El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado supuestas "presiones" contra el máximo responsable del Parlament, Roger Torrent, relacionadas, al parecer, con el intento de que se ejecute de una vez por todas la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitarle. Estas presuntas presiones, según un comunicado emitido por Torra, se están dirigiendo también contra quienes "defienden la soberanía del Parlament". "Están llegando a límites insostenibles e incompatibles con el ordenamiento jurídico en general y, específicamente, con el Código Penal", se afirma en la misma nota.
Torra recuerda en su escrito que quien, sin estar autorizado legítimamente, obligue a otro a realizar lo que no quiere, sea justo o injusto, "estará incurriendo en un presunto delito de coacciones". Ante esta posibilidad, el presidente advierte de que no renunciarán a "ejercer las acciones legales pertinentes, también de carácter penal".
El aún presidente recuerda que solo el Parlament puede revocar su condición de diputado y, además, únicamente en caso de que exista una sentencia firme. Y vuelve a referirse a la JEC como "un órgano administrativo incompetente" para dictar su inhabilitación. Todo ello a pesar de que esta fue la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a Torra por desobediencia a la Junta Electoral de Barcelona. A ello se suma que el mismo Tribunal Supremo ha rechazado las medidas cautelares de suspensión de la inhabilitación solicitadas por Torra y que la JEC, en base a esa decisión, ha dado un plazo de 48 horas para que el todavía presidente abandone su escaño de diputado en la cámara autonómica.
Usurpación de funciones
En su comunicado, Torra califica la orden de la JEC de "anomalía democrática" y asegura que "genera un conflicto institucional que excede el ámbito del propio Parlament". Torra también rechaza que esté cometiendo un presunto delito de usurpación de funciones públicas, tal y como asegura el PP. Y es que los populares anunciaron ayer que, de no cumplirse la orden de la JEC refrendada por el Tribunal Supremo, acusarán tanto a Torra como al presidente del Parlament y al Gobierno central de este delito. Algo que, según el presidente catalán, "demuestra una ignorancia profunda del derecho penal". Y va más allá al asegurar que, si el PP mantiene esta postura, ejercerá "las acciones legales oportunas" por considerar que está siendo víctima de un delito de "calumnias o injurias".
