Con el conocimiento del informe pericial solicitado por el juez Andreu ha estallado una bomba de racimo que afecta a dos Gobiernos, el anterior del PSOE y el actual del PP, a las autoridades del Banco de España, a los responsables de la CNMV, a la compañía auditora, al FROB etc., etc. Prácticamente todos aquellos que, por acción u omisión, hicieron posible la mayor estafa financiera de lo que llevamos de siglo, un fraude que, a su vez, es la culminación de la orgía especulativa que se adueñó de la economía y las finanzas españolas desde los tiempos de Aznar, con Rato como todopoderoso ministro de Economía. Los lectores podrán consultar el informe de los peritos, realmente espeluznante, producto de una iniciativa judicial que responde a la querella interpuesta en su día por UPyD, un partido hoy en horas bajas, pero al que hay que reconocer su valentía para instar un proceso que lleva camino de convertirse en la causa general no sólo de las finanzas españolas, sino también del contubernio entre lo público y lo privado que ha arruinado al país e hipotecado a sucesivas generaciones de españoles.
Para refrescar la memoria y resaltar las responsabilidades institucionales conviene recordar que Bankia fue la gran creación o el invento del gobierno Zapatero, con la ministra Salgado y su escudero el gobernador del Banco de España, el tristemente célebre Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alias MAFO, un tipo que para asombro de todos se ha ido de rositas hasta ahora. Hasta ahora. Tras organizar fusiones de Cajas de Ahorro a troche y moche, juntos culminaron su hazaña transformándolas en bancos y “estimulando” su salida a Bolsa. No conformes con las preferentes, se atrevieron con los mercados bursátiles, impulsando a los administradores de las cajas fusionadas, en éste caso la antigua Caja de Madrid, a probar fortuna en ellos.
Y la probaron, vaya que la probaron: en la primavera de 2011, la salida a Bolsa de Bankia se convirtió en el objetivo número uno no sólo del Gobierno, sino del “todo Madrid”. Un asunto de Estado, se decía, que produjo sonrojantes informes laudatorios “recomendando” comprar acciones a grandes empresas e incluso a otros competidores bancarios. Por supuesto, también se echó mano de los fieles y sufridos depositantes de la entidad aludida, gestionada en comandita por el PP y por lo más granado del establishment político y sindical.
Una triste y costosa historia española
Un año después, con el PP en el Gobierno, el ministro de Economía, Luis de Guindos, proclamó que el sistema financiero español tenía un presunto agujero de 50.000 millones de euros, febrero de 2012, que pensaba resolver forzando a las entidades a realizar nuevas provisiones, lo que haría innecesario recurrir a ayudas de ningún tipo, porque entre la capacidad de las propias entidades y los inversores que acudirían a suscribir capital el asunto quedaría resuelto. Pero esa ligereza declamatoria pronto fue desmentida por la realidad, lo que le obligó a tomar nuevas iniciativas que terminarían por precipitar, de forma desordenada, la caída de Bankia en mayo de 2012, dejando al Banco de España a los pies de los caballos y a los inversores en la ruina. El corolario fue el rescate de la Unión Europea de junio-julio de 2012, cuyo coste para los contribuyentes, aún por determinar, sin duda terminará siendo muy gravoso.
Es el resumen de una triste historia española, cuyo desenlace, como el de otras que la acompañan, se decidirá en los juzgados gracias a la iniciativa de un pequeño partido político, UPyD. Por nuestra parte, en el plano judicial, resaltar lo que importa: que se estudien todas las operaciones, particularmente las inmobiliarias, que consumieron los recursos propios de las Cajas –exigencia aludida en este diario de forma reiterada– mientras un nutrido grupo de “listos” se hacía millonario; que se averigüe dónde está el botín acumulado y quiénes han sido sus beneficiarios, intentando recuperar lo que hoy se da por perdido, y que los responsables del desastre, todos –incluido, naturalmente, el famoso MAFO o empezando por él– se sienten cuanto antes en el banquillo. En lo que al plano político respecta, poco que decir salvo reiterar lo obvio: los españoles disponen ya de un retrato a cuerpo entero de los responsables del contubernio, por lo que cuentan con mimbres suficientes para, de acuerdo con su leal saber y entender, obrar en consecuencia cuando les toque emitir opinión en las urnas.
