Un sospechoso informe reservado es el clavo ardiendo al que se agarra el jefe de la Guardia Urbana de Molins de Rei, Jordi Molina Bejarano, para justificar el hostigamiento y persecución a dos agentes del cuerpo que están a su cargo por el mero hecho de que son “constitucionalistas”, como él mismo reconoce en su escrito, y de esta forma suspender a ambos de empleo y sueldo. El informe, como ha comprobado El Liberal, es una sucesión de pantallazos de páginas de Facebook pertenecientes a una serie de vecinos que simpatizan con el independentismo (y que en algún momento requirieron servicios del cuerpo o estuvieron relacionados con operativos policiales) realizados por el jefe de la policía desde su propio perfil en esta red social.
Molins de Rei es un municipio de clara mayoría separatista. Y se da la circunstancia de que el alto mando de la policía de Molins de Rei es el mismo que fue denunciado por el sindicato CSIF por utilizar la base de datos que comparten las policías locales de Cataluña y los Mossos d'Esquadra (conocida como NIP) para vender coches de segunda mano por Wallapop. Al menos uno de los agentes acosados, según ha podido saber El Liberal, ha iniciado diversos procedimientos judiciales y denuncias administrativas (el principal instruido por el juzgado de Instrucción número 7 de Sant Feliu de Llobregat) por la persecución ideológica a la que ambos siguen siendo sometidos.
Como en una película barata de espías, el jefe de la Guardia Urbana de Molins de Rei presuntamente aprovechó que se encontraba de baja a finales del año 2018 para encerrarse en su despacho y elaborar un kafkiano informe -algo que legalmente no puede hacer- en el que destapaba una red de espionaje a presuntos militantes de la CUP en el municipio. Hay que tener en cuenta que en ese momento, la formación independentista radical formaba parte del equipo de gobierno local de Molins de Rei.
Inscritos a una asociación que respeta la Constitución Española
Los acusados de estar detrás de esta oscura trama son dos agentes que levantan sospechas porque están inscritos a una entidad que tiene como finalidad “respetar la Constitución Española y la Normativa vigente”, como se recoge textualmente en el informe confidencial elaborado por Molina y al que ha tenido acceso El Liberal. El segundo argumento para abrirles el expediente es que formaron parte del sindicato que presentó la denuncia del caso Wallapop.
Este informe confidencial debería ser nulo de inicio. Según las fuentes consultadas, carece de validez jurídica porque Molina Bejarano no estaba desempeñando sus funciones en el momento en el que lo redactó (estaba de baja laboral). Además, estando de baja tampoco podía solicitar a los Mossos d’Esquadra que le elaboraran y entregaran una auditoria de todas las consultas en la base de datos policial NIP realizadas por ambos agentes estando de servicio.
La investigación en el NIP se retrotrae, a petición de Molina, curiosamente hasta el ínclito 1-0 de 2017. Huelga decir que los guardias desempeñaban esta tarea rutinaria de comprobar identidades y consultar en la base los datos de cualquier persona incluida en una actuación policial, y por la que son investigados, a raíz de que el mismo jefe de la policía que los ha expedientado lo ordenó mediante una instrucción de servicio.
El instructor es el mismo que condenó al jefe de policía de Capellades
Al serles notificada la suspensión de seis meses de empleo y sueldo, uno de los agentes recurrió la sanción y solicitó su suspensión cautelar en varios escritos registrados en el Ayuntamiento de Molins de Rei. El recurso del guardia fue rechazado por el instructor del caso quien, curiosamente, es Xavier Martí Meix, el mismo que dictó la resolución que condenó al jefe de la policía de Capellades, Miguel Hernández a una incomprensible suspensión de un año y medio de empleo y sueldo.
Hernández, constitucionalista reconocido, fue expedientado por negarse a retirar una multa de tráfico a una concejal de la CUP en Capellades que sufrió un accidente de circulación en el municipio en 2015 conduciendo con un alto índice de alcoholemia. El instructor Martí todavía no ha resuelto sobre el caso del agente de Molins de Rei, pese a que lleva tiempo con el informe confidencial en su poder. Mientras, uno de los agentes ha presentado una demanda en la sala de lo contencioso-administrativo contra la suspensión de seis meses.
Llama la atención del informe confidencial del jefe de la Guardia Urbana de Molins de Rei el detalle de que uno de los separatistas presuntamente espiados por los agentes es, según asegura el propio Molina en su documento, un miembro de la CUP que se saltó un control de alcoholemia y fue interceptado por la Guardia Urbana de Molins de Rei.
Consulta de operativos policiales con diligencias penales
Según los recursos presentados por el agente, todas las consultas de datos sospechosas de espionaje estuvieron relacionadas con operativos policiales que acabaron incluso con diligencias penales. En la denuncia se documentas que el hecho de que una de las personas sobre las que el agente recabó información fuera militante de la CUP de Molins de Rei fue del todo circunstancial y está justificado, al igual que el resto de consultas al NIP.
En el caso concreto de la cupaire citada en el informe confidencial, el agente asegura que accedió al NIP "por imperativo de su superior jerárquico para cumplimentar la preceptiva ficha de intervención policial". El motivo es que la ciudadana llamó a la comisaría para alertar de que había un coche mal estacionado que estaba causando molestias.
Con el expediente disciplinario, el jefe de la Guardia Urbana de Molins de Rei, que está investigado por desobediencia en relación con el referéndum ilegal del 1-0 por el Juzgado de Instrucción número 7 de Sant Feliu, ha puesto a los dos agentes constitucionalistas en la diana de los radicales separatistas. Prueba de ello es que la web local de la CUP informó de que los dos agentes habían sido expedientados y suspendidos de empleo y sueldo antes de que los interesados conocieran oficialmente la sanción. Esta filtración ha sido denunciado a la Agencia de Protección de Datos de Cataluña (APDCat) por uno de los agentes perseguidos después de que el ayuntamiento local se desentendiera de la misma.
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