El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, se reunirá el próximo lunes con 40 familias del instituto El Morell de Tarragona cuyos hijos fueron obligados por el centro a participar en una encuesta en la que se les preguntaba por su inclinación ideológica con respecto al independentismo. Los hechos fueron denunciados por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) el pasado mes de noviembre y, hasta el momento, la respuesta de la Consejería de Educación, dirigida por el republicano Josep Bargalló, ha sido únicamente la de suspender la encuesta.
Las familias de los alumnos afectados solicitaron el encuentro con el Defensor del Pueblo también en noviembre con el objetivo de exponerle su preocupación por lo sucedido y ante la "falta de confianza" en la Consejería de Educación y el Síndic de Greuges. Tanto es así, que, entre otras cuestiones, mostraron en su escrito su temor a que la reunión con Fernández Marugán pueda "repercutir negativamente" en sus hijos y en el resto de alumnos del centro.
Además de la polémica encuesta, las familias afectadas explicaron al Defensor del Pueblo en funciones que, en el mes de octubre y tras conocerse la sentencia por el referéndum ilegal del 1-O, la dirección de El Morell permitió que un grupo de alumnos "entrara al centro con banderas esteladas". Además, les facilitaron la lectura de un manifiesto "en contra de la sentencia y de las instituciones democráticas" españolas a través de la megafonía general del centro. "Ningún alumno pudo escaparse de escuchar los alegatos independentistas de los convocantes", explicaron las familias.
Encuestas autorizadas
Debido a estos hechos, las familias afectadas, asesoradas por la AEB, pedirán al Defensor del Pueblo que interceda para que las autoridades educativas catalanas "abran una investigación" que permita "depurar responsabilidades". Quieren también que estas mismas autoridades establezcan como norma la "autorización previa" de las familias cuando los alumnos tengan que responder a una encuesta.
Las familias afectadas, por otro lado, pedirán al Defensor del Pueblo que exija al instituto El Morell "neutralidad", evitando que "la ideología particular de los docentes se proyecte en los alumnos". Y le solicitarán también que reclame a estos docentes y a sus responsables de la Consejería de Educación "cesar en su comportamiento proselitista". Un comportamiento que consideran "discriminatorio por razón de ideología y vulnerador de los derechos elementales más básicos de los alumnos".
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