Transporte

El Gobierno trabaja en fórmulas jurídicas para frenar la OPA de Magyar por Talgo tras el "no" de Criteria

El Ejecutivo no encuentra un socio industrial para evitar que el fabricante de trenes acabe en manos húngaras. Se empeñará en torpedear la operación.

La húngara Magyar Vagon lanza su OPA sobre Talgo sin contar con el visto bueno del Gobierno
Tren de Talgo Europa Press

El culebrón tras la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de la empresa Magyar Vagon por Talgo sigue su curso, con un invitado que no quiere que el romance acabe en boda. Es el Gobierno, pero no encuentra el modo de frustrarlo.

Desde el Ejecutivo se han mantenido contactos con Criteria como socio industrial para mantener la españolidad de la compañía, pero el brazo inversor de La Caixa no está convencido de liderar una contraopa. Tal y como publicó este medio, en el seno del hólding presidido por Isidro Fainé se da prácticamente por imposible entrar en la ferroviaria española pese a la presión de Moncloa.

Otras fuentes próximas a las conversaciones dan por hecho que el hólding se bajará de la operación al no encontrar un socio industrial. Hasta ahora, medía al milímetro los tiempos mientras se negocia la opa conjunta con Abu Dabi para controlar Naturgy y frenar la entrada del Gobierno, como ha ocurrido en Telefónica. Fuentes oficiales de Criteria no hicieron comentarios al respecto.

El brazo inversor de La Caixa rechaza Talgo tras apostar por otras grandes del Ibex. Acaba de entrar en ACS y Colonial y ya prepara duplicar su apuesta en Telefónica hasta tomar el 10% del capital, justo el paquete con el que se ha hecho la SEPI para contrarrestar el desembarco de Arabia Saudí. Movilizará unos 5.000 millones teniendo en cuenta su inversión para la opa de Naturgy y en Puig.
El hólding presidido por Fainé dispone de munición de al menos 6.000 millones entre caja, dividendos y planes de venta en Saba y Cellnex. Y también tiene margen para endeudarse para su plan retorno al Ibex y reconfigurar su cartera industrial.

Llegados a este punto y más allá de las empresas, Moncloa estudia fórmulas legales que se puedan activar para torpedear la operación. Según aseguran fuentes próximas a la operación, se estudia cualquier vía que mantenga la españolidad de Talgo.

Tras hacerse pública la OPA por 619 millones de euros (cinco euros por acción), el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró que el Gobierno defendería los "intereses estratégicos" de España. El temor en Moncloa son los posibles nexos con Rusia de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro.

Contactos fracasados

La OPA se formalizó durante los primeros días del mes de marzo y el Ejecutivo avanzó en sus movimientos de ficha. En su día la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que se estaba en contacto permanente con empresas españolas "muy importantes y cotizadas" para armar una alternativa a la compra de Talgo por los húngaros.

Entre las empresas con las que habrían contactado está la citada Criteria, pero también se mantuvieron con CAF, Stadler y Alstom, pero casi dos meses después ninguna ha dado el paso y en el horizonte cada vez se ve más claro que la solución podría ser de tipo legal.

El escudo antiopas

El escudo antiopas fue activado por el Gobierno durante la pandemia del coronavirus. Con la caída de los mercados, la valoración de muchas empresas se desplomó. Por ello, era crítico proteger a las empresas españolas consideradas como estratégicas de la entrada de capitales extranjeros que hicieran perder su españolidad.

A finales de 2022 el Ejecutivo decidió prorrogar el fin de su aplicación. Lo hizo, en concreto, a dos años vista, hasta finales de este año. De esta forma, si una empresa extranjera se lanza a comprar más del 10% de una corporación española cotizada y considerada como estratégico, el Ejecutivo tiene la facultad de impedirlo.

En el caso de que las entidades a las que quiere acceder el capital extranjero no estén cotizadas el Gobierno tendrá potestad para intervenir aquellas adquisiciones que superen los 500 millones de euros.

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