La ex consejera Clara Ponsatí, fugada de la Justicia española por su implicación en el referéndum ilegal del 1-O, está recaudando fondos a través de una plataforma de internet para poder pagar los servicios de sus abogados, liderados por Aamer Anwar, y hacer frente a la euroorden que pesa contra ella. Ponsatí necesita 240.000 euros, de los cuales ya lleva recaudados algo más de 190.000 bajo el argumento de haber sido acusada en España de "un crimen arcaico", en referencia al delito de sedición, y lamentando que por su participación en la consulta ilegal independentista puede ser condenada a hasta 15 años de prisión.
"Estoy acusada de un crimen arcaico de sedición por parte del Estado español", asegura Ponsatí en la web de recaudación de fondos, "este crimen no existe en la ley escocesa, pero, si me extraditan, me enfrento a hasta 15 años de prisión". En el mismo texto, la ex titular de Educación catalana recuerda que su equipo de abogados pretende citar a declarar ante la corte escocesa a un grupo de políticos españoles entre los que se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su antecesor en el cargo, Mariano Rajoy. La defensa de Ponsatí pretende citar también a otros expertos "para que hablen de las mentiras y la propaganda" de España.
Eurodiputada en febrero
La ex consejera acusa a España de "violar los derechos humanos más básicos" y de "gastar millones de euros en perseguir a los catalanes" por "atreverse a ejercer el derecho a la autodeterminación". Asegura Ponsatí en el mismo escrito que España "ha sido humillada" por la UE al permitir que Puigdemont y Comín puedan ejercer, de momento, como eurodiputados. ""Es probable que sea eurodiputada", añade, "pero España hará todo lo posible para quitarme la inmunidad legal que me corresponde".
Da la casualidad de que la ex consejera ha logrado, paralelamente, convertirse en eurodiputada, gracias al brexit. La salida del Reino Unido de la UE ha dejado cinco escaños libres en el Parlamento europeo para España y uno de ellos será ocupado por Ponsatí, a quien la Junta Electoral Central (JEC) proclamó ayer eurodiputada. Un cargo que debería jurar o acatar en el Congreso el próximo martes, si estuviera en España. Es evidente que no lo hará y que accederá a la Eurocámara, a partir del 1 de febrero, del mismo modo en el que lo han hecho los también fugados Carles Puigdemont y Toni Comín. Es de prever que la Justicia española, igual que ha hecho en los casos de Puigdemont y Comín, presente entonces un suplicatorio para lograr juzgar a la ex consejera.
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