En plenas negociaciones por la investidura de Pedro Sánchez, PSC, ERC y los 'Comuns' de Ada Colau utilizan el Ayuntamiento de Barcelona como banco de pruebas ante la posibilidad de formar un tripartito en el Gobierno de la Generalitat e incluso en el gobierno municipal, objetivo que busca Colau desde el inicio de la legislatura, con la oposición del PSC.
Los tres grupos municipales han aparcado el debate de los Presupuestos del último pleno del año hasta conocer la posición definitiva de ERC sobre la investidura, un tiempo reclamado por los de Oriol Junqueras de cara al Congreso Nacional que se celebrará este sábado. En las últimas semanas, el PSOE y ERC han acercado sus posturas, pero oficialmente el "no" a la investidura continúa vigente por parte de la formación separatista.
Mientras estas conversaciones prosiguen, este trío ha acordado aprobar una nueva subida de impuestos y tasas municipales, en línea con las subidas de impuestos que pretenden ratificar ERC y Catalunya en Comú en los Presupuestos de la Generalitat, un acuerdo que ha hecho prescindible el voto de la CUP, la extrema izquierda independentista.
El "hachazo" de Colau
En Barcelona, los partidos independentistas, incluyendo a JxCat, han pactado con el tándem Colau y Collboni un incremento de tasas e impuestos, con el resto de grupos de la oposición -PP, Ciudadanos y BCN pel Canvi- en contra.
Las cuatro formaciones darán el sí al incremento de las tasas de la grúa, el impuesto a los vehículos y licencias para la construcción, así como un disparado incremento a las tasas por las terrazas de bares y restaurantes, sin consenso y en contra del sector de la restauración, así como el IBI, cuyas reducciones y bonificaciones se han suprimido. También ha aumentado la tasa de residuos. Todo ello con la previsión de ingresar cerca de 127 millones de euros adicionales, casi el mismo montante que tuvo que recortar en el último año de la pasada legislatura.
"Barcelona es la ciudad que soporta mayor presión fiscal"
Ante este acuerdo, el resto de grupos de la oposición se han mostrado muy críticos con estas medidas que van en contra del "progreso" económico y "no se adaptan a las necesidades de los vecinos". "Barcelona ya es la ciudad que soporta mayor presión fiscal" y aún no se ha aplicado la subida, ha asegurado Oscar Ramírez, concejal del PP, a preguntas de El Liberal.
"Nos tienen acostumbrados, tanto los gobiernos anteriores como la reedición del tripartito, a estas subidas impositivas. Nos están friendo a impuestos", ha aseverado. "Es un hachazo fiscal", ha criticado, incidiendo en los efectos negativos sobre las familias con rentas bajas y medias. Ante una situación de desaceleración económica mundial, ha apuntado a la necesidad de rebajar los tipos impositivos, reducir burocracia, administración y por tanto el gasto.
Ciudadanos y Valls cargan contra las subidas
Mariluz Guilarte, presidenta de Ciudadanos en Barcelona, ha cargado contra la subida de tasas de Colau al ser los barceloneses los que más impuestos pagan en España. "La nueva tasa a las terrazas pone en riesgo puestos de trabajo", ha señalado, mientras ha cargado contra la subida del transporte público.
Barcelona pel Canvi ha reclamado "responsabilidad" al equipo de gobierno de Colau y Collboni para dar marcha atrás a estas subidas, que ha definido como "regresivas". La concejal de esta formación, Eva Parera, ha considerado que afectará más a quienes tienen una menor renta.
Parera ha cargado también contra el nuevo recargo a los pisos vacíos y ha recordado que el Ayuntamiento no tiene competencia para esta medida por una sentencia del Tribunal Supremo. "No entendemos cómo se puede incluir esta tasa", ha afirmado. Respecto al incremento de las tasas a las terrazas, ha censurado que la medida se haya llevado a cabo sin consenso con los agentes afectados, mientras ha considerado "desproporcionado" que se pague más en el recibo del agua en función del consumo de agua, una nueva medida que afecta a las familias, como las nuevas e impopulares tarjetas de transporte público.
Según la concejal, las medidas se han propuesto sin haber sido estudiadas y trabajadas en profundidad, motivo por el que recuerda que tanto Madrid como Hospitalet están aprovechando esta negligente gestión municipal para atraer empresas.
La ZBE, a partir de enero de 2020
Por otro lado, ambas formaciones han criticado las formas de Colau y Collboni para dar luz verde a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que afecta a una superficie de 95 kilómetros cuadrados, casi toda Barcelona y otros cinco municipios.
Según Parera y Ramírez, Colau no ha consensuado la medida con los municipios afectados. "Se tendría que haber aprobado primero en estos Ayuntamientos y después en Barcelona", ha considerado Ramírez. En el mismo sentido se ha mostrado Parera. "La abstención es un gesto de responsabilidad en la lucha contra la contaminación", ha indicado tras denunciar la chapuza realizada en el texto, al que se han presentado decenas de alegaciones. "Han escogido el camino fácil y no el del consenso", ha apostillado la concejal.
"No se han tomado las medidas de forma progresiva", ha denunciado Ramírez, que ha considerado deficitaria la red de transporte público para abarcar toda la oferta una vez se impida circular a los vehículos más contaminantes. "No se ha actuado en el transporte interurbano", ha indicado, mientras ha criticado que el 40% de las motos que circulan actualmente por Barcelona dejarían de hacerlo a partir de enero, mientras sí podrá circular un vehículo de alta gama y contaminante.
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