Gran alborozo, rozando del jolgorio, se ha desatado entre el personal patrio a cuenta de la supresión de las cláusulas suelo que algunos bancos se han visto obligados a aceptar por decisión de los tribunales de justicia, una medida que probablemente se extenderá al resto del sector con consecuencias muy favorables el bolsillo de miles de clientes afectados y muy negativas para las cuentas de resultados de las entidades implicadas. Nada hay que objetar al restablecimiento de la justicia y de la claridad en los contratos bancarios, pero sí resulta pertinente matizar esa general satisfacción con una reflexión acerca de los riesgos que la generalización de esa medida puede entrañar para los intereses colectivos, en tanto en cuanto la suma de irregularidades acumuladas por el sistema crediticio español –la última, las cláusulas suelo- y toleradas por las autoridades encargadas de su control, podría incrementar la factura a pagar por todos los españoles, convertidos por arte de birlibirloque en garantes últimos del rescate bancario, una rescate cuya ampliación ya ha sido imprudentemente anunciada por el gobernador del Banco de España, señor Linde. El peligro de lo que podría ocurrir se resume en un viejo refrán castellano: hacer un pan como unas tortas.
Los bancos españoles, aquellos que antaño jugaban en la Champions League, se encuentran en plena travesía del desierto como consecuencia del estallido de la burbuja crediticia y especulativa de la que fueron protagonistas destacados. Las pérdidas acumuladas han sido ingentes, el negocio se encuentra bajo mínimos y su margen de recuperación, especialmente el de aquellos centrados en exclusiva en el mercado nacional, es más que dudoso en el medio plazo. Esas circunstancias provocaron el rescate bancario de hace un año, la constitución del banco malo o Sareb y la asistencia financiera del BCE, cercana a los 300.000 millones de euros, para evitar el colapso. Entidades importantes han sido nacionalizadas; otras han recibido ayudas, y las restantes van perdiendo músculo financiero en la medida en que la economía española sigue sin poder cerrar la herida por la que desde 2008 se desangran. Al hilo de este somero relato, hemos ido conociendo escándalos como el de las preferentes y subordinadas, por no hablar de las ejecuciones hipotecarias, causados por una gestión torticera o simplemente delictuosa, y por la falta de supervisión encomendada al Banco de España. El último destello de tamaño desvarío tiene que ver con las referidas “cláusulas suelo”, que ahora los tribunales se han decidido a anular por considerarlas abusivas.
Las referidas cláusulas no son una mala práctica per se; al contrario, son indicativas de la prudencia en la gestión del negocio bancario, siempre que estén claramente expresadas en los correspondientes contratos, que es lo que, según parece, no ha sucedido con las que los tribunales han tenido a bien tumbar. Lo que sería francamente imprudente es alentar un clima de opinión según el cual terminen pagando justos por pecadores, es decir, entidades que han hecho las cosas bien por aquellas que lo han hecho mal, ello dentro de la pérdida generalizada de confianza en el sistema financiero provocada por aquellos escándalos y que en algunos casos roza la abierta hostilidad. Es el fruto perverso de la incapacidad del regulador para cumplir con su deber, la improvisación de las autoridades económicas, y la pésima gestión, cuando no la abierta sinvergonzonería, de no pocos gestores de entidades.
Ocurre, sin embargo, que si el BBVA puede hacer frente con relativa soltura al previsible menoscabo económico producido en su cuenta de resultados por la supresión de esas cláusulas suelo, porque su beneficio no depende del negocio español, no ocurre lo mismo con otros bancos medianos, incluidos algunas antiguas cajas de postín, a quienes ese palo en las hipotecas a particulares podría poner sencillamente contra las cuerdas. Las noticias que llegan del sector después de haberle inyectado los 40.000 millones del rescate bancario no son precisamente tranquilizadoras. Este diario publicó el pasado martesr que la banca vuelve a acumular 167.300 millones de créditos dudosos, más que en abril del año pasado cuando se produjo el rescate. Resulta inaudito, por eso, observar la ligereza con la que la propia Administración, con Economía a la cabeza, parece empeñada en que “la sentencia del Supremo que declaró nulas esas cláusulas se aplique con celeridad en todo el sector”, empeño en el que el ministerio ha involucrado al Banco de España, y al que se ha sumado con entusiasmo el propio Senado. Y bien, ¿cuánto nos va a costar la broma? ¿Quién pagará esta nueva ronda? Nada que objetar a que los consumidores engañados por la opacidad de tales cláusulas recuperen su dinero. Oposición rotunda, en cambio, a que el dinero público tenga de nuevo que venir a protagonizar un segundo rescate o “rescatito” bancario. Ya está bien de bromas. Ni un duro más para salvar bancos.
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