El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha bloqueado durante los próximos tres años la expansión del cultivo de cava en España, una medida que levantado fuertes críticas desde el sector extremeño y del valenciano al entender un trato de favor a los intereses de los productores catalanes que quieren frenar la creciente competencia del cava proveniente de estas regiones.
El antepenúltimo Boletín Oficial del Estado ha sembrado la discordia en el sector del cava, inmerso en la campaña de Navidad. La orden, firmada por la directora general de producciones y mercados agrarios, Esperanza Orellana Moraleda, congela el área cultivable para cava en 2020, 2021 y 2022, y tan solo permite extender el terreno cultivable en 0,1 hectáreas de nueva superficie.
El Ministerio acepta las recomendaciones de los consejos reguladores
"No se concederán solicitudes de autorizaciones de replantaciones de viñedo ni solicitudes de conversión de derechos de replantación (...) por entender que puede suponer un riesgo de devaluación significativa de la Denominación de Origen", afirma el decreto. Esta medida se aplicará también "a las solicitudes de replantación y de conversión de derechos de plantación que se presenten en el plazo de tres años"
El Ministerio de Agricultura se pliega así a la petición del Consejo Regulador del cava,cuyos vocales son todos representantes de bodegas catalanas sobre la superficie de plantación de uva destinada a cava, una medida que fue recurrida por la vía judicial por el Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara.
"Torpedo en la línea de flotación"
El nuevo decreto daña especialmente a Extremadura, cuya superficie de viñedo ha pasado de las 420 a 1.400 hectáreas entre 2015 y 2018. Las ventas en Extremadura en 2017 fueron de 5,5 millones de botellas, mientras que se espera casi triplicar estas cifras en 2020, hasta cerca de 13 millones, una vez entren en producción las plantaciones realizadas entre los años 2015-2018. El crecimiento en los últimos cuatro años ha sido de un 236%, según las cifras a las que ha tenido acceso El Liberal.
"El Ejecutivo se ha plegado a los intereses del Consejo Regulador", según ha denunciado la Unión Extremadura, que aglutina a las cuatro únicas bodegas de cava de Almendralejo (Badajoz). "Es un torpedo en la línea de flotación", han afirmado fuentes de la asociación. "Estamos en contra de la hipocresía", han añadido. En la etapa de Mariano Rajoy, con Isabel García Tejerina como ministra de Agricultura, se aprobó el incremento de 375 hectáreas más de nuevo cultivo, una superficie que era "ridícula" para la capacidad de expansión de Extremadura y Valencia. "Ahora se congela esta superficie", ha criticado.
Para los productores no es factible salir de la Denominación de Origen Cava. "Se ha invertido mucho dinero para publicitar y dar a conocer nuestro producto. Esta opción es inviable", han señalado.
Esta asociación ha exigido al ejecutivo de Fernández Vara mover ficha y defender los intereses de los agricultores de la región y ha lanzado un ultimátum al gobierno regional sobre si defenderá los intereses de los agricultores extremeños o bien "va a seguir con la disciplina de su partido, perjudicando a extremeños, para conseguir apoyos para que Sánchez sea presidente del Gobierno".
Capacidad de crecimiento
"Con esta resolución se condena a zonas productoras con un amplio mercado y con gran crecimiento en los últimos años a no poder expandir el comercio debido a esta prohibición de nuevas plantaciones", han asegurado. Según sus cifras, "desde hace varios años la comercialización de cava catalán está estancada", mientras se ha incrementado en otras regiones de España. De las 38.000 hectáreas de cultivo con denominación de origen más de 30.000 están en Cataluña. Desde el Consejo regulador se defiende la medida por adecuar la oferta a la demanda en linea con las recomendaciones de la Unión Europea.
El Gobierno autonómico de Fernández Vara ha afirmado a El Liberal que está defendiendo los intereses de los productores y "analiza" ahora esta nueva decisión que "no permite crecer" a la región. También ha recordado que interpuso el recurso contra la orden que permite este poder de decisión al Consejo Regulador. "Tenemos capacidad de crecimiento" y la medida va en contra, han afirmado fuentes de la Consejería de Agricultura a este diario.
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