Economía

La marcha de Trasmediterránea de Canarias deja en evidencia al expresidente insular y ministro de Sánchez, Ángel Victor Torres

La familia canaria fundadora de Armas asiste en silencio a la recomposición del capital del grupo al tener los fondos el 94% del capital de la naviera

Trasmediterránea cambia de sede, Canarias pierde peso
Trasmediterránea cambia de sede, Canarias pierde peso

El velero de nombre Bluemoona del presidente del Grupo Naviera Armas Trasmediterránea, el empresario insular Antonio Armas Mead, ha fondeado esta semana en el entorno de las islas Fiyi y al norte de la isla de Tonga.

Este dato pone de relieve que el compromiso de mantener sede ejecutiva que los fondos aseguraron en 2023 al entonces presidente de Canarias y hoy ministro Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, es cosa del pasado: Armas Mead carece de poder ejecutivo, aunque tiempo tiene hasta el 28 de junio para acudir con sus poderes a la junta de accionistas extraordinaria sobre la que tiene el 6% del accionariado y la presidencia.

El negocio financiero del transporte marítimo regulado de las rutas Canarias-Península no se dirime en el puerto de Las Palmas. En el orden del día: cambio de domicilio social de la empresa madrileña. La oficina de prensa no ha respondido a la petición de información y Puertos de Las Palmas ha indicado este viernes a Vozpópuli que es "una decisión privada".

La junta de accionistas la convocó el administrador único de Trasmediterránea, Kent Stig Hagbarth, ex Maersk, antes de abandonar la sociedad tras apenas un año en el puesto. En el orden del día se establece el nombramiento de nuevos administradores y el "traslado de domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales".

Los Armas han perdido el control de la gestión de la empresa y ese proceso se aceleró con la muerte fulminante y nunca aclarada del presidente de la sociedad, Antonio Armas Fernández. "Quiero enviar un mensaje de absoluta tranquilidad y continuidad de Naviera Armas Trasmediterránea", dijo Armas Mead, el heredero del grupo, tras el funeral celebrado en la Catedral de Las Palmas en marzo de 2022.

Los acreedores han ido ganando terreno desde que en 2023 el Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas resolvió dar luz verde al plan de reestructuración Grupo Armas Trasmediterránea de los bonistas para salvar la posición financiera y asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

El plan pactado entre acreedores y familia Armas incluía un alargamiento de los plazos de pago de la deuda 483 millones de euros a 193 millones de euros. Se sumaba a todo esto una prórroga del vencimiento hasta diciembre de 2026 y una condonación de una gran parte de la deuda financiera no garantizada para generar un balance saneado.

La naviera canaria espera volver a beneficios en 2024 y reforzarse financieramente en 2025 con unas ventas por valor de 569 millones en ventas. En combustible, el grupo naviero Armas Trasmediterránea gasta 130 millones de euros cada año. Sus principales acreedores son los fondos JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital y Tresidor que, entre otros efectos para recuperar su inversión, han inyectado 73,3 millones de euros atender demandas de dinero. Para mejorar su nivel de gasto, Armas Trasmediterránea concentra desde esta primavera en el puerto de Cádiz sus operaciones de carga y pasaje entre la Península y Canarias, dejado el puerto de Huelva, donde había estado operando desde 2011

Multa

Este 2024 ha abonado una multa de 450.000 euros por incumplir los compromisos contraídos con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en relación con los tráficos entre la Península y Canarias y en los interinsulares cuando compró Trasmediterránea.

Según ha informado Competencia, la empresa incumplió parte de los compromisos presentados como condición para autorizar la concentración, en mayo de 2018. En mayo de 2018 la CNMC autorizó la compra de Trasmediterránea por Naviera Armas con el compromiso de que una tercera compañía, la alemana FRS, comenzara a operar en las rutas donde estaba presente Naviera Armas.

Argumentó la CNMC que la operación creaba un monopolio en el tráfico marítimo de pasajeros en la ruta entre la península y Canarias y suponía riesgos para la competencia en el transporte marítimo de carga y pasajeros en los enlaces entre el sur de la península y Melilla y en los interinsulares canarios, ya que desaparecía un competidor relevante.

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