Joaquín Yvancos, el que fuera abogado de los Ruiz-Mateos durante cerca de treinta años, corre el peligro de formar parte de la ya larga nómina de ‘notables’ que tiene que entrar en prisión. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Yvancos tras la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia que condenaba al letrado a un año de cárcel.
Los demandantes han pedido a los jueces el ingreso en prisión debido a que tiene antecedentes penales y varias sentencias en firme con condena a cárcel. Los procedimientos se le acumulan. Hace algunos meses el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó su expulsión del Colegio de Abogados de Madrid que extendió a toda España.
Uno de sus testaferros, José Antonio Hurtado, está en prisión.
Algunas de las condenas contra el abogado son una por extorsión al presidente de BBVA, Emilio Ybarra; otra de violencia doméstica tras las acusaciones de su ex mujer, así como otra por delito fiscal. Uno de sus testaferros, José Antonio Hurtado, está en prisión. La UDEF elaboró un informe en el que señala que Yvancos tiene varios procedimientos por presuntos delitos fiscales. También acumula varios procedimientos judiciales más abiertos.
El letrado alegó en su recurso ante el Supremo que en la sentencia de la Audiencia de Valencia, que le condenó a un año de cárcel, se había producido infracción del precepto constitucional de la Ley de Enjuiciamiento, quebrantamiento de forma e infracción de Ley.
Yvancos, con el objetivo de ‘salvar’ para su familia en un concurso de acreedores una vivienda en la finca Los Naranjos, en la localidad de Enova, confeccionó un contrato de uso y disfrute y posesión con fecha del año 1994. En ese contrato, que se ha considerado falso, figuraban como propietarios de la finca la sociedad El Fistro Pecadol SL, representada por Joaquín Yvancos y por otro, como beneficiaria, Mercedes Yvancos, representada por su hermano Joaquín.
En el contrato se estipulaba que Mercedes Yvancos cedía a la sociedad El Fistro Pecadol una residencia de verano de la familia para su uso y disfrute como vivienda de vacaciones y fines de semana con un contrato indefinido. De esa forma pretendía que esa propiedad no fuera incluida en el concurso. Un juzgado mercantil acordó la resolución del contrato al no constar pago de renta y no aportarse los ingresos al procedimiento del concurso.
La Audiencia Provincial de Valencia le condenó como autor de un delito de falsedad a un año de prisión
Por todo, ello, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Joaquín Yvancos como autor de un delito de falsedad a un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio y al pago de un tercio de las costas. Se le absolvió de los delitos de estafa y presentación de documento falso en el juicio. Yvancos recurrió por considerar que se había cometido una infracción del Ley al amparo de la Ley de enjuiciamiento criminal y por infracción constitucional al artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Supremo considera que el documento que aportaron para sacar la finca del concurso de acreedores tiene rasgos inequívocamente sugestivos de su carácter mendaz (mentiroso). Recuerda que en el documento aportado, y así lo decía la sentencia de la Audiencia de Valencia, es “chocante” que el contrato de 1994, del que no existe original, se fije la renta en euros, moneda entonces inexistente. También queda constancia de la falta de pago de la renta y de la fecha del contrato. Por todo ello la sala consideró que ese contrato se hizo “cuando hizo falta” es decir en el año 2012 para presentarlo en el concurso y evitar así perder la finca.
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