El ofrecimiento de la falsa “quita de deuda” que el Gobierno ha hecho en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a las autonomías por un valor total de 83.000 millones de euros no es solo la enésima concesión obscena del Gobierno al separatismo catalán para descapitalizar al Estado. Es una suerte de fraude de ley, una estafa piramidal edulcorada de buenas palabras que esconde una realidad alarmante: el Gobierno va a aceptar una quiebra de los principios de igualdad entre territorios españoles y de solidaridad entre las regiones, constitucionalmente consagrados, con tal de satisfacer a ERC y Junts, y así prolongar artificialmente una legislatura que está en punto muerto. Además, esta añagaza es solo la cobertura paralegal que permitirá en el futuro dar forma a la auténtica cuestión de fondo que amenaza a la unidad del Estado, la atribución a Cataluña de plenas facultades en materia fiscal, con un cupo a medida, que desprotegerá al resto del Estado y que predeterminará de facto una España federal o casi confederal.

El Gobierno mantiene argumentos falaces. No es cierto que cualquier condonación de la deuda de las autonomías suponga un beneficio para nadie. No le quita una parte de su hipoteca autonómica, o del pago de intereses de la deuda de su autonomía, a ningún ciudadano español. Lo que hace es sustituir esa deuda autonómica por una deuda de la Administración General del Estado. Pero el contribuyente es exactamente el mismo. Por eso, cuando varios ministros sugieren que es incomprensible que cualquier ciudadano se oponga a que se reduzca su deuda, no hacen sino contar una verdad a medias, lo que en realidad es mentir. La condonación de cualquier deuda supone simplemente cambiarla de sitio e hipotecar a generaciones futuras. No es una cuestión de generosidad global del Gobierno, sino de un modo de enmascarar un despropósito con visos de ser inconstitucional.

No es cierto que cualquier condonación de la deuda de las autonomías suponga un beneficio para nadie. No le quita una parte de su hipoteca autonómica a ningún ciudadano español

No es precisamente Felipe González un sospechoso de ser un peligroso derechista. Fue secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y un acreditado socialista. Pues bien, ha sostenido algo evidente. “No van a quitar nada de deuda a nadie, es mentira. La deuda la vamos a pagar de una manera o de otra entre todos”. Esta realidad es la que el Gobierno de Pedro Sánchez niega incluso con sorna, despreciando a las autonomías del PP y al propio ciudadano. No es solo una trampa, como argumentó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Es una suerte de estafa colectiva envuelta en bonitas palabras, un juego de trileros en el que la bolita de la deuda nunca desaparece, sino que es cambiada de sitio con un ánimo deliberadamente engañoso.

Esto solo tiene un resultado palpable. Antes de esta ‘oferta’ de condonación, los ciudadanos debían 1.600 billones de euros en deuda. Ahora, en efecto, seguirán debiendo 1.600 billones exactamente igual. Antes la debía como madrileño o extremeño, y ahora lo hará como español. ¿Qué parte de la hipoteca ‘perdona’ el Gobierno a nadie? Sencillamente recalifica el dinero de todos para que a la larga Cataluña se vea específicamente beneficiada. La prueba de ello es la vanagloria que un condenado por sedición como Oriol Junqueras demostró al presentar el acuerdo, apropiándose de él gracias al Gobierno de Sánchez. Y sobre todo, el mensaje que Junqueras lanzó a las demás autonomías: “Deseo que les vaya bien”. Eso sí, una vez garantizado el enésimo privilegio inconstitucional para Cataluña.

Es una suerte de estafa colectiva envuelta en bonitas palabras, un juego de trileros en el que la bolita de la deuda nunca desaparece, sino que es cambiada de sitio con un ánimo deliberadamente engañoso

La clave está en que el Gobierno ha decidido terminar de desestructurar al Estado español. Lo quiere convertir en una suerte de mercado persa en el que siempre gana el mismo: Sánchez, garantizándose los votos de ERC y Junts para sobrevivir hasta 2027 a costa de cualquier principio. El deterioro de nuestra democracia es elocuente. Lo paradójico es que nadie en el PSOE cuestione este ataque a la igualdad y a la soberanía fiscal, y a la concesión a Cataluña de estructuras de Estado sin modificar un solo aspecto de la Constitución. Cuando ganan Junts o ERC, o el PSC, que gobierna la Generalitat convertido en otro partido soberanista más, gana Sánchez, pero pierde España. Por eso tiene todo el sentido que las autonomías del PP abandonasen ayer el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No era una negociación, era un trágala contra millones de españoles a los que el Gobierno ha decidido considerar de segunda categoría, y a los que insulta en su inteligencia.

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