PSOE y PP, los dos partidos mayoritarios del Parlamento, han alcanzando un acuerdo para renovar en forma inmediata el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de más de cinco años de bloqueo e intensas negociaciones para salir de este endiablado laberinto. Se trata de una solución equilibrada, que satisface a ambas partes y que cuenta con las bendiciones de la Comisión Europea, en la persona de la vicepresidenta en funciones Vera Jourová, que actuó como la comadrona del fatigoso parto este martes en Bruselas.
Las tres principales conclusiones son que se trata de un buen acuerdo, idéntico al que habría podido producirse en cualquier momento desde 2018 si el Gobierno no hubiese forzado tanto sus vetos o no hubiese estado tan condicionado por sus socios y su pretensión de dar un vuelco ideológico al poder judicial para un control político total. En segundo lugar, es notorio que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sale bien parado de la enésima encerrona de Sánchez, que siempre se ha mostrado como un presidente político de discurso variable y decisiones no fiables. Y tercero, es notorio que a Sánchez se le abren profundas grietas con sus socios del separatismo, lo que convierte en imprevisible la legislatura y aviva la tesis de que el presidente podría convocar elecciones generales en otoño.
La clave del desatasco consiste en algo tan elemental como es el reparto natural y obvio en la designación de los veinte vocales del Gobierno de los jueces. Diez los elige el PSOE y los otros diez el PP. Se trata de nombres de relevante trayectoria profesional, la mayor parte de ellos jueces o fiscales y sin significación política reseñable. No habrá, pues, a tenor de los primeros datos que ha trascendido, incorporaciones de las formaciones nacionalistas o de los partidos de la extrema izquierda, como hasta ahora. Este nuevo Consejo será el encargado de designar a su presidente, podría ser una mujer, de acuerdo con las versiones que han circulado en los últimos días.
El aspecto positivo de este acuerdo, al margen del propio hecho en sí de que se pone punto final a una situación insostenible, es que se devuelve a los jueces la iniciativa de los nombramientos, abortada por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Felipe González en 1985 y que ni Aznar ni Rajoy, con sus mayorías absolutas, quisieron enmendar.
El pacto de Bruselas incluye también otras iniciativas en la buena dirección de avalar la independencia del poder judicial y del Estado de derecho, tan tambaleante en nuestro país bajo la sombra del sanchismo. Así, no podrán acceder al cargo de vocales o de fiscal quienes hayan ejercido cargo político en los cinco últimos años y se precisará una antigüedad de 20 años en la carrera para aspirar a una vocalía. Es decir, no se podrá repetir un caso como el Dolores Delgado, de ministra de Justicia a fiscal general del Estado en 24 horas.
Este nuevo Consejo, por encargo de la Comisión Europea, y siguiendo las demandas insistentes del PP, procederá al estudio de un sistema de elección para presentarlo a Cortes en el plazo de seis meses y en el que se establezca la fórmula para que sean los jueces y magistrados quienes designen a los doce consejeros de procedencia judicial
Este nuevo Consejo, por encargo de la Comisión Europea, y siguiendo las demandas insistentes del PP, procederá al estudio de un sistema de elección para presentarlo a Cortes en el plazo de seis meses y en el que se establezca la fórmula para que sean los jueces y magistrados quienes designen a los doce consejeros de procedencia judicial. La satisfacción expresada por González Pons y Bolaños en la presentación de las conclusiones de sus trabajos evidenciaba el alivio en sus respectivos partidos a la hora de valorar el proyecto, que cuenta ya con los reproches y críticas tanto de los socios del PSOE en el Gobierno como de Vox, que han subrayado con horror este retorno del bipartidismo que ya celebraban como fenecido.
Tan elemental y obvia era la resolución de este galimatías que se antoja sumamente extraño el proceder que con el que hasta ahora actuaba el PSOE, imponiendo condiciones, subrayando exigencias y vetando alternativas en una actitud muy poco propicia para el entendimiento. Tampoco resultaba razonable el ultimátum que el presidente del Gobierno lanzó a la oposición hace unos días desde el Congreso en el que urgía a una solución antes de fin de mes o, caso contrario adoptaría una solución unilateral a este problema.
Gana la independencia judicial, gana el Estado de Derecho, se alejan los riesgos de tormenta en la cúpula del gobierno de los jueces y se le complica levemente a Sánchez su voluntad de manosear la designación de los miembros más relevantes del aparto judicial. Bruselas parece haber influido decisivamente en esta solución, que supone una mínima dosis de normalización en la relación de las dos fuerzas mayoritarias de este país. Con Sánchez no es posible la confianza en absolutamente nada, pero, al menos, habrá que celebrar este mínimo espejismo.