La Oficina de Derechos Civiles y Políticos de Cataluña, dependiente de la Vicepresidencia de la Generalitat (en manos de Pere Aragonés, de ERC) ha emitido un informe en el que se exige, en nombre del Govern, la puesta en libertad de los siete integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos desde finales del pasado mes de septiembre por presuntos delitos de terrorismo. El documento lo firma el director de la oficina, el ex cupaire Adam Majó, cuyo fichaje anunció el Govern en 2018 y que cuesta a las arcas públicas catalanas casi 86.000 euros brutos anuales.
En su informe, Majó asegura que los derechos de los CDR detenidos han sido supuestamente vulnerados por lo que, además de pedir su “libertad inmediata”, reclama que se restablezca su “derecho al honor y a la propia imagen”. Majó va más allá al exigir que se respeten los derechos “civiles y políticos” de estos siete radicales que, según los informes policiales, en el momento de sus detenciones podrían estar preparando algún tipo de acción terrorista en respuesta a la sentencia del 1-O.
Manipulaciones policíacas
Majó también denuncia supuestas “manipulaciones policíacas, políticas y mediáticas” en contra del movimiento independentista. Y exige en el informe la “no criminalización” del independentismo, que afirma que está “construido con ideales de lucha no violenta”. Por ello, el ex cupaire reclama que se garanticen los “derechos de expresión y de manifestación pacífica, así como el resto de derechos civiles y políticos”. Todo ello a pesar de que entidades como Amnistía Internacional o tribunales como el de Schleswig-Holstein han negado taxativamente que el independentismo catalán sea perseguido por España.
Majó realiza una serie de consideraciones en su informe que chocan frontalmente con la postura de la Generalitat en lo que a los CDR se refiere. No se puede obviar que la familia del presidente Quim Torra pertenece a estos grupos o que él mismo les animó a actuar contra la sentencia del 1-O con su ya famoso “¡apreteu!” (“¡apretad!”). En este punto, sin embargo, Majó dice que el Govern “siempre ha condenado la violencia venga de donde venga” y añade que “el delito de terrorismo no se puede instrumentalizar con finalidades políticas para criminalizar el derecho de protesta y el ejercicio legítimo de la disidencia política”.
Brigadas paramilitares
Adam Majó ya ha firmado otros polémicos informes. En enero de este año emitió uno en el que calificaba de “paramilitares” a los grupos de ciudadanos que se encargaban de retirar los lazos amarillos con los que los independentistas llenaban las calles y plazas y catalanas. En este documento, incluso, acusaba a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de actuar “en connivencia” con estos supuestos paramilitares. En su opinión, retirar los lazos amarillos de los espacios públicos era “un ataque contra los derechos civiles y políticos” de los independentistas.
El ex cupaire, sin embargo, nunca se ha pronunciado sobre los numerosos ataques protagonizados por radicales independentistas contra quienes defienden a España y a la Constitución en Cataluña. Tampoco consta que haya emitido ningún informe sobre la misma cuestión.
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