Los diputados y el personal de la Asamblea de Madrid y los periodistas e invitados, no podrán tomar café, ni comer, ni cenar en la Cámara en el próximo debate sobre el estado de la región (4 y 5 de septiembre), salvo milagro burocrático.
La empresa que regentaba hasta el pasado día 7 de agosto el restaurante, pertenecientemente a Arturo Fernández, comunicó que abandonaba las instalaciones debido a la crisis que arrastra en los últimos meses. Y cumplió. Ya no se puede comer ni beber en el establecimiento.
La Mesa de la Asamblea, órgano de Gobierno de la Cámara, ha sido convocada para el próximo lunes para decidir qué hacer. Los representantes de todos los grupos deberán votar si emprenden acciones legales contra Arturo Fernández, presidente también de la patronal madrileña CEIM, o si dan por buena la renuncia. No es nada común que este órgano se reúna a mediados de agosto. Algunos han expresado su malestar porque consideran que el problema se conocía y había que haberlo resuelto antes.
En todo caso Arturo Fernández perderá la fianza de unos 8.000 euros depositada en la Asamblea para poder hacerse con el concurso. Si deciden ir a los tribunales parece que no podrán abrir en meses hasta que decida la Justicia. Los juristas de la Cámara tienen que buscar fórmulas para que el bar restaurante pueda abrirse cuanto antes, pero a este Buscón le han dicho que la solución no es fácil.
El grupo más enfadado con Arturo Fernández es el PSOE. El Grupo Parlamentario Socialista presentó un escrito en la Mesa en el que exigen el mantenimiento de los puestos de trabajo de los empleados de la cafetería.
Tomás Gómez, secretario general del PSM, ha tenido varios encontronazos con el presidente de la patronal madrileña. Los socialistas consideran que es un mal ejemplo para la sociedad que el máximo representante de los empresarios deje sin servicio un restaurante y no pague a sus empleados. Arturo Fernández ha dicho en varias ocasiones que pagará a todos los trabajadores.
