El anuncio ha sorprendido por igual dentro y fuera de la capital belga: la Comisión Europea ahorrará al Gobierno español el bochorno de engrosar la lista de países a los que abrirá un procedimiento de déficit excesivo. Lo que llama poderosamente la atención de economistas y europarlamentarios es la 'fe ciega' del Ejecutivo comunitario. Y es que Bruselas ha librado a Pedro Sánchez del 'agravio' sin argumentos sólidos, ciñéndose a la promesa de Moncloa de embridar el déficit y la deuda este año y el siguiente.
Fue el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien dio la buena noticia este miércoles al ministro español del ramo. Carlos Cuerpo, casi recién llegado, podrá desarrollar su mandato sin el estigma que sí cargarán seis países de la Eurozona: Francia, Italia, Bélgica, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Malta. Todos serán sometidos en otoño al mencionado procedimiento por lucir niveles desbocados de déficit y de deuda.
España incumple por mucho el segundo parámetro, con una deuda pública equivalente al 109% del PIB (1,16 billones). Tampoco se ajustó al primero en 2023, con un déficit del 3,6% (seis décimas por encima de lo permitido). Pero lo que cuenta es el indicador de este año, por el regreso de las reglas fiscales. El Gobierno asegura que lo ajustará al 3% y al 2,5% en 2025.
Tanto en Bruselas como en Madrid abundan las dudas sobre la senda que ha dibujado el Ejecutivo. Hay múltiples razones para cuestionar el compromiso de Moncloa y el optimismo de la Comisión Europea, en funciones desde las elecciones del 9 de junio.
El Banco de España aportaba las primeras pistas en su Informe Trimestral sobre la economía, publicado dos días después de los comicios europeos. La institución advierte que el cumplimiento de las reglas fiscales "requerirá del diseño y la ejecución de un plan de consolidación fiscal a medio plazo" que permita una corrección "más acusada" del déficit público estructural. El mismo informe resalta que en el primer trimestre "el gasto público en prestaciones sociales y en consumo aumentó un 6,5% y un 6%, respectivamente". Con un añadido: "la segunda de estas cifras aún no recoge la subida fija del 2% que se prevé para los salarios de los empleados públicos este año".
Los economistas saben que el déficit estructural es el más difícil de limar, al sustentarse en partidas de gasto que han quedado 'enquistadas'. A esa losa se suman facturas tan pesadas como la de las pensiones, agrandada por la indexación al IPC. Y otras como las ayudas lanzadas por la pandemia o contra la inflación. Cuando Sánchez llegó al poder, en 2018, el gasto público ascendía 503.000 millones. Al cierre del pasado año rozaba los 679.000 millones, 176.000 millones más. Sólo el pasado año creció un 6,4%.
Tal volumen de gasto lleva a organismos independientes como la AIReF a cuestionar la previsión de déficit del Gobierno. Este jueves, su presidenta, Cristina Herrero, volvió a confirmar lo que ya había expresado por escrito: el déficit podría retroceder, como mucho, al listón del 3% este año, pero se estabilizará por encima del 3,2% a medio plazo en ausencia de medidas correctoras. Y habida cuenta de que la reducción del desequilibrio presupuestario se está produciendo no por el recorte del gasto, sino gracias a la mayor recaudación que ha propiciado un factor absolutamente coyuntural: la inflación.
Las promesas de Sánchez con la economía
¿Son creíbles las promesas de Sánchez sobre el déficit? "Con un Gobierno tan inestable e incapaz de conseguir los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados, es poco probable la aprobación de unos nuevos presupuestos que mantengan la senda del déficit en trayectoria descendente", reflexionaba la eurodiputada Eva Poptcheva, en un hilo muy clarividente publicado en X. Recuerda, además, que la comparativa con Francia -señalada por Bruselas- "no debe ser motivo de consuelo para España". "Francia está en alerta roja, pero España sigue en alerta amarilla", asegura Poptcheva.
"Se está produciendo un agravio comparativo al sacar a un país del protocolo en base estimaciones", precisa el economista Daniel Lacalle. El economista jefe de Tressis recuerda que la Comisión Europa fue mucho más estricta a la hora de valorar los planes que presentaron en su día los gobiernos de Mariano Rajoy o de José Luis Rodríguez Zapatero. Y añade otros puntos que distorsionan la senda de recorte de déficit, como la entrada de fondos europeos y, por supuesto, "el factor exógeno de la inflación", con su correspondiente impacto en los ingresos.
El hecho de que Italia, gobernada por Giorgia Meloni, esté ahora también en el punto de mira de Bruselas lleva a Lacalle y otros economistas a poner sobre la mesa el elemento político. Lo cierto es que el 'perdón' de la Comisión Europea a España permite a Carlos Cuerpo sacar pecho y da a Moncloa argumentos para hacer 'propaganda'. Sánchez se apunta así un titular beneficioso en un momento especialmente delicado para la coalición.
A nadie se le escapa que el Gobierno no tiene Presupuestos, ni margen para hacer ajustes por las exigencias de sus socios parlamentarios. Al contrario, la presión se traducirá en nuevas facturas para el Estado, como la condonación de deuda a Cataluña o la creación de un cupo 'a la vasca' para la Generalitat. El Ejecutivo también ha tirado de chequera para aumentar su influencia en las empresas. Sólo el desembarco de la Sepi en Telefónica ha costado 2.000 millones.
Pese a todo, la Comisión Europea se ha mostrado permisiva. "Es evidente que la decisión de excluir a España del protocolo de déficit excesivo tiene un trasfondo político claro", reflexionan fuentes del Europarlamento. "Ursula Von der Leyen necesita a Pedro Sánchez y los votos de los socialistas europeos para renovar al frente de la Comisión". En Bruselas hay quien lo considera otro favor de la política alemana al presidente español. Que sea o no el último dependerá de si Von der Leyen revalida su cargo. Y de que Sánchez sea capaz de cuadrar las cuentas que ha prometido en medio del 'chantaje' de sus propios socios.