La exconsellera de Trabajo Dolors Bassa podrá salir cinco días a la semana de la cárcel Puig de les Basses (Girona) donde cumple condena por el procés, después de que el centro le haya autorizado trabajar fuera del recinto, condición para disfrutar de los permisos del artículo 100.2 en el estado de alarma.
Según ha informado el Departamento de Justicia, hasta ahora Bassa tenía autorizado salir tres días a la semana, ocho horas la jornada, para cuidar de su madre anciana, en virtud del artículo 100.2, cuya aplicación está avalada por el juzgado de vigilancia penitenciaria.
No obstante, las salidas de la consellera quedaron suspendidas a raíz del estado de alarma, sin que haya podido reanudarlas -como sí han hecho el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn- porque para ello el Departamento de Justicia exige disponer de empleo en el exterior y que el centro de trabajo permanezca abierto pese al confinamiento.
Aval del juzgado de vigilancia penitenciaria
La junta de tratamiento de esta cárcel, situada en el municipio de Figueres, ha acordado modificar ahora las condiciones del 100.2 de Bassa y le ha autorizado salir cinco días a la semana, de lunes a viernes, con una jornada laboral de seis horas, para desempeñar un trabajo en una entidad que presta servicios considerados esenciales.
Este régimen flexible aplicado a Bassa deberá ser avalado de nuevo por el juzgado de vigilancia penitenciaria, aunque es de aplicación inmediata.
Coincidiendo con la relajación de las restricciones a la movilidad decretadas en el estado de alarma, el Departamento de Justicia abrió la semana pasada la puerta a permitir salidas laborales de los presos sujetos al 100.2, pero para ello deben acreditar que los centros donde están empleados han reanudado su actividad.
Coronavirus en recintos penitenciarios
Una vez regresen a la cárcel a pasar la noche, los reclusos que salgan a trabajar no podrán compartir espacio ni estar en contacto con otros presos que no hayan disfrutado de permisos, con lo que el Departamento de Justicia pretende evitar la propagación del coronavirus dentro de los recintos penitenciarios.
La medida no afecta a los presos a los que se les autorizaron salidas por el 100.2 para cuidar de familiares o llevar a cabo tareas de voluntariado, como es el caso -hasta ahora- de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell o el expresidente de la ANC Jordi Sànchez.
Los líderes independentistas presos vieron suspendidas sus salidas por el 100.2 cuando se extremaron las limitaciones a la movilidad por la evolución de la pandemia.
El Departamento de Justicia ordenó entonces a las juntas de tratamiento que estudiaran resquicios legales para permitir que cumplieran el confinamiento en sus domicilios a los reclusos sujetos al 100.2, pero, después de que el Supremo advirtiera de que ello podría constituir un delito de prevaricación, las cárceles solo se lo concedieron a un quincena de internos, ninguno de ellos los líderes del procés.
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