Desautorizaciones, autodesmentidos, rectificación tras rectificación, atajo tras atajo. Este podría ser, en pocas palabras, un balance certero de la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de la nación. Un cúmulo de despropósitos fruto, en buena parte, de la incompetencia de algunos de sus miembros, además de la incapacidad coordinadora demostrada por el propio presidente y su número dos en el Ejecutivo. Pero también, y lo que es casi más grave, de una fraudulenta concepción de los principios que deben regir la vida política en una democracia.
Los últimos ejemplos que constatan la concienzuda aplicación de una estrategia que se antoja altamente perniciosa para la salud del sistema se acaban de conocer en las últimas horas. La pretensión de llevar adelante una reforma exprés de la Constitución al objeto de suprimir los aforamientos -sin previa negociación con partidos cuyo apoyo es imprescindible para llevarla a cabo-, y la maniobra torticera ideada para salvar un supuesto veto del Senado a los presupuestos de 2019, son dos muestras de la peligrosa osadía que acredita la ambición de Sánchez y confirma su objetivo de mantenerse a cualquier precio en el poder.
La pretensión de modificar una ley orgánica, ni más ni menos que la de Presupuestos, mediante un procedimiento arbitrario y excepcional, para así eludir el control democrático del Senado, choca abiertamente con la jurisprudencia asentada por el Tribunal Constitucional que ya ha fijado en posición en varias ocasiones en el sentido de que las enmiendas, en tanto que iniciativas subordinadas a leyes en tramitación, deben tener una conexión cierta y material con las mismas, guardando una mínima homogeneidad con la regulación que se pretende cambiar.
En lugar de cumplir con su palabra y convocar elecciones, Sánchez parece haber optado por atrincherarse aun a costa de la división de los demócratas
De ahí que uno de los argumentos de peso utilizados por el presidente para justificar lo injustificable, la cantidad de veces que se ha empleado este atajo -14 según sus cuentas-, carezca de la menor consistencia. En primer lugar, porque precisamente ha sido el reiterado uso de ese tramposo vericueto lo que ha servido al TC para elaborar su doctrina; y después, porque la repetición por unos u otros de una mala praxis no convierte a esta en admisible, ni la prodigalidad del procedimiento sirve para camuflar los nocivos efectos de su periódica aplicación.
Y es que Pedro Sánchez, con su obcecación por conservar a toda costa el poder desde la barra de equilibrio sin red de sus 84 diputados; con su política de gestos vacuos y su estrategia disgregadora del constitucionalismo; con su pulsión ordenancista en la que se viene apoyando para gestionar la cosa pública mediante decretos-leyes y la apuesta por hacer descansar el eje de su política en la muleta del populismo de Podemos; con todas esas anomalías, y alguna más, está sometiendo a las instituciones a un estrés intolerable que España, en las actuales circunstancias, no se puede permitir.
En lugar de respetar su propia palabra, convocando elecciones para recuperar la normalidad y dándole a un nuevo gobierno la oportunidad de afrontar con garantías las amenazas que se ciernen sobre nuestra democracia, en especial la del independentismo catalán, el presidente ha optado por atrincherarse haciendo trampas aun a costa de la división de los demócratas y del debilitamiento de un Estado cuyos costurones, de seguir así, no estarán en disposición de soportar por mucho más tiempo a alguien como Sánchez en la Presidencia del Gobierno.
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