Este jueves, 30 de mayo de 2024, será siempre un día aciago en nuestra democracia, un día tóxico en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha permitido la aprobación de una amnistía ilegal, contraria al espíritu y la letra de la Constitución, vulneradora de la igualdad entre españoles, y sostenida solo sobre la base del oportunismo político: el que permite a Sánchez los votos necesarios para seguir en el poder a toda costa. No hay nada de reconciliación, convivencia o concordia en esta ley. Esa es la farsa argumental con el que la izquierda pretende subvertir el orden constitucional en España, abrir la puerta a un referéndum separatista y, lo que es más grave aún, que el Estado tenga que pedir perdón a unos delincuentes que han redactado su propia amnistía por haber intentado dar un golpe institucional que fracture España.
La de la amnistía no es una ley más. Es una humillación del Estado y al Estado por decisión de un presidente que pretende aplicar al separatismo exactamente lo contrario de lo que siempre sostuvo. No es un perdón por intereses democráticos. Es una claudicación indecente, una renuncia al principio de legalidad, y un golpe inédito a nuestro sistema judicial y a su independencia. No es política. Es sometimiento. Es una ley de impunidad para que Sánchez siga en el poder a cualquier precio, aunque ello suponga la rehabilitación como líderes de individuos que se han propuesto segregar a una parte de España de la nación, o incluso la aceptación de un huido de la Justicia durante siete años como una suerte de héroe que se ha impuesto a un Estado represor y a un sistema judicial injusto.
"Es una ley de impunidad para que Sánchez siga en el poder a cualquier precio
Una vez más Sánchez eludió parcialmente el debate de la que va a ser su ley más vergonzante. Apareció tarde en el Congreso y evitó dar la cara en su escaño mientras los independentistas se vanagloriaban de haber doblegado al Estado de derecho. No es la primera vez. Es una conducta recurrente en Sánchez, que además había forzado a todos sus diputados a pernoctar en Madrid para asegurar que la votación no se frustrara por lo ajustado de los votos. Sánchez incurre en un menosprecio inédito a los españoles en democracia. Además, son muchos los sondeos que reflejan que una mayoría de votantes socialistas son contrarios a la amnistía, más aún cuando ni los beneficiarios han pedido perdón, ni se han comprometido a renunciar a vías unilaterales futuras para declarar la independencia de Cataluña.
Esta ley implica el reconocimiento del Estado de que nunca debió combatir con la vía del castigo penal o administrativo una embestida contra la unidad territorial. Implica que el Estado obró mal, y eso no sólo no es cierto, sino que demuestra hasta qué punto de sumisión está dispuesto a llegar Sánchez. Implica, como ha dicho Gabriel Rufián (ERC), el final del régimen de 1978, que tantos frutos y progreso ha dado a España. Implica que una forma de ‘soberanía popular’ sustituye legislativamente a la ‘soberanía nacional’. Implica una infamia y la corrupción moral y ética de quienes la ha redactado. E implica una subversión del orden de cosas que España se concedió, con éxito, para convertir nuestro sistema en una Monarquía parlamentaria avanzada basada en la unidad de España. Esta ley es la llave de un candado que legitima al separatismo. Hoy es el día en el que las instituciones del Estado que aún no han sido colonizadas por el sanchismo deben reaccionar para impedir la aplicación de una amnistía injusta, desigual, rechazada antes por el propio partido que hoy la impulsa y celebra, el PSOE, y, sobre todo, humillante.