La Autoridad de Competencia de Cataluña (ACCO) ha sancionado con fuertes multas al exdirector del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) y a dos empresas, incluidos sus directivos, por repartirse el mercado de las licitaciones públicas para la prestación de los servicios relacionados con la instalación, el mantenimiento y el suministro de piezas de estaciones y radares meteorológicos.
En concreto, ha impuesto una multa de 764.506,5 euros a Adasa Sistemas, SAU, y otros 154.199,13 euros a MCV, SA, así como otros 5.000 euros a Susana de Miguel Llovet y otros 7.000 para Teòfil-Miquel Gibert Bertran, directivos de las empresas. La cuantía personal más elevada ha sido para Oriol Puig i Godes, exdirector del SMC, con 7.800 euros. Para la ACCO se trata de una acción "muy grave" y pese a ello la multa a los altos ejecutivos apenas ronda el 10% de la máxima cuantía incluida en la normativa, que prevé sanciones de hasta 60.000 euros.
Puig i Godes, "impulsor y facilitador"
Según la ACCO, Adasa y MCV se repartían las adjudicaciones de las licitaciones públicas desde 2011 hasta el 2019. El expediente apunta a un "reparto del mercado que se había implementado con el intercambio de información entre ambas empresas a través de los directivos Miguel Llovet y Gibert Bertran.
Las dos empresas pactaban la presentación de ofertas contractuales, de ofertas de cobertura, la rotación de ofertas o la constitución de Uniones Temporales de Empresas (UTES), con el objeto de alterar el resultado de las licitaciones públicas a favor de la empresa ganadora previamente acordada. El expediente concluye que Puig i Godes fue partícipe en esta conducta como "impulsor y facilitador" de la coordinación en la presentación de ofertas de las empresas en las licitaciones convocadas por el organismo.
"La concertación entre operadores económicos en el ámbito de las licitaciones públicas restringe la competencia ya que impide el comportamiento autónomo e independiente de las empresas y reduce la incertidumbre en el comportamiento del resto de licitadores, eliminando los beneficios que aporta la libre concurrencia en los procesos de contratación en detrimento del interés público", afirma la ACCO.
Según los cálculos de Competencia, estos pactos suponen un sobrecoste medio del 30% respecto a los contratos públicos.
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