensión de jubilación, apenas 184.800 siguieron trabajando seis meses después. Son únicamente el 4,85%.
En España, en diciembre de 2023, había 15,764 millones de personas de entre 50 y 74 años, de los que el 24,15% del total, los 3,8 millones aludidos anteriormente, recibían algún tipo de pensión contributiva, y 11,87 millones, el 75,3%, que no recibían pensión alguna.
Opciones de los pensionistas
Circunscribiéndonos a quienes reciben algún tipo de pensión, la encuesta señala que el 68,5%, algo más de 2,6 millones de personas, decidieron en el mismo momento de la jubilación dejar de trabajar. Otros 972.200 (el 25,5%), no trabajaban siquiera; 68.100, continuaron en su puesto de trabajo sin cambio alguno, y 116.700 siguieron trabajando con cambios. De la cifra total, el 68,3% fueron hombres y el 31,7%, mujeres.
Algo menos de la mitad de las personas que decidieron seguir con su trabajo habitual no señalaron ninguna razón concreta. El 18,8%, cerca de 35.000 personas, aseguraron en la encuesta que “el trabajo era necesario para obtener ingresos adicionales”; otros 31.800, el 17,2%, contestaron que “les gustaba trabajar y ser productivo”, y 20.500, el 11%, destacaron que querían “permanecer socialmente activo”. En el caso de las mujeres, la principal razón, es la necesidad de obtener ingresos adicionales para poder mantener el nivel de vida. Apenas un 7,5% de las respuestas se decantaban por “estar socialmente activa”.
Las razones para dejar de trabajar no están tan dispersas como en el caso contrario. Se concentran en más de sus dos terceras partes en “cumplía los requisitos para jubilarme”. Eso han respondido 1,822 millones de los 2,6 millones que optaron por esta opción. En el caso de las mujeres el porcentaje sube al 71,68% y en el de los hombres, al 68,6%.
A partir de este argumento hay otros cuyos porcentajes destacan, pero que están muy distanciados del razonamiento principal. El más utilizado, con el 10,48% de las contestaciones, es “la enfermedad o incapacidad propia”. Le siguen a continuación “había alcanzado la edad máxima de jubilación”, con el 6,52%, y “otras razones relacionadas con el trabajo”, con el 6,25%. Apenas un 1,28% de los que optaron por dejar de trabajar aluden a “una situación financiera favorable para irse” y un 1,5% a “responsabilidades de cuidado u otras razones familiares”.