Calidad de la democracia en Cataluña

¿Es España una democracia? Evidentemente, sí. ¿Hay en Cataluña un Estado de derecho? Evidentemente, no. A pesar de ello, Cataluña es parte de España, y el Estado de derecho es parte de la democracia.

Entonces, obviamente, tenemos una contradicción: la democracia española descuida la vigencia del Estado de derecho en una de sus regiones. La no vigencia de la legalidad española en una parte (y, si se quiere añadir, en una parte muy significativa) del territorio de España es una cuestión de derecho interno español padecida por 7,6 millones de ciudadanos catalanes. Evidentemente, la no vigencia de la ley carcome a todo Estado de derecho, en Cataluña y en España entera. De ahí la crisis de la democracia española.

Sobre el caso particular de Cataluña, en otros artículos publicados en este precioso El Liberal analizamos la calidad del gobierno regional, el infierno fiscal catalán, la pasión reglamentaria y otros aspectos del régimen separatista catalán. Ahora sintetizaremos varios aspectos de la conculcación de la legalidad, de la no vigencia del Estado de derecho (español ¡por supuesto!) bajo el régimen separatista desarrollado en Cataluña desde 1980.

No libertad ideológica

• Imposición del dogma, credo, liturgia y poder separatistas por las administraciones, corporaciones y asociaciones.
• Sustitución de los símbolos comunes por las banderas independentistas.
• Adscripción de las administraciones al proceso secesionista.
• Actuaciones partidistas de corporaciones y asociaciones.
• Coacción sobre quienes se manifiestan como no nacionalistas.

No derecho a la educación

• Adoctrinamiento nacionalista en la escuela.
• Adoctrinamiento nacionalista en los libros de texto.
• Campaña de nacionalización del entorno escolar.
• La nacionalización de las conciencias infantiles en las actividades académicas, culturales y lúdicas.
• Inmersión lingüística y acoso al disidente.

No derecho a unas elecciones libres e imparciales

• Conculcación de los principios de imparcialidad, libertad e igualdad.
• La colaboración de las Administraciones Públicas catalanas en la exhibición de banderas independentistas en los edificios oficiales y en los espacios públicos durante los procesos electorales.

No neutralidad de la administración de la Generalitat

• Ausencia de pluralismo en los medios públicos.
• Administraciones que actúan al margen de la ley y de los tribunales.
• Creación de las estructuras de Estado.
• Preparación de dos referéndums de autodeterminación.

No derecho a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica

• Inaplicación general y total de sentencias contra las prácticas separatistas.
• No protección de la intimidad y discriminación por razón ideológica.
• Elaboración de bases de datos al margen de la legalidad: censo para el referéndum y censo para la Administración tributaria catalana.
• Listas de afectos y desafectos.
• No tutela de los derechos fundamentales ni por la justicia ni por el Síndic de Greuges.

 
En la siguiente sintetizamos el impacto gradual del desafío separatista en el deterioro de la calidad de la democracia en Cataluña.

Conclusiones

• Siendo España una democracia plena, la no vigencia del Estado de derecho en Cataluña supone una merma importantísima para las capacidades del país.
• Visto que la ley electoral eterniza el bloqueo de la situación de rebelión del gobierno de la Generalitat, el Estado español deberá asumir el desbloqueo de la situación catalana y el fin de las rebelión de los separatistas, a riesgo si no lo hace de sufrir la desintegración de España.
• Posponer la resolución del desafío de los separatistas al Estado de derecho español lesiona gravemente los derechos de los catalanes e incrementa el precio político y social que pagará la democracia española.
• Acaso los catalanes tengan derecho a que el Estado español les libere de la larga confrontación que padecen y que les asegure la vigencia del Estado de derecho, sus libertades y su progreso. Los catalanes confiarán en el Estado si éste les libera del actual yugo nacionalista.

Impacto del desafío separatista en la calidad de la democracia en Cataluña

 

• Estado de derecho