La paralización de actividades no esenciales decretada anoche por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis del coronavirus no ha sido del agrado del mundo empresarial catalán. Las dos principales patronales de Cataluña, Pimec y Foment del Treball, han coincidido en rechazar la medida, que consideran poco elaborada y producto de la “improvisación”.
De una parte, Pimec, la patronal de la pequeña y la mediana empresa catalana, ha criticado con rotundidad la decisión del Gobierno, que ha juzgado “improvisada, poco responsable y de nula sensibilidad empresarial”. “Con este tipo de medidas, faltas de seguridad jurídica y de nula sensibilidad empresarial, no saldremos bien de esta crisis y condicionaremos de manera preocupante nuestro futuro económico”, ha alertado su presidente Josep González. Y es que, según Pimec, que una norma de obligado cumplimiento no se haya dado a conocer hasta el sábado “demuestra la improvisación e imposibilita la capacidad de reacción y de organización de la empresas".
Asimismo, la patronal se muestra en desacuerdo con que sean los empresarios los que hayan de pagar los salarios de los empleados y no la Administración a través de mecanismos como los ERTE u otros. En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo obligue a las compañías a avanzar el pago de quince días de permiso retribuido recuperable ya que, en su opinión, hubiera sido mejor decretar dos semanas de vacaciones. “Recuperar estas horas será muy complicado para muchas empresas”, ha explicado. Por último, ha advertido de la situación de quiebra en que se hallarán muchas empresas que deban hacerse cargo de los sueldos de los trabajadores a pesar de no facturar. Por este motivo, ha exigido posibles compensaciones para los autónomos y pymes que tengan que avanzar recursos económicos de los que ahora carecen.
Foment del Treball pide que el Estado asuma el 75% del permiso retribuido recuperable
En términos muy parecidos se ha expresado la otra gran patronal catalana, Foment del Treball. El colectivo presidido por Josep Sánchez Llibre ha criticado "la improvisación y precipitación" de una medidas de aplicación inmediata sin proporcionar el margen suficiente a las empresas para organizar y atender todas sus obligaciones con empleados, proveedores y clientes.
Ante este escenario, Foment ha reclamado medidas fiscales que aporten “liquidez” a las empresas y propuesto que el Estado asuma el 75% de los costes laborales del permiso retribuido recuperable durante el periodo en que se limiten las actividades no esenciales —y siempre en el caso de que las compañías carezcan de la liquidez necesaria—.
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