El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido a su derecho a no declarar como testigo en el proceso penal abierto por el juez Juan Carlos Peinado, entre otros, contra su esposa, Begoña Gómez. Sánchez optó por acogerse a la prerrogativa legal, y voluntaria, que le permite no declarar contra su cónyuge porque cualquier testimonio, cualquier error cometido, podría perjudicarla. Esa está siendo la estrategia de defensa de Begoña Gómez, y ahora por extensión, de Pedro Sánchez. El silencio. Se han encomendado a no aclarar nada sobre las graves imputaciones delictivas que pesan indiciariamente sobre ella, y prefieren no ofrecer ni una sola explicación, ni dar cuenta de ninguna adjudicación, de ningún contacto, de los vínculos empresariales con sus amistades, o de la lluvia de dinero público en forma de contratos. La explicación a todo ello es que Begoña Gómez, defendida por el exministro socialista Antonio Camacho, solo parece buscar la nulidad del proceso y alegar indefensión.
Sin embargo, el silencio no ayuda precisamente a quien sostiene en público que su mujer es honrada, que es una profesional honesta y que no tiene nada que ocultar porque todo lo que hace en su ámbito laboral es lo propio de un ciudadano particular con derecho a ganarse la vida. Si no hay nada de lo que defenderse ni de lo que arrepentirse, lo razonable es explicarse. Y más, ante un juez. En cambio, el Gobierno ha optado por criminalizar al juez, desprestigiarle de forma insultante dudando de su capacidad, e iniciar campañas insidiosas y persecutorias. Incluso, por querellarse contra él, como ha anunciado el Gobierno de Sánchez, por prevaricación, con el único objetivo de apartarlo de la causa como sea. Así, la percepción ya no es simplemente la de una ciudadana que se defiende en silencio ante una acusación tan seria como el tráfico de influencias o la corrupción en los negocios, sino la de un férreo aparato de poder que busca impunidad e inmunidad sin sentir la necesidad de ofrecer explicaciones. Y apartando, con el tono amenazante de una querella, a quien puede hacerle frente desde la independencia de su trabajo como magistrado.
Callar ante la corrupción no debería ser una opción para ningún gobernante, y menos aún para precisamente en quien llegó al poder a lomos de una moción de censura construida justo con un mensaje de regeneración política y contra esa misma corrupción. La negativa de Sánchez a declarar solo demuestra, más allá de que sea su derecho, una voluntad de atrincheramiento en el poder en defensa propia y de su mujer. Y eso no debería ser asumible en quien ha utilizado en su discurso público las penas de telediario y las condenas preventivas contra los Gobiernos del PP cuando estaba en la oposición. Sánchez vuelve a incurrir en una doble vara de medir. O triple, porque conviene no olvidar que, aparte de Begoña Gómez, también está imputado en un procedimiento penal su hermano David Sánchez, beneficiario como mínimo de oscuros privilegios salariales y laborales en la Diputación de Badajoz.
La negativa de Sánchez a declarar solo demuestra, más allá de que sea su derecho, una voluntad de atrincheramiento en el poder en defensa propia y de su mujer
El silencio de Sánchez ante el juez contrasta dramáticamente con su capacidad de otorgar prebendas y privilegios ilegales a socios como ERC, al que ha entregado para Cataluña auténticas estructuras de Estado a cambio de la investidura del socialista Salvador Illa. No es la primera vez que Sánchez y sus socios separatistas maquillan palabras como “concierto” o “solidaridad” para encubrir una prohibida cesión del Estado a una autonomía. En esta ocasión se trata de un auténtico pacto fiscal de privilegios en detrimento de las comunidades del resto de España. El auténtico principio de solidaridad entre regiones españoles quedará derribado con esta investidura y Cataluña asumirá toda, absolutamente toda, la recaudación tributaria, generando así un oasis insólito en España similar al ‘concierto’ del Estado con el País Vasco. Con una diferencia: este es constitucional y el catalán, abiertamente no.
Sánchez sólo tiene una premisa: sobrevivir en el poder a costa de lo que sea, aunque eso suponga el desmantelamiento del Estado que nació del régimen de 1978. Si a eso se añade el constante intervencionismo político sobre las instituciones, la colocación de auténticos comisarios en las entidades determinantes de este país, y su voluntad permanente de pervertir la legalidad, el resultado no puede ser más que un destrozo monumental al andamiaje constitucional español. Si no hay respeto por la separación de poderes, si se conculcan libertades, si existe un doble rasero contra la corrupción, y si cada chantaje del separatismo se convierte en un acto que Sánchez acoge con satisfacción y sin los más mínimos anclajes de ética pública, el problema ya no lo tienen el presidente del Gobierno o el PSOE. Lo tienen todos los españoles, que ven cómo se está desvirtuando mediante la coacción y la claudicación un sistema político que ha rendido extraordinarios frutos en los últimos 45 años. Sánchez se ha propuesto imponer un proceso neoconstituyente en el que el separatismo ordena y él obedece con tal de perpetuarse en La Moncloa. La perpetuación en el poder invoca también otros trágicos paralelismos. Por ejemplo, el de Venezuela. Es insólito que el presidente del Gobierno español no haya tenido aún una sola palabra en favor de las libertades del pueblo venezolano contra el fraude acreditado que el régimen de Nicolás Maduro ha protagonizado en las urnas. Su silencio contra el ‘pucherazo’ es otro silencio premeditado, escogido, deliberado. En su día encubrió el escándalo del ‘Delcygate’ poniendo nuestra política exterior a los pies de los caballos, y se negó a recibir a Juan Guaidó cuando lideraba la oposición en Venezuela. Lo valiente sería sumarse a las evidencias del fraude cometido ahora. Porque callar es otorgar.
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