La Universidad de Lleida ha confirmado, en respuesta a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que sigue realizando encuestas en las que pregunta a menores de entre 13 y 15 años sobre su grado de simpatía con el independentismo en centros escolares catalanes. Según el escrito remitido por la institución universitaria a la AEB, las encuestas se han realizado, hasta el momento, en 10 centros escolares. La Consejería de Educación, dirigida por el republicano Josep Bargalló, aseguró el pasado mes de noviembre, cuando estalló el escándalo, que había ordenado la paralización de estos sondeos. Algo que ahora desmiente la Universidad de Lleida con su escrito.
La encuesta se lleva a cabo dentro de un estudio dirigido por los doctores de la Universidad de Lleida Cecilio Lapresta y Ángel Huguet. El estudio tiene por título Aculturación y aculturación lingüística de los descendientes de migrados. Retos y potencialidades para el aprendizaje lingüístico y la inclusión lingüística y socioeducativa. Fueron los padres de unos 40 alumnos del instituto tarraconense de El Morell los que denunciaron que sus hijos habían sido obligados a responder a la misma. Una respuesta en la que, además, tenían que dar a conocer sus datos personales.
"No es normal"
La presidenta de la AEB, Ana Losada, ha criticado duramente el hecho de que se sigan realizando las encuestas a pesar de las denuncias tanto de los padres como de esta entidad que lucha contra el adoctrinamiento en las aulas catalanas. Losada se ha mostrado "sorprendida" por la respuesta de la Universidad de Lleida. Pero también ha subrayado que la última responsabilidad está en manos de la Consejería de Educación, que es "la que gestiona los trabajos de la encuesta". En su opinión, "no es normal" que dos meses después de presentar la denuncia, Educación "no haya abierto aún una investigación para dónde se ha efectuado ya el estudio, parar próximas encuestas y dirimir responsabilidades". Y es que, ha recordado Losada, la realización de esta encuesta política entre alumnos menores de edad, "vulnera los derechos de los niños y supone una grave infracción a la Ley de Protección de Datos".
Lo cierto es que, cuando las familias denunciaron los hechos el pasado mes de noviembre, la Consejería de Educación ordenó rápidamente la suspensión de la encuesta. Sin embargo, la Universidad de Lleida desmiente ahora esta paralización al admitir que no puede informar a la AEB sobre "los centros concretos en los que los investigadores pueden continuar realizando las encuestas porque esta información se encuentra en estos momentos en curso de elaboración definitiva". Hasta el momento, el sondeo se ha llevado a cabo en institutos de Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Sant Sadurní de Noia, Esparraguera, Girona, Vilanova i la Geltrú, Balaguer y El Morell.
Reunión con el Defensor del Pueblo
Los padres de El Morell, a través de la AEB, han denunciado los hechos ante la Consejería de Educación, el Ministerio de Educación y el Defensor del Pueblo. Con el representante de esta última institución, Francisco Fernández Marugán, se reunieron ayer lunes, en un encuentro en el que le trasladaron su preocupación por los hechos. Además, le solicitaron que interceda ante las autoridades educativas del instituto para conseguir que cesen en su actitud de politizar las aulas. También le pidieron que medie ante la Consejería de Educación para que estas situaciones no vuelvan a producirse en los centros escolares de Cataluña. El Defensor del Pueblo estudiará en las próximas semanas la denuncia de las familias y la documentación aportada, según informaron ayer fuentes de la institución a El Liberal.
El Ministerio de Educación, por su parte, anunció, a través de la Alta Inspección, que investigaría lo sucedido tras solicitar la documentación pertinente a la Consejería de Educación. La encuesta, además, cuenta con una ayuda económica del Ministerio de Economía, institución ante la que la AEB también ha denunciado los hechos. En concreto, el estudio promovido por la Universidad de Lleida cuenta con una subvención de 54.450 euros del Gobierno central, dentro del programa de ayudas a proyectos de I+D+I en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. La subvención estatal fue otorgada a finales de 2017, siendo ministro de Economía, Industria y Competitividad Luis de Guindos, del PP. Es más, la ayuda fue aprobada en plena aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución.
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