Un micrófono abierto por error ha dejado en evidencia, una vez más, que las relaciones entre JxCat y ERC, los partidos que gobiernan en Cataluña, no atraviesan su mejor momento. En esta ocasión, el motivo del roce es la donación de un remanente del Parlament de unos 2 millones de euros a la sanidad pública catalana para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Y, más en concreto, la posibilidad de que esa donación fuera rentabilizada por ERC vía fotografía.
La historia en sí va más allá de la mera anécdota. El vicepresidente del Parlament, el posconvergente Josep Costa, se ha dejado el micrófono abierto durante la reunión telemática de los miembros de la Mesa de la cámara celebrada este martes. Paralelamente, ha desactivado el sonido del resto de participantes y ha llamado por teléfono al vicepresidente segundo de la institución, Joan García, de Ciudadanos. El objetivo de la llamada no era otro que convencer a García de que había que evitar que el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), presente en la reunión y escuchando la charla, se hiciera la fotografía entregando el cheque de la donación al también republicano y consejero de Economía, Pere Aragonés.
La cosa no pasaría de la guasa si no fuera porque refleja la mala relación que existe ahora mismo entre posconvergentes y republicanos, a pesar de ser las formaciones que gobiernan en Cataluña y que están teniendo que hacer frente a la gravísima crisis del COVID-19. ERC tiene en sus manos la gestión de las carteras más afectadas por la pandemia: Salud, Asuntos Sociales-Trabajo y Economía. Y el resto de consejeros de JxCat, con Quim Torra a la cabeza, parecen no tener nada que ver en el trabajo que están desarrollando Alba Vergés, Chakir El Homrani y Pere Aragonés. Un trabajo duramente cuestionado porque, hasta ahora, los resultados del mismo no han sido precisamente positivos.
Que JxCat intente evitar que Torrent y Aragonés se hagan la fotografía de la donación del Parlament no puede ser visto más que como una muestra clara de la ruptura total entre ambos partidos, con las consecuencias que ello tiene para el gobierno de Cataluña. A esto se suma el resentimiento de los posconrvegentes hacia un Torrent que no dudó en ejecutar la inhabilitación de Quim Torra ordenada por el Tribunal Supremo cuando aún no se ha decidido la sentencia en firme. Una orden que llevó a Torra a anunciar en enero que daba por agotada la legislatura y que convocaría elecciones cuando se aprobararan los presupuestos. Las cuentas recibieron el visto bueno el pasado viernes y la convocatoria electoral se producirá seguramente cuando la pandamia del coronavirus permita a los catalanes retornar a la normalidad.
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