Un nuevo terremoto empresarial se avecina en Cataluña si el preacuerdo entre ERC y el PSC para sacar a Cataluña del régimen común de financiación acaba materializándose. Las empresas temen la inseguridad jurídica que el pacto fiscal puede generar.
La intención es que la Agencia Tributaria catalana asuma progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Cataluña, es decir, que gestione el 100% del IRPF, así como el IVA y el Impuesto de Sociedades que pagan las empresas.
Más allá de la gestión, también contempla el traspaso de la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos cobrados en la región. La Hacienda catalana tendrá acceso a todos los datos de los contribuyentes, dando carta blanca para inspeccionar y sancionar.
Esta es una de las consecuencias que preocupan a las empresas domiciliadas en Cataluña. También la posible subida de impuestos que puede llevar a cabo la Generalitat y, en último término, la deriva política y el proceso de independencia de la región.
Inseguridad jurídica
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido en un comunicado de que el preacuerdo entre ERC y el PSC supone un "menoscabo de la seguridad jurídica para el tejido empresarial español".
Esaú Alarcón, socio de Gibernau y profesor universitario en materia tributaria y contencioso-administrativa, asegura que "evidentemente involucrar a otro organismo público en la información de particulares y empresas generará inseguridad jurídica".
A esto se suma el hecho de que el preacuerdo tiene un dudoso soporte constitucional y requeriría una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), lo que añade incertidumbre a las empresas.
Subida de impuestos
Asimismo, el abogado fiscalista menciona el riesgo de que se eleve la presión fiscal en la región, que ya cuenta con una tributación elevada. "En Cataluña ha permanecido el Impuesto a Patrimonio con tipos elevadísimos y el tipo de gravamen del IRPF está 5 puntos por encima del de Madrid", recuerda.
"Este cupo catalán significará que podrá establecer su propia normativa, como el País Vasco, y lo más normal es que los tipos del Impuesto de Sociedades suban", opina Alarcón. Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, recuerda que en 2023 el Estado recaudó 7.304 millones de euros en Cataluña con este impuesto.
Hay que recordar, además, que Cataluña es la región que más impuestos propios tiene, 15 en total, con los que recaudó 863,77 millones en 2021. Madrid, por el contrario, carece de estos gravámenes propios.
Fuga de empresas en Cataluña
Por último, algunas empresas verían este preacuerdo sobre la Hacienda propia como "la antesala de una futura petición de independencia de Cataluña y salida de la UE", apunta Esaú Alarcón. En este sentido, advierte de que "puede haber una fuga masiva de empresas y particulares".
Desde finales de 2017, cuando tuvo lugar el referéndum por la independencia de la región, son ya más de 10.000 las empresas que han trasladado su sede social desde Cataluña a otra comunidad autónoma. Los movimientos de sedes fiscales no son públicos, pero lo habitual es que vayan de la mano.
En el mismo periodo han aterrizado en la región desde otros puntos de España un total de 4.761. Es decir, la pérdida neta asciende ya a 5.355. La gran 'fuga' se produjo en el cuarto trimestre de 2017, cuando 2.536 empresas sacaron de Cataluña su sede social, frente a las 548 que se instalaron.
Sanciones por ingeniería fiscal
A principios de año Junts, la formación de Carles Puigdemont, presionó al Gobierno con su apoyo en el Congreso para reformar la ley de Sociedades de Capital y sancionar a las empresas que salieron de Cataluña por el procés y rechacen regresar. Un debate que no ha desechado.
Precisamente, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha avenido a colaborar en esta línea. Lo hizo tras el pacto con Junts, en boca de María Jesús Montero, Pilar Alegría y Carlos Cuerpo, que apuntaron a hacer una interpretación estricta y aumentada de lo que establecen la Ley de Sociedades de Capital y la Ley General Tributaria y plantearon sanciones incrementadas.
Montero y Alegría se enredaron en unas declaraciones algo crípticas sobre vigilar que las empresas fugadas no hagan "ingeniería fiscal". El problema era que no cabe la ingeniería fiscal de empresas entre comunidades, ya que el Impuesto sobre Sociedades es igual en todas menos en las Forales. Esto era así entonces, antes de que en el pacto con ERC se le ceda a Cataluña esta potestad. Ahora se abren nuevos caminos de control a las empresas.