El gran proyecto legislativo del poco activo Govern de la Generalitat en materia de servicios sociales, la Ley Aragonès, ha caído con estruendo en la Comisión de Economía del Parlament de Cataluña. Punto y final, antes incluso de poder ser debatida en el pleno de la cámara. La oposición en bloque ha tumbado la iniciativa legislativa de contratos de servicios a las personas más conocida por el apellido del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), que ha sido su gran valedor. La normativa había despertado recelos y aplausos casi a partes iguales dentro del denominado Tercer Sector, porque entre otras cosas abría la puerta a posibles privatizaciones encubiertas de prestaciones sociales consideradas como básicas.
Al saber que iba a ser rechazada por los diputados de la Comisión de Economía, los dos socios del Govern (Junys per Catalunya y ERC), han intentado en un primer momento retirar el punto del orden del día de la sesión pero ha sido en vano. La oposición, de forma unánime ha forzado que el texto fuera votado por los presentes para que se escenificara gráficamente el portazo a la propuesta legislativa.
La propuesta de norma social llevaba meses cocinándose a fuego lento en la cámara catalana y los republicanos y JuntsxCat habían conseguido que tanto Catalunya en Comú (CeC) como el PSC hubieran aportado sugerencias y matices al guiso a cambio de su voto a favor. Pero el entorno de los comunes, muy infiltrado en la red de organizaciones del Tercer Sector, ha cambiado de un tiempo a esta parte de opinión y ha pasado de la negociación al rechazo total. Por su parte, la CUP ha sido la formación que desde el principio y con más virulencia ha torpedeado la Ley Aragonès.
Cambio de opinión “electoralista” del PSC
Tanto revuelo social ha hecho cambiar de bando también al PSC, que ha sido el último partido en sumarse al bando de los detractores. Hace solo una semana el PSC hizo partícipe de su cambio de postura al Govern pese a que este habían aceptado sus enmiendas. Consumado el giro, los socialistas pasaron a defender que lo que hacía falta era "una ley de concertación social". El PSC ha fundamentado su revés en que la ley estatal española ya regula de forma adecuada la contratación con criterios sociales, mientras que la Ley Aragonès no era más que una maniobra de distracción para favorecer a las cooperativas y al Tercer Sector. Y eso, en contra de la directiva europea que exige la libre concurrencia.
La traición a última hora del PSC ha provocado que JxCAT acuse a los socialistas de actuar movidos por criterios puramente “electoralistas” y no de fondo. Los neoconvergentes han defendido hasta el último suspiro que sin la propuesta normativa del vicepresidente Aragonès la contratación de servicios sociales queda "a la intemperie del liberalismo". Con un argumentario mucho más independentista que técnico, ERC ha lamentado que se haya dejado desperdiciar una gran oportunidad para "ejercer soberanía".
El portazo a la ley ha caído como un jarro de agua fría en la mayor parte del Tercer Sector . La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya ha lamentado que la derrota legislativa va a ser muy aplaudida por “Florentino Pérez”. Es decir, por las empresas con ánimo de lucro interesadas en ofrecer prestaciones sociales. Según la Confederació, el texto rechazado por la oposición imponía el precio como criterio básico para lograr una adjudicación.
La CUP celebra la caída y va a por los presupuestos
Quien sí ha celebrado, y con euforia, la caída de la Ley Aragonès ha sido la CUP que se ha fijado como próximo objetivo tumbar también los presupuestos de la Generalitat, que ya han sido pactados por ERC, JxCat y los comunes. El PP y Ciutadans se han sumado, como no podía ser de otra manera, al veto colectivo a la nonata normativa del vicepresidente, pero sin tanto estruendo. Ambas formaciones PPC y Cs se decantaron inicialmente por votar a favor, pero después se sumaron a la tendencia general y cambiaron radicalmente su sentido de voto alegando que el texto final no incluía ninguna de sus enmiendas.
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