Nuevo varapalo del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE). Señala a España como el peor ejecutor de fondos UE estructurales pertenecientes al periodo 2014-2020. Según refleja en un análisis reciente consultado por Vozpópuli, no sólo es el que menos dinero ha absorbido sobre el total que le corresponde, también el que más errores ha cometido en la ejecución.
A finales del año pasado España tenía 11.000 millones de euros "pendientes de absorción", es decir, de solicitar a la Comisión Europea. Representaban un 26% del total, lo que significa que había recibido un 74% de todo lo asignado. Son los peores niveles, tanto en términos absolutos como relativos, de todos los Estados miembros.
España es el tercer país de la Unión Europa con más presupuesto asignado a través de estos fondos europeos estructurales 2014-2020 con 45.000 millones, sólo por detrás de Polonia (79.000 millones) e Italia (49.000 millones). Italia ha absorbido, según los datos difundidos por el TCE, un 78%; Polonia, un 99%; y en general, la media de la UE está en el 90%.
El apoyo financiero se presta a través de tres fondos principales, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo Social Europeo (FSE), y se comaplementa con la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).
En el documento, el Tribunal de Cuentas Europeo sitúa a España también como el país con más errores identificados por el organismo en la ejecución de los fondos UE estructurales, y no detectados previamente por las autoridades de los Estados miembros. El TCE ya había puesto el foco en este asunto en informes previos, exigiendo que se recuperen "con rapidez" los gastos indebidos.
En concreto, España destaca por asignar fondos UE a "proyectos no subvencionables", advierte el Tribunal de Cuentas Europeo. También destaca por realizar gastos no subvencionables (por ejemplo, que los participantes no cumplieran los requisitos), que fue "el tipo de error más significativo detectado por todos los auditores entre 2018 y 2022, tanto numéricamente como por impacto financiero".
Como caso "típico" de este error en la adjudicación de los fondos europeos estructurales en el periodo 2014-2020, el TCE pone un ejemplo localizado en España. Bajo la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), subvencionó contratos de empleo para jóvenes clasificados como NEET (que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación).
"Ocho de los treinta candidatos cuyas solicitudes comprobamos, estaban, en el momento de la solicitud, empleadas en otra universidad o cursaban estudios de posgrado en la universidad contratante, lo que significa que no cumplían los requisitos de la condición de NEET, por lo que los gastos correspondientes no eran subvencionables", explica.
En su informe anual sobre la ejecución del Presupuesto de la UE de 2022 (publicado en octubre del año pasado) ya puso ejemplos de mala práctica en España, entre otros países, al usar fondos UE para gastos ordinarios, pese a que lo prohíbe expresamente el reglamento comunitario. En aquel momento amplió el análisis también al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), los fondos europeos impulsados tras la pandemia.
Puso el ejemplo de un proyecto de la Agencia Tributaria impulsado en 2021 con cargo al MRR para fomentar la divulgación por las empresas multinacionales de información sobre sus operaciones. Esto, según el Tribunal, había sido un gasto presupuestario nacional ordinario desde 2017. En el terreno de los fondos estructurales, también apuntó a una compra de mascarillas por parte del Ministerio de Sanidad en 2020 con cargo al FEDER.
Un año para gastar los fondos UE
La fecha límite marcada por Bruselas para incurrir en gastos financiados por la UE con los fondos pertenecientes al periodo 2014-2020 era el 31 de diciembre de 2023 (después de que se dieran tres años de gracia), pero tenía hasta el 1 de julio de 2024 de este año para declarar gastos efectuados en fecha y solicitar el pago final.
Sin embargo, tal y como informó Vozpópuli, ese plazo se ha prolongado un año más, hasta el 30 de junio de 2025. Los gastos son elegibles hasta el 31 de diciembre de 2023, pero la fecha límite para enviar declaraciones de gasto a Bruselas del periodo 2014-2020 es el 30 de junio de 2025, tal y como informaron desde el Ministerio de Hacienda a este medio.
Esta modificación legislativa, según confirman fuentes de la Comisión Europea a este periódico, entró en vigor a finales de febrero. Esto da más margen a los funcionarios de Hacienda para localizar gastos realizados hasta diciembre de 2023 que sean subvencionables a través de estos fondos UE y no se hayan declarado aún.
Fuentes conocedoras de la situación habían informado a Vozpópuli de que el Gobierno estaba presionando para que se ampliara el plazo de justificación un año y no se perdieran fondos, como al final ha ocurrido. De hecho, las mismas fuentes apuntaban que el deseo de Hacienda era lograr un plazo adicional para ejecutar con cargo al programa 2014-2020, a lo que países como Holanda se opusieron frontalmente.
Estos fondos europeos son sólo una mínima parte de lo que España deberá ejecutar en los próximos años. Con motivo de la pandemia, la UE lanzó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU, dotado con 740.000 millones, de los que 390.000 se repartirán entre los países en forma de subvenciones y los 360.000 restantes, en forma de préstamos 'blandos'.
España será el país más beneficiado a través de subvenciones si va cumpliendo los hitos y objetivos que ha pactado con Bruselas a cambio del dinero, plasmados en el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Está previsto que reciba unos 80.000 millones en transferencias no reembolsables, a los que podría sumar otros 84.000 millones en forma de préstamos. En total, más de 160.000 millones.
Finalmente, están los próximos fondos europeos 2021-2027. De nuevo, España es el tercer mayor beneficiario (sólo por detrás de Polonia e Italia) y alcanza una asignación financiera de ayuda UE de 36.682 millones, a los que se suma la aportación nacional de 23.039 millones. En total, se prevé una inversión de 59.722 millones.